El procedimiento se inició durante controles vehiculares estratégicos realizados por personal del Retén Alemania, dependiente de la 1° Comisaría de Taltal. En medio de la fiscalización, los uniformados detectaron un vehículo con características sospechosas, antecedente que fue informado al Ministerio Público.

Tras la instrucción de la Fiscalía, efectivos especializados del OS7 de Carabineros desarrollaron diligencias investigativas que permitieron ubicar un acopio de droga oculto a cerca de 30 kilómetros desde la ruta hacia el interior del desierto.

El despliegue contó con apoyo de un helicóptero de la Sección Aérea de Carabineros y permitió establecer el punto exacto donde se mantenía el cargamento, en una zona de difícil acceso entre cerros.

Durante la fiscalización del vehículo, fueron detenidos dos ciudadanos venezolanos adultos, ambos en situación irregular en el país.

El jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre Soto, destacó que el decomiso es resultado del trabajo permanente en las rutas de la región. “Nuestros ojos están puestos precisamente donde el crimen organizado cree que no estamos”, señaló.

Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, calificó el procedimiento como “una incautación de gran magnitud” y sostuvo que la región se ha transformado en “una verdadera barrera estratégica frente al tráfico de drogas hacia el centro y sur del país”.

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En el debate surgieron críticas transversales al Ejecutivo por la falta de un plan integral. La diputada Gloria Naveillán cuestionó duramente la gestión del Gobierno en materia de seguridad, mientras que el senador Miguel Becker señaló que, si bien respalda medidas más firmes contra grupos armados, estas deben ejecutarse con una estrategia clara y eficaz. Además, se propuso realizar sesiones secretas para que las autoridades entreguen detalles sobre avances y próximos pasos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró que se trabaja en un nuevo plan junto a las policías y las Fuerzas Armadas, el que contemplaría un rol más activo de los militares dentro del marco jurídico vigente. El Gobierno deberá exponer estos cambios antes de la próxima renovación, en mayo, en medio de la presión política por resultados concretos en la Macrozona Sur.

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La autoridad fue designada el pasado 6 de abril por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Ese mismo día, la Asociación Sur Docentes Magallanes (Asuma) expresó públicamente su “profunda preocupación y rechazo” al nombramiento.

En su declaración, el gremio acusó al nuevo seremi de mantener un historial de presuntas prácticas de hostigamiento, vulneraciones de derechos fundamentales y conflictos en el ámbito laboral, antecedentes que —según señalaron— se encuentran actualmente bajo investigación en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes.

De acuerdo con información recopilada por el organismo, existirían cuatro procesos administrativos abiertos relacionados con su gestión.

Previo a asumir el cargo, Alvarado se desempeñaba como director del Liceo Industrial de Punta Arenas, donde —según denuncias de organizaciones docentes— se habrían registrado situaciones vinculadas a infracciones al Estatuto Docente, conflictos internos y un deterioro del clima laboral.

Un correo enviado en septiembre de 2025 por el Sindicato de Profesores del SLEP Magallanes solicitó la apertura de un sumario administrativo, acusando presuntas conductas autoritarias, medidas de exclusión y prácticas que habrían afectado la convivencia escolar.

Posteriormente, el mismo gremio reiteró sus denuncias mediante una declaración pública, donde se aludió a posibles situaciones de acoso laboral, discriminación, vulneración de derechos y uso inadecuado de recursos, entre otros puntos.

A estas acusaciones se suma una causa judicial registrada en 2019 en la ciudad de Valdivia, donde Alvarado fue detenido por conducción bajo la influencia del alcohol. Según antecedentes judiciales, el test de alcoholemia arrojó 0,67 gramos por litro de sangre, lo que derivó en una sanción económica y la suspensión temporal de su licencia de conducir. La causa fue posteriormente sobreseída en 2020.

Pese a estos antecedentes, el 6 de abril asumió formalmente como seremi de Educación en Magallanes.

Desde la Asociación Sur Docentes han solicitado revisar el nombramiento y transparentar los criterios de designación de autoridades educativas, además de un pronunciamiento del Ministerio de Educación.

Hasta ahora, la cartera no ha entregado una versión oficial respecto de las denuncias consultadas.

En paralelo, a nivel nacional, ya se contabilizan 18 seremis que han dejado sus cargos en poco más de un mes desde el inicio del actual Gobierno.

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El proyecto busca establecer medidas para enfrentar hechos de violencia al interior de establecimientos educacionales, incluyendo revisión de mochilas, sanciones por interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior.

La iniciativa fue aprobada en general con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente, el articulado fue sometido a 27 votaciones de indicaciones.

Durante el debate, parlamentarios cuestionaron la falta de claridad en la implementación de las medidas y advirtieron que parte de la responsabilidad recaería en los equipos educativos. Además, se presentaron reservas de constitucionalidad, señalando posibles vulneraciones a derechos de niños, niñas y adolescentes, así como al principio de igualdad ante la ley.

Entre los puntos centrales del proyecto se establece la posibilidad de revisar mochilas, bolsos u otros objetos personales —excluyendo la vestimenta— con el fin de prevenir el ingreso de elementos que puedan ser utilizados para agresiones o daños a la infraestructura escolar. El texto prohíbe expresamente cualquier revisión corporal o desnudamiento de estudiantes.

En caso de detectarse objetos prohibidos, los establecimientos deberán informar a los apoderados y a las policías correspondientes. Asimismo, cada recinto definirá en su reglamento interno al personal autorizado para realizar estas revisiones.

En Sala también se aprobó una indicación que establece que, en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, estos procedimientos deberán realizarse con el acompañamiento de profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE) o de convivencia escolar.

Respecto a la gratuidad en educación superior, el proyecto establece que no podrán acceder a este beneficio quienes hayan sido condenados por delitos graves contra la vida, la integridad física o la propiedad, con una inhabilidad de cinco años. Además, las instituciones deberán suspender el beneficio a estudiantes condenados por estos delitos.

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“Uno siempre va incorporando algunas sugerencias que pueden surgir, incluso en conversaciones sobre temas que a futuro se podrían abordar”, señaló el mandatario la tarde de este martes.

El jefe de Estado enfatizó que el objetivo central de la iniciativa es mejorar las condiciones de vida de la población y reposicionar al país en el escenario internacional. “A nosotros lo que nos interesa es mejorar la calidad de vida de las personas. También que Chile recupere su posicionamiento internacional”, afirmó.

En esa línea, subrayó que atraer inversión requiere certezas y condiciones favorables. “Esto implica generar confianza e incentivar a quienes han pensado invertir fuera del país a que vuelvan a apostar por Chile”, agregó.

Durante la jornada, el Ejecutivo volvió a postergar el ingreso del proyecto, que inicialmente sería presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. El aplazamiento se produce en medio de intensas gestiones para asegurar respaldos legislativos.

Uno de los actores clave en este proceso ha sido el Partido de la Gente, cuya bancada ha pasado de una postura crítica a una mayor disposición al diálogo tras una serie de reuniones con autoridades de Gobierno.

Entre ellas, destacan un encuentro encabezado por el ministro José García Ruminot y una posterior reunión telemática con los titulares de Interior y Hacienda, Claudio Alvarado y Jorge Quiroz, respectivamente.

La diputada Pamela Jiles valoró el giro en las conversaciones, asegurando que su colectividad ha logrado incidir en el proceso. “Este proyecto se iba a presentar hoy y no se presentó justamente porque el PDG se ha hecho sentir como un interlocutor relevante del Gobierno. Vamos avanzando”, sostuvo.

De acuerdo con fuentes de Radio Bío Bío, la postergación responde tanto a la falta de apoyos suficientes como a diferencias sobre el contenido de la iniciativa, lo que ha obligado al Ejecutivo a intensificar las negociaciones para evitar un revés en su tramitación legislativa.

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Además, se detectó el porte de, al menos, una bomba molotov.

El operativo se llevó a cabo en el establecimiento ubicado en avenida General Bustamante, hasta donde concurrió el Grupo de Operaciones Policiales Especiales debido a la peligrosidad de los elementos reportados.

Según antecedentes recabados por BioBioChile, junto con el lanzamiento de bengalas, un estudiante de tercero medio fue detenido en el marco del procedimiento por portar un artefacto incendiario.

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En entrevista con Radio Duna, la autoridad sostuvo que durante el gobierno anterior se realizaron anuncios que finalmente no se concretaron, especialmente en lo relacionado con el fortalecimiento de Carabineros. En ese contexto, cuestionó una de las promesas realizadas por Boric en su Cuenta Pública de 2024.

“Nos mintieron en la cara. El Presidente Boric dijo el 1 de junio de 2024 que iba a formar 800 carabineros extra y eso no es así, eso es falso”, afirmó Jouannet.

El subsecretario además aseguró que la actual administración ha avanzado de manera más decidida en las últimas semanas que lo realizado en los cuatro años previos, marcando una clara diferencia en la forma de enfrentar la crisis de seguridad.

En esa línea, defendió las acciones impulsadas por el Gobierno y destacó el reciente acuerdo suscrito entre Chile y Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado transnacional. Según explicó, esta alianza contempla apoyo tecnológico del FBI y nuevas herramientas operativas para reforzar el trabajo policial en el país.

“Este Gobierno tiene voluntades claras respecto de la lucha contra el crimen organizado. Lo que vamos a hacer es potenciar las policías nuestras para derrotar esto”, sostuvo la autoridad.

Jouannet también remarcó que la actual estrategia en seguridad tiene objetivos definidos y compromiso de cumplimiento, insistiendo en que la lucha contra el crimen organizado requiere medidas concretas y no solo declaraciones.

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Tras el impacto, el individuo se dio a la fuga, pero fue ubicado minutos después por personal de seguridad municipal a pocas cuadras del lugar. En ese momento, un segundo sujeto llegó en su defensa, generándose un enfrentamiento con los inspectores, con empujones e insultos, situación que fue registrada por cámaras y difundida en televisión.

Carabineros concurrió al lugar y detuvo al conductor, quien arrojó 1,46 en el alcotest. Según información policial, el individuo no tenía antecedentes penales, pero acumulaba 360 multas. El procedimiento quedó en manos de la policía, mientras se investigan las responsabilidades por el accidente y los desórdenes posteriores.

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El regreso se está realizando de manera gradual. En la primera jornada volvieron los estudiantes de 1° a 5° básico, quienes fueron recibidos con actividades enfocadas en el reencuentro, la contención emocional y el fortalecimiento del sentido de pertenencia. Estas instancias buscan ayudar a los alumnos a procesar lo ocurrido y avanzar en la recuperación del ambiente escolar.

Durante los próximos días continuará la reincorporación progresiva, con jornadas acotadas entre las 9:00 y 12:00 horas. Se espera que los cursos de 6° a 8° básico se sumen en las siguientes jornadas, mientras que la enseñanza media retornará a partir del viernes, grupo que podría presentar mayor impacto tras los hechos vividos, especialmente quienes estuvieron directamente involucrados.

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Mediante un comunicado, ambas organizaciones afirmaron que el incidente “no fue convocado por ninguna de nuestras estructuras ni forma parte de nuestra línea de acción política”.

Asimismo, acusaron que el caso está siendo utilizado como una “cortina de humo” para desviar la atención de otras materias. “Coincidentemente, este operativo de detención ocurre el mismo día en que se discute el proyecto ‘Escuelas Protegidas’, iniciativa que busca criminalizar al movimiento estudiantil y restringir beneficios sociales como la gratuidad”, señalaron.

Las agrupaciones también apuntaron a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien anunció la presentación de una querella y la solicitud de medidas cautelares más estrictas contra los imputados.

“Denunciamos públicamente a la ministra Steinert, quien utiliza un hecho aislado para generar un show mediático en lugar de atender las principales preocupaciones de la ciudadanía”, indicaron.

En esa línea, cuestionaron las prioridades del Gobierno en materia de seguridad, asegurando que “resulta preocupante que estos hechos tengan mayor relevancia que la lucha contra el crimen organizado”, junto con advertir un aumento en los índices de homicidios e intentos de homicidio durante la actual administración.

Finalmente, las juventudes calificaron como “inadmisibles” las declaraciones de la autoridad, señalando que podrían afectar la autonomía del Poder Judicial. “Exigimos que la investigación avance sin presiones políticas y con pleno respeto a la presunción de inocencia de los involucrados”, concluyeron.

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