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Denuncian que por años municipio de Río Claro ha cursado partes ilegales en pasarela de Camarico

Sobre la Ruta 5 Sur se ubica, frente a la comuna de Río Claro, la Pasarela Camarico: estructura que protagoniza cientos de denuncias que se extienden desde 2014 a la fecha. Conductores acusan que son víctimas de partes empadronados debido a un actuar ilegal del municipio, que dispone de funcionarios en esta estructura para fotografiar a vehículos y luego infraccionarlos por transitar con sus luces apagadas.

La comunidad local, y luego la de toda la Región del Maule, fue advirtiéndose sobre esta práctica y hoy constituyen un mínimo porcentaje de las multas. Sin embargo, los foráneos continúan “cayendo” y engrosando las arcas municipales de Río Claro.

DENUNCIAS

El consejero regional del Maule, Manuel Améstica, es hoy el representante de estas molestias y quien las ha transformado en un tema judicial. Según su opinión, y la de los afectados que representa, los inspectores municipales no deberían estar efectuando esta labor en una autopista concesionada, donde acusa además que no existe ninguna señalética de aviso al respecto.

En declaraciones a BioBioChile, Améstica agregó que una tenencia de Carabineros -quienes sí podrían efectuar estos controles a su parecer- se encuentra a 100 metros de la pasarela, en actitud pasiva a pesar de estar al tanto de la situación. “Hay un peaje 300 metros más allá, donde también hay carabineros”, indicó.

“Las fotografías que usan de prueba se sacan con cámaras malas, son imágenes de mala calidad que siempre muestran las luces apagadas, pero hay un par de casos en que se ha podido probar lo contrario”, sostuvo el consejero.

Manuel Améstica asegura que “esta práctica no tiene autorización de la concesionaria, ni del MOP, ni del ministerio de Transporte. Y son multas caras, de 73 mil pesos, que muchas veces no son notificadas y de las que la gente se entera con posterioridad cuando van a pagar sus permisos de circulación”.

“Hay un enriquecimiento ilícito”, asegura el consejero que junto a su abogado ya llevó este tema a la Contraloría en 2016, obteniendo un resultado parcialmente adverso. El órgano contralor dictaminó que no existe ilegalidad administrativa en los partes cursados, pero que, sin embargo, eran incompetentes para referirse al método utilizado por los fiscalizadores para el material de prueba, tema que correspondería al Poder Judicial zanjar.

Convencidos de la irregularidad del proceso, en diciembre de 2017 ambos interpusieron una acción civil que fue acogida por tribunales en febrero recién pasado. Víctor Bahamondes, abogado denunciante explicó a BioBioChile que este libelo se presenta por conceptos de daños y perjuicios.

“Pedimos 610 millones de pesos. Diez por daño creciente y 600 por daño moral. De lo que se obtenga, sea lo que sea, se acordó dar a la mitad del dinero a una institución de beneficencia y repartir la otra mitad entre los afectados”, explicó Bahamondes.

El abogado especificó que un nuevo argumento se sumó a la demanda: la violación a la privacidad de las personas, ya que las fotografías de los inspectores fiscales capturan la totalidad del vehículo y su interior, vulnerando la intimidad de los pasajeros. Lo anterior, según el leguleyo, se opone expresamente a lo permitido por la Ley del Tránsito.

Bahamondes dijo que mientras no se notifique la demanda esta puede ampliarse en cuánto al número de denunciantes, sino, después habría que hacer una acción aparte. Sea cual sea la opción, el interesado necesitaría la documentación de la denuncia de los inspectores, la fotografía que deben mostrarle al menos en el Juzgado, la carta de notificación y, en caso de haber pagado ya, el recibo.

“Aún nos queda la posibilidad de querellarse -penalmente- contra funcionarios y el alcalde como autor material de estos hechos”, culminó el abogado.

DEFENSA DEL MUNICIPIO

“Nos desprestigian por algo que ha existido desde antes y que es legal por todos lados, si fuera ilegal yo lo cortaría de inmediato”, asegura Américo Guajardo, alcalde de Río Claro.

El jefe comunal dice contar ya a su favor con el dictamen de Contraloría. “Dijeron que los inspectores fiscales estaban habilitados para fiscalizar el correcto cumplimiento de la ley del tránsito”, indicó a BioBioChile.

“Nosotros enviamos al Juzgado de Policía Local los datos del infractor junto a la foto y el tribual decide su validez, a través del material que envían nuestros dos inspectores. Ellos verifican el valor de la prueba“, precisó.

Además, el municipio señala que no envían las fotos junto a las notificaciones, precisamente para cuida la privacidad de la personas, pues los mismo multados han sido quienes les han pedido que no sea así, ya que en casos usan vehículos laborales o en otros les significaría problemas familiares.

“Esto es algo que nunca se ha hecho escondida. Todos saben que los inspectores se ubican allí. En 2015, ates de que llegara yo, se implementó este tema, no somos el único municipio, son 11 a nivel nacional que hacen lo mismo y antes eran más. Incluso me han llamado otros alcaldes interesados en aplicar el sistema, pero las características y distancias en sus comunas se lo han impedido”, argumentó.

Sobre la necesidad de un aviso, el alcalde dijo que “corresponden al MOP o a las concesionarias, y además son redundantes, es como poner uno que diga ‘Use cinturón de seguridad’, porque todos quienes manejamos y aprobamos un examen deberíamos saberlo. Pero igualmente me comprometo a la gestión. Después de eso me gustaría tener el mismo espacio para contar a la comunidad si el cartel fue o no efectivo”, advirtió.

Guajardo acusó también que sus inspectores han sufrido agresiones y amenazas, incluso con palos o armas blancas, solo por cumplir con parte de su trabajo, ya que no se dedican exclusivamente a eso, sino también a otras áreas y trabajo administrativo.

“No he pensado en terminar, pero el tema se va a terminar solo, así como ya en la región hay pocos infracciones. En otras rutas del país, es cosa de viajar, el nivel de infracción es altísimo lo que quiere decir que el problema es otro, no del municipio”, sostuvo.

Respecto de la privacidad, la autoridad dijo que no hay ilegalidad. “Si hubiera afectación de la privacidad cualquier cámara en lugar público debería estar prohibida”, refutó.

“Mientras la justicia no me diga que esto no corresponde yo voy a seguir haciéndolo, se hace de antes y yo continuaré”, culminó. Por último, sobre la denuncia civil, Guajardo expresó que “yo entiendo que se de lugar a las denuncias, pero si ganamos pido el mismo espacio para que se diga que no existió ilegalidad”.

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