El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó en profundidad la controversia generada por el oficio conocido la semana pasada, en el que se instruían recortes en programas de distintos ministerios, incluidos algunos de carácter social. El documento abrió un flanco interno en el Gobierno y reactivó las críticas de la oposición, al mencionar eventuales ajustes en iniciativas como la alimentación escolar de Junaeb y la Pensión Garantizada Universal (PGU).
A raíz de la polémica, La Moneda enfrentó dificultades para sostener un relato claro respecto de que no se afectarían beneficios sociales, lo que incluso llevó al Presidente José Antonio Kast a intervenir públicamente para aclarar la situación.
“Ha sido una semana en la que claramente ha habido que explicar mejor las cosas. Probablemente hubo una falencia en ese sentido, pero el norte no cambia”, afirmó Quiroz en entrevista con Estado Nacional de TVN.
El secretario de Estado subrayó que, si bien existe la necesidad de revisar el gasto público, ello no implica recortar políticas sociales. “Hemos dicho reiteradamente que el tema social no se toca. Eso no significa que no haya que buscar mayor eficiencia ni enfrentar abusos. Es un proceso complejo, pero el rumbo se mantiene”, sostuvo.
Consultado por la exposición del Mandatario durante la polémica —incluyendo su intervención con megáfono en las afueras del Hospital de Temuco—, Quiroz señaló que ha procurado evitar involucrarlo innecesariamente. “Al menos en mi caso, he tratado de no exponer al Presidente”, indicó.
Respecto del cuestionado oficio, el ministro planteó que su contenido ha sido parcialmente interpretado. “La gente lee poco. En este documento hay que distinguir entre el cuerpo principal y los anexos”, afirmó. En esa línea, explicó que el texto constituye el inicio de un proceso de diálogo con los ministerios para la elaboración del Presupuesto 2027, y que en él se establece que deben respetarse las leyes y compromisos vigentes, incluyendo la PGU y los programas de Junaeb.
No obstante, reconoció deficiencias en su redacción. “No era el primer oficio que enviábamos, pero faltó un poco de oficio al escribirlo”, admitió.
Quiroz también detalló que estos documentos forman parte de un proceso que culmina en decretos obligatorios. En la actual fase de ajuste fiscal, ya se concretó un recorte del orden de $1,7 billones —unos US$ 2.000 millones— mediante un decreto vigente. El oficio, explicó, es el punto de partida para que cada cartera evalúe cómo alcanzar una meta de reducción cercana al 3% de su presupuesto.
En cuanto a la polémica por una supuesta sugerencia de recorte del 15% a la PGU, el ministro descartó que se trate de una instrucción concreta. “No hay una sugerencia de recorte al 15%. Es parte de una metodología. Si todas esas sugerencias se aplicaran, el ajuste sería gigantesco, lo que no ocurrirá”, afirmó.
Asimismo, planteó que el foco está en revisar la implementación de las políticas más que en modificar sus fundamentos legales. Como ejemplo, mencionó el caso del Crédito con Aval del Estado (CAE), donde —según dijo— se logró mejorar la recaudación mediante el cruce de datos.
“Una cosa es la ley y otra cómo se aplica. Estos oficios apuntan a examinar esos procesos”, explicó. Sobre la PGU, reconoció que aún no existe un diagnóstico completo, pero insistió en la necesidad de evaluarla en detalle.
Finalmente, el ministro admitió que la forma en que se presentó la información pudo haber generado confusión. “Quizás no se debió poner un 15% en la tabla y se debió hablar de ‘revisar’. Pero estos procesos siempre implican diálogo con los ministerios, y a ninguno le gusta recortar su presupuesto”, concluyó.
