La defensa de Patricio Maturana pedía aplicar la ley Naín-Retamal, asegurando que había actuado en defensa propia cuando con una bomba lacrimógena hirió a la ahora senadora de la República, mutilando su rostro y dejándola ciega.

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Esta vez, lo que exigen los estudiantes es que se derogue dicha norma, promulgada la semana pasada por el presidente Gabriel Boric, la cual califican de represiva.

Cerca de 300 jóvenes se reunieron en el sector de plaza Los Héroes y buscan desplazarse hacia La Moneda para expresar su molestia respecto del nuevo cuerpo legal.

Los manifestantes interrumpen el tránsito de la Alameda, por lo que personal de Carabineros trabaja para mantener el orden público utilizando un carro lanza agua.

En medio de sus labores, un carro de lanza gases de Control de Orden Público colisionó con un bus del sistema RED, lo que no pasó a mayores, ya que fue un impacto leve.

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Al respecto, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos se mostró crítico frente al proyecto, catalogándolo como un retroceso frente a ley Naín-Retamal.

Fue el diputado de Renovación Nacional, RN, Andrés Longton, quien aseguró que la iniciativa convierte a la llamada ley “gatillo fácil”, en una ley “gatillo imposible”.

“Las policías y Fuerzas Armadas van a tener un chaleco de fuerza, amarrados de pies y brazos. Con esta ley, en vez de chalecos antibalas, van a tener que comprarles chalecos para estar inmovilizados”, aseguró Andrés Longton.

Otro de los diputados de Chile Vamos que se refirió al respecto, fue Jorge Alessandri, representante de la Unión Demócrata Independiente, UDI. El congresista expresó que el RUF no está pensado para la realidad actual del país.

“¿Son estas las RUF para el momento actual, donde mueren tres carabineros en 23 días, para enfrentar a las maras, para enfrentar al crimen organizado?, ¿O sólo dejan contentos al Frente Amplio y al Partido Comunistas?”, aseguró Jorge Alessandri.

Por su parte, el diputado de Evolución Política, Evópoli, se refirió a cómo se dejan desprotegidas las dependencias de Carabineros, asegurando que “una tenencia o una comisaria quedan tan protegidas como un semáforo en la calle. Los carabineros y las Fuerzas Armadas en lo que es nuestra frontera no estarían protegidas como nosotros hemos intentado hacerlo en la ley Naín-Retamal”.

Discusión parlamentaria

El Gobierno ingresó este lunes el proyecto de Reglamento de Uso de Fuerza, idea que tiene como propósito normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como también al de las Fuerzas Armadas, cuando acuden a tareas de resguardo del orden público.

En su primera discusión, en la Cámara de Diputadas y Diputados, los parlamentarios decidieron que el trabajo de revisión del proyecto sea asumido por las Comisiones de Constitución y Seguridad, iniciando así su camino para convertirse en ley.

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Durante la mañana de este jueves, el Gobierno promulgó la Ley Nain-Retamal, la que aumenta las penas por delitos cometidos contra Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.

También se promulgaron otras leyes relacionadas con la seguridad que fueron despachadas en el Parlamento durante los últimos días.

Recordemos que son cuatro decretos, uno de ellos el proyecto de ley Naín-Retamal. El segundo la ley que refuerza las competencias de gendarmería y crea el delito de extorsión, el tercero modifica el código penal para agravar la pena del delito de secuestro, mientras el ultimo aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos.

Este proyecto fue firmado por el ministro de Justicia, la ministra de Defensa, ministra del Interior y el Presiente de la republica.

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Ahora, en el marco del tercer trámite constitucional, la Cámara aprobó la iniciativa en las mismas condiciones que venía desde el Senado, por lo que fue despachada para que sea promulgada por el Presidente Gabriel Boric y se transforme en ley una vez que sea publicado en el Diario Oficial.

Recordemos que esta iniciativa generó gran debate al interior de la esfera política, principalmente por el artículo que hacía referencia a la legítima defensa privilegiada.

Fueron 10 días de tramitación, donde hubo objeciones desde distintos sectores e incluso organismos internacionales se pronunciaron por este proyecto que le entregará mayor protección a la institución de Carabineros.

Esta iniciativa que fue refundida, y que finalmente se convirtió en ley, lleva el nombre de los carabineros Eugenio Naín, quien murió en octubre de 2020 tras ser baleado en medio de la carretera 5 Sur.

Como también del sargento Carlos Retamal, quien falleció en octubre de 2022 en medio de un procedimiento policial, cuando fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio.

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La Sala del Senado aprobó este martes el proyecto de ley Naín-Retamal, incluyendo la indicación del Gobierno respecto a la legítima defensa privilegiada, por lo que la iniciativa vuelve a la Cámara para tercer trámite legislativo.

Aunque la mayoría de las indicaciones del oficialismo fueron rechazadas, sí se aprobó una indicación presentada por el Gobierno, tras un acuerdo con la oposición, que modifica la denominada “legítima defensa privilegiada”.

Respecto al acuerdo alcanzado, habrá presunción legal para las policías, Gendarmería y las Fuerzas Armadas, cuando haya uso racional de la fuerza para repeler o impedir una agresión que afecte gravemente su integridad física o su vida o la de un tercero, usando armas o cualquier medio de defensa.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó las tres diferencias principales con cómo venía el proyecto, afirmando que las policías deberán actuar cuando su integridad física o la de un tercero esté en riesgo, y no un bien.

En particular, el acuerdo transversal llamado el ‘corazón’ de la propuesta, fue aprobado por 42 votos a favor, con la abstención de José Miguel Durana (UDI), Claudia Pascual (PC)y Fabiola Campillai.

La oposición cumplió su parte del acuerdo: hubo 43 votos en contra de la indicación de la responsabilidad de mando, que fue altamente cuestionada por eximir penalmente a altos mandos de las Fuerzas Armadas por las acciones de sus subalternos.

El senador Felipe Kast, presidente de la Comisión de Seguridad, dice que la nueva formulación mantiene la intención principal de mejorar la protección de policías.

Pese a la aprobación del acuerdo sobre la legítima defensa privilegadia y el rechazo a la norma que eximía a los mandos superiores de responsabilidades penales, hay diferencias que se mantienen entre Ejecutivo y oposición.

En la primera votación, la Sala rechazó la propuesta del Gobierno para dejar solo en lesiones graves, graves gravísimas y mutilaciones, el efecto de eliminar las penas sustitutivas para quien daña a personal policial.

Por último, la senadora DC, Yasna Provoste, reiteró en Sala la reserva de constitucionalidad, argumentando que limitar este acceso en un juicio vulnera el principio de proporcionalidad.

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Esto por el espíritu de la norma, que modifica leyes relativas al uso de la fuerza por Carabineros.

El proyecto establece el aumento de las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.

Además, regula la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial.Desde la CIDH aseguraron que “reconocen la importancia de que las policías cuenten con el resguardo normativo y los medios para el mantenimiento de la seguridad ciudadana”.

No obstante, la Comisión hizo un llamado al estado chileno a tomar medidas inmediatas para llevar a cabo un proceso legislativo al respecto que garantice la más amplia participación.

Es decir, “que se incluya a personas de la sociedad civil expertas en la materia, academia, organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad involucrados en el tema”.

Esta no es la única petición que ha hecho la CIDH al estado chileno, las que vienen en su informe sobre Situación de Derechos Humanos en Chile.

En el texto se hace un llamado a revisar los protocolos de actuación y uso de la fuerza, para asegurar su consistencia con los estándares en derechos humanos.

“La Comisión nota que el contenido del proyecto de Ley Naín-Retamal guarda directa relación con las recomendaciones antes mencionadas”, aseguraron desde de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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“Es una ley express que está mal hecha”. Así calificó la senadora Fabiola Campillai al proyecto de ley Naín-Retamal que será votado durante la actual jornada en el Senado.

Cabe recordar que la ley había sido aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados a raíz de los decesos de los carabineros Alex Salazar en Concepción y Rita Olivares en Quilpué, ambos ocurridos en marzo.

“¿Qué tenemos que esperar, compañeros, para decir que esta ley no nos ayuda, que es una ley express que está mal hecha y que varios sectores políticos la están apoyando sin tener un poco de humanidad hacia la gente”, mencionó la parlamentaria.

Campillai no descarta ir al TC

Asimismo, la senadora calificó de “impresentable” el hecho de que no se considerara la opinión del jefe de la ONU para América del Sur, Jan Jarab, quien aseguró que las disposiciones sobre legítima defensa privilegiada policial del proyecto “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos”.

“Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda hacer un proceso participativo, un proceso en el que se escuche a los expertos, a los académicos, a la gente, a la víctimas”, agregó.

Por ese motivo, Fabiola Campillai informó que, junto a su equipo, se encuentran estudiando “todo lo que podemos hacer para no aprobar esta ley”. En ese sentido, no descartó recurrir al Tribunal Constitucional (TC) si fuese necesario.

Lo anterior pues, según la parlamentaria, “la ley obstaculiza la investigación y la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el estallido social y, además, garantiza la impunidad”.

Rodeada de víctimas de violencias policiales

Durante el punto de prensa, la senadora Campillai se mostró acompañada del hijo de Cristián Valdebenito, quien recibió un impacto de una bomba lacrimógena el 6 de marzo de 2020, en el contexto del estallido social.

“También me encuentro con Miguel Rojas, que fue brutalmente golpeado por carabineros, dejándolo inconsistente y postrado sin siquiera poder moverse y caminar. Hoy Miguel salió adelante gracias a su esposa y a sus ganas de querer vivir, y de salir adelante y de tener justicia”, mencionó.

“¿Qué tenemos que esperar?”, finalizó la parlamentaria, junto a Alicia Lira, una activista por la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura.

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Fue durante la mañana de este martes cuando la ministra Tohá descartó la opción de un veto presidencial al discutido proyecto, al menos por el momento, debido a que aún se encuentra en proceso de votaciones y negociaciones, y no se han agotado las instancias para modificar algunos de los artículos que han generado polémica.

“No hay ningún veto, de lo que estamos hablando es de una votación en la sala, donde esperamos que impere un ambiente más receptivo, de más diálogo que el que hubo en la comisión. Ayer llevamos una serie de propuestas pero hay una mayoría que no aceptó aproximar posiciones, pero en la sala hay una nueva oportunidad “, señaló a Radio Bío Bío.

“Estamos en medio de la tramitación, así que es muy anticipado hablar de cualquiera de esas opciones. Si las cosas siguen como fueron ayer en la comisión, habría un tercer trámite porque ya el proyecto se modificó”, agregó.

“Lamentablemente algunas de esas modificaciones lo empeoraron. Por ejemplo se estableció una norma que dice que los mandos no tienen responsabilidad por los abusos que comenten sus subordinados salvo que les hayan instruido directamente cometer delitos, o sea, eso es absurdo, nunca un mando va a instruir directamente cometer delitos, pero su obligación debiera ser controlar que no se cometan”, indicó.

Recordemos que la discusión se ha dado en torno a las facultades que entrega este proyecto a Carabineros, que en algunos sectores del oficialismo han sido criticadas por poner en riesgo a los Derechos Humanos, mientras que desde la oposición argumentan que la iniciativa entrega certeza jurídica a las fuerzas policiales para que puedan combatir la delincuencia respaldados por la ley.

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En particular, la preocupación es por el articulado que busca entregar a las policías la presunción del uso justificado de armas de servicio.

“Esta ley no se ajusta en modo alguno a los estándares internacionales de derechos humanos y por lo tanto que, si hay una posición que no escucha ni siquiera a El Mercurio, no hay que descartar ningún camino y perfectamente se puede ir a organismos internacionales para cuestionar al Estado chileno respecto de esta ley”, aseguró el diputado PC.

Cuello agregó que “es un artículo que encierra un riesgo grave, que no resuelve de ninguna forma el problema de la delincuencia y que desvía la atención”.

También se refirió a la discusión parlamentaria,la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien habló en particular sobre la tramitación y su frase donde hizo alusión a la posibilidad de un “gatillo fácil”, tras la aprobación del proyecto de Ley “Naín-Retamal”.

La vocera aseguró que “esta es una posición de Gobierno, no de la vocería, nadie se manda solo, es una posición política fijada por el gobierno el avanzar en esta legislación porque compartimos sus ideas matrices”.

“Sabemos que es posible compatibilizar el refuerzo y el respaldo a las policías, al mismo tiempo que evitamos que, bajo una lógica de legislar en caliente, abramos posibilidades de abusos”.

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