En dicho registro, el aludido habla sobre el pago a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Las primeras palabras vinieron del ministro Secretario General, Álvaro Elizalde, quien comentó que “independientemente del origen social de quien cometa un delito, tiene que responder ante la justicia en iguales condiciones”.

El secretario de Estado indicó que existe una “necesidad de que estos hechos sean esclarecidos, que se apliquen las sanciones en caso de acreditarse la comisión de delitos (…) es necesario actualizar nuestra legislación”.

“El proyecto de inteligencia económica, que insisto fue presentado en mayo y cuenta con urgencia desde junio, no ha sido puesto en tabla en las últimas semanas (…) queremos hacer un llamado a cumplir con las urgencias que presenta el Gobierno, conforme a nuestras normas constitucionales”, agregó.

Elizalde aseguró que “estamos frente a una mafia de la evasión, respecto a la cual se requiere actuar con celeridad y sancionar este tipo de conductas (…) son hechos gravísimos que nosotros condenamos enérgicamente”.

“El Ministerio Público debe contar con todas las herramientas necesarias para el total esclarecimiento y para la aplicación de las sanciones por parte de la justicia en caso que se acrediten los delitos correspondientes”, añadió.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que “hay que ser cauteloso, es una información que por cierto es muy grave y que da cuenta con la necesidad de la investigación que está desarrollando el Ministerio Público”.

“Por cierto, una denuncia de esas características son hechos de gravedad en el entendido que comprometen no solo la integridad de la función pública, sino que también la integridad del sector privado y la profesión legal”, dijo.

Finalmente, Cordero concluyó que “el Ejecutivo ha llevado a cabo la aprobación de la Ley de Delitos Económicos donde algunos de estos aspectos están abordados, la Ley de Protección del Denunciante (…) y también existe una agenda futura”.

“Lo más importante es que las instituciones responsables a las indagaciones están llevando a cabo las mismas”, cerró.

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En el marco de las medidas que se han tomado luego del estallido del Caso Convenios y los distintos líos de platas que dejó entrever, Elizalde explicó el abanico de proyectos que el Ejecutivo planteará en el tiempo próximo, en corto, mediano y largo plazo para afrontar estos “puntos débiles”.

A corto plazo figuran el ingreso del proyecto de ley de Registro Nacional de Beneficiarios Finales para tener registro claro de quiénes son las personas naturales detrás de las jurídicas y la Ley de Transparencia 2.0.

A mediano plazo está el proyecto que crea la Agenda de Evaluación y Monitoreo de Inversiones Públicas.
Finalmente, a largo plazo está “el planteamiento de una ley que funcione como marco a los estándares de transparencia y rendición de cuentas que requieren traspasos públicos“.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aclaró en la instancia que algunas medidas serán elaboradas en más detalle este jueves durante la cadena nacional que encabezará el presidente Gabriel Boric, y que van en línea con lo señalado en la Comisión de Probidad encabezada por María Jaraquemada.

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“No voy a entrar en el debate sobre indicaciones específicas, pero sí quiero referirme a la propuesta y a la posición del Gobierno. Que es una postura de principios que tiene relación con los pilares sobre los cuales se ha construido el Estado de Derecho, y en alguna medida lo aprobado hoy lo pone en duda, puesto que en Chile la violencia entre particulares está prohibida y no hay espacio para la autotutela“.

“El monopolio de la fuerza está radicado en las instituciones públicas, específicamente en las policías. Nos parece que lo aprobado hoy, es sin duda una transgresión con los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema jurídico, por eso el Gobierno no lo va a promulgar y, por el contrario, va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país”, agregó.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó casi sin cambios el proyecto de ley de usurpaciones. Dicha iniciativa tiene como propósito regular la ocupación ilegal de inmuebles, aumentando las sanciones de estos delitos, fijando nuevas penas e incorporando mecanismos más eficientes de restitución.

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Según el secretario de Estado, “no fue una decisión de carácter político, sino que de carácter técnico (…) sobre la base de que la información que se entregaba efectivamente no era relevante”.

“No habría permitido generar las alarmas necesarias para evitar que te estos hechos se produjeran”, agregó.

Asimismo, Elizalde explicó que todos los procedimientos están en revisión para así “cerrar la brecha de vulnerabilidad que nos permitan actuar anticipadamente”.

Lo anterior “porque lo que aquí ha pasado es que hay tal nivel de discrecionalidad en la asignación del gasto, que efectivamente se ha llegado a los hechos que generan indignación”.

Consultado por una eventual responsabilidad, o no, del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en el Caso Convenios, Elizalde descartó a CNN Chile que él esté involucrado.

“Creo que él no está involucrado, el ministro Jackson no está involucrado en los hechos que se investigan a propósito del robo de computadores y la caja fuerte en el ministerio”, sostuvo.

Además, reiteró que quien evalúa el desempeño de los ministros y quien evalúa el gabinete “es el Presidente de la República. Es a él a quien le corresponde tomar una decisión”.

Caso Convenios y la agenda del Gobierno

Finalmente, sobre la contingencia y la agenda de la administración de presidente Gabriel Boric, el ministro Segpres reconoció que “es evidente que estos hechos han concentrado la agenda mediática”.

Aún así, destacó que “el Gobierno sigue haciendo su tarea y sigue impulsando una serie de otros compromisos que tiene con la ciudadanía. Lo importante es cómo se reacciona ante hechos de esta naturaleza”.

“El Gobierno está interesado que estos hechos se esclarezcan por una razón muy simple: porque si alguien metió las manos tiene que responder ante la justicia. En eso no puede existir ninguna actitud distinta”, concluyó.

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La iniciativa parlamentaria -cuyo carácter no es vinculante- fue aprobada por la Cámara por 68 votos a favor, 52 en contra y 5 abstenciones. Además, en los apoyos a la moción llamó la atención el desmarque de algunos diputados oficialistas, como fue el caso del expresidente de la corporación, el PPD Raúl Soto.

“Voté a favor en consciencia, más allá de las consideraciones específicas del proyecto de resolución y sin compartir las imputaciones por responsabilidades criminales o administrativas que ha hecho la derecha y de lo cual tomo distancia, porque eso corresponde que se determine en las investigaciones, creo que hay una crisis política en el gobierno, que se requiere un golpe de timón y un cambio de rumbo”, dijo Soto.

Consultado por la ofensiva opositora, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, criticó la resolución de la Cámara y la calificó de “improcedente”“Es improcedente. Quien determina su gabinete es el Presidente de la República. Va en contra de los principios constitucionales sobre los cuales se constituye nuestro sistema político. Se da la falsa imagen de que le corresponde un rol al Congreso de decidir sobre la organización del Ejecutivo y eso va en contra de la separación de poderes”, cuestionó el ministro en conversación con Radio Concierto.

Sobre el desmarque de Soto, el titular de la Segpres lo llamó a canalizar por otras vías su disconformidad con el ministro Jackson y que quien apoya “mecanismos inadecuados” debía dar explicaciones.

“Solo un parlamentario del oficialismo votó a favor. Independiente de la opinión que él (Soto) pueda tener, un proyecto de resolución no es la forma de canalizarla. Existen canales institucionales para conversar estos puntos y hay formas a través de las cuales expresar estos puntos de vista, y también espacios que son los que establece nuestro propio sistema político. Pasa a llevar las atribuciones del Presidente de la República”, acusó Elizalde.

Además, el secretario de Estado calificó la postura de la UDI como “inadecuada”, tras bajarse de la mesa técnica de pensiones para presionar por la salida de Giorgio Jackson. “Eso es ser irresponsable. La obligación que tenemos todos es hacernos cargo de una serie de desafíos para mejorar la calidad de vida en Chile. Entonces el llamado es a actuar con responsabilidad, la crítica política es bienvenida, pero el chantaje para efectos de perjudicar a los chilenos a mí me parece que es inadecuado”, enfatizó.

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Frente a la pregunta de si en el Consejo Constitucional se está cayendo en la misma tendencia vista durante el proceso constitucional anterior, el Secretario de Estado, aseguró que “efectivamente, una Constitución para que se proyecte por décadas no puede ser expresión de la mayoría circunstancial, tiene que ser expresión de acuerdo sustantivo de la sociedad en que se aplica”.

A esto agregó que espera que “todos los consejeros y consejeras estén a la altura de lo que implica ese desafío”.

Álvaro Elizalde también se refirió a las novedades respecto de las investigaciones derivadas del Caso Convenio (traspaso de fondos vía trato directo entre reparticiones de Gobierno y Fundaciones ligadas a partidos políticos), en particular a la declaración del Fiscal Naciona, Ángel Valencia, quien no descartó llamar a declarar a los ministros Giorgio Jackson (Desarrollo Social) y Carlos Montos (Vivienda y Urbanismo). Dichas carteras están vinculadas a la controversia por convenios con fundaciones.

“El Gobierno es el principal interesado en que todos estos hechos se esclarezcan, tanto es así que el propio ministro Montes hizo entrega de todos los antecedentes recabados al Fiscal Regional que está llevando adelante la investigación. Así que por tanto, todos los antecedentes que sean requeridos van a ser entregados, porque nos parece que es muy importante que esto se esclarezca y el Ministerio Público tiene que llevar adelante la investigación con total autonomía”, dijo Elizalde.

Respecto de si estima que eventualmente se descubran irregularidades tras la investigación de la Fiscalía, Elizalde comentó que “precisamente es el Ministerio Público el encargado de esclarecer los hechos. Nos importa mucho, nos interesa. Estamos comprometidos con el total esclarecimiento de los hechos y en caso de acreditarse delito, tienen que aplicarse las sanciones que establece la ley”, cerró Álvaro Elizalde.

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Tras las polémicas que ha generado el caso de presuntas irregularidades en los convenios suscritos entre el Minvu y fundaciones privadas ligadas al oficialismo -que mantiene investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía en al menos cuatro regiones-, desde la oposición han elevado el tono del discurso y pidieron la salida del ministro Carlos Montes (PS) de la cartera de Vivienda y Urbanismo.

Desde la UDI tampoco descartaron el empleo de “ninguna herramienta constitucional” -ya sea una interpelación en contra de Montes o una acusación-, pero puntualizaron que debía ser el Presidente Boric quien pida la renuncia al titular de Vivienda y Urbanismo.

Pese a las peticiones de la oposición, hasta ahora la salida de Montes no es algo que esté en la mente del jefe de Estado, según revelan fuentes de Palacio.

Fue en la entrevista de Tele13 Radio de esta mañana, donde el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), respaldó la gestión de su par de Vivienda y aseguró que “nadie puede cuestionar su compromiso con la probidad”.

“El ministro Montes es una persona con una dilatada trayectoria y lo más importante es que nadie puede cuestionar su compromiso con la probidad y con el esclarecimiento de los hechos”, dijo Elizalde en conversación con Tele13 Radio.

“El gobierno está comprometido con el total esclarecimiento de los hechos y con la aplicación de las sanciones que corresponda, no solo va a colaborar con las investigaciones que se están desarrollando adelante, sino que considera que es positivo que todos estos hechos se esclarezcan”, complementó.

Ante la ofensiva opositora, el ministro Montes fue consultado por su posible salida del gobierno y entregó una respuesta categórica: “Mi voluntad es cumplir, yo no voy a renunciar, el Presidente es quien decide hasta el día en que yo estoy”.

“Yo tengo una misión en el gobierno, el Presidente me ha dado objetivos, tareas y desafíos. Han aparecido estos hechos que obligan a responder porque es lo que corresponde a un ministro de Estado, y voy a seguir en el Ministerio mientras el Presidente así lo determine”, enfatizó.

La comisión de expertos

El pasado lunes, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer los nombres de los expertos que conformarán la comisión sobre probidad e integridad anunciada horas antes por el Ejecutivo, quienes tendrán la misión de recomendar políticas públicas para evitar casos como la actual crisis por líos de platas en fundaciones ligadas al oficialismo.

Los expertos estarán encabezados por la directora de Chile Transparente, María Jaraquemada, quien presidirá la instancia. Es abogada de la UC con magister en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. “Posee 17 años de experiencia profesional ligada a las políticas públicas anticorrupción, de transparencia, gobierno abierto y fortalecimiento democrático”, indicó Boric.

“Es un grupo técnico integrado por destacados académicos y especialistas que tiene por objeto proponer un regulación respecto de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro, principalmente las corporaciones y fundaciones con el Estado y basado en los principios de transparencia”, señaló Elizalde.

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A pesar de que desde la bancada de diputadas y diputados de la UDI han dicho que la reforma tributaria ya fue rechazada, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, pidió a la oposición separar las discusiones.

“Hechos de esta naturaleza se han producido en todos los gobiernos, pero lo importante es la respuesta que se da, cómo se enfrentan este tipo de hechos, y en ese sentido el Presidente de la República ha sido categórico: no se va a aceptar ninguna conducta reñida con el principio de probidad”, dijo el ministro Elizalde.

Añadió que, “Queremos insistir en un llamado al diálogo constructivo porque creemos que un pacto fiscal es imprescindible para el país, da cuenta de una necesidad imperiosa (…) Creo que hay que separar las cosas, al mismo tiempo hay necesidades sociales que son importantes, por lo tanto, que no se ocupen estas excusas para negarse a avanzar en proyectos de ley que son muy importantes”.

La agenda política en los últimos días ha estado marcada por los polémicos convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, dirigida por militantes de Revolución Democrática (RD).

Según el ministro Elizalde, “no es un compromiso nuevo” para el gobierno y aseguró que “existe desde el primer día en que asumió el Presidente Boric”.

“Son múltiples las iniciativas que se están tramitando actualmente en el Congreso Nacional y que el Congreso está impulsando; se acaba de aprobar el proyecto que establece un estatuto de protección al denunciante, adicionalmente se está tramitando un proyecto denominado ‘transparencia’ 2.0, en la Cámara de Diputados se está tramitando un proyecto de probidad municipal, y está en tercer trámite un proyecto referido a compras públicas que moderniza el sistema”, detalló Elizalde.

“Por tanto, el gobierno ya hace bastante tiempo está impulsando proyectos vinculados a la agenda de probidad, trabajando indicaciones y que esperamos que en un tiempo corto se conviertan en Ley de la República”, agregó.

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El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, se refirió al debate sobre Isapres y señaló que “es inaceptable que los que originaron este problema pretendan culpar al Gobierno, que es el principal actor que está buscando una solución”. “Este es un problema que han generado las Isapres y lo que está haciendo el Ejecutivo es encontrar una solución a través del proyecto de ley que ha presentado”, insistió.

Elizalde, recalcó que para el Gobierno es fundamental que se cumpla el fallo de la Corte Suprema en contra de las Isapres. En el fallo de la Suprema se estableció que las Isapres deben aplicar una nueva tabla de factores a todos sus afiliados además de restituir los cobros en exceso.

En conversación con Tele13 Radio, Elizalde afirmó que “para el Gobierno es fundamental que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y en segundo lugar, la jurisprudencia reiterada que en Chile desde hace muchos años indica que cada vez que los afiliados han recurrido a la Corte señalando que ha habido un alza, esto incluso antes de la tabla de factores, que ha habido un alza injustificada por parte de las isapres, el 83% de los casos, más de ocho de cada 10, la Corte ha señalado que los afiliados tienen razón”.

“Lo que plantea el proyecto del Gobierno es que las Isapres tienen que hacer un plan de pago para ver cómo van a enfrentar la situación futura y lo que corresponde es que esto sea evaluado por un Comité Técnico Asesor que de cuenta del cumplimiento del fallo y obviamente del ordenamiento jurídico vigente y de otro tipo de elementos”, detalló el ministro.

Con respecto a la iniciativa presentada por la Oposición, el que a juicio de la ministra Vallejo hace un “borrón y cuenta nueva” al fallo judicial, Elizalde señaló que “no resuelve el problema porque hace caer la carga del cumplimiento de la sentencia en quienes han sido perjudicados, que son las personas”.

Además indicó que “lo dijo ayer de manera clara la ministra de Salud, que en el fondo lo que establece esta iniciativa es que se siga cobrando en exceso a los más de 600 mil contratos respecto a los cuales el fallo de de la Suprema se ha pronunciado”.  

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El comunicado señala que, “Por unanimidad, la mesa directiva acordó someter a consideración de la Comisión Política que quien asuma como senadora por la Región del Maule, en representación del PS, sea la compañera presidenta, Paulina Vodanovic“.

Fue el secretario general del PS, Camilo Escalona, la vicepresidenta de la Mujer del colectivo, Daniella Cicardini, además de sus vicepresidentes, Alfonso De Urresti, Arturo Barrios, Eduardo Bermúdez, Fanny Pollarolo, Isadora Venegas y Leonardo Soto, quienes tomaron la decisión.

En la instancia también tuvieron derecho a voz, más no a voto, el presidente de la Juventud Socialista, Juan Santana, y el jefe de la bancada de Diputadas y Diputados, Daniel Manouchehri.

¿Qué pasó con Álvaro Elizalde?

Este miércoles, Álvaro Elizalde asumió como ministro de Segpres, luego que el presidente Gabriel Boric aceptara la renuncia de Ana Lya Uriarte debido a complicaciones médicas.

A principios de esta semana, se dio a conocer que la abogada solicitó una nueva extensión de su licencia, completando así más de un mes fuera de sus funciones, debido a un cuadro de anemia que la afecta como secuela del COVID-19 que le diagnosticaron a principios de enero.

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