Cuando digo que Talca está cambiando, no me refiero a una promesa. Me refiero a algo que usted ya puede ver: un bus eléctrico que no cobra a quien más lo necesita, 83 kilómetros de ciclovías, retiro de reciclaje en domicilio, compostaje, educación ambiental en nuestros colegios. Y en el horizonte, una ciudad donde el Parque Río Claro y el Bosque Municipal se conecten como una gran columna verde.

Bajo el liderazgo del alcalde Juan Carlos Díaz, este enfoque está en el centro de nuestra planificación. No como ideología, sino como sentido común: el desarrollo que hipoteca el futuro no es desarrollo, es deuda disfrazada de progreso.

Pero si algo he aprendido trabajando en planificación es que ninguna obra sostiene por sí sola a una ciudad. Lo que sostiene a Talca son sus vecinas y vecinos.

El municipio puede trazar ciclovías, pero si nadie las usa, son solo pintura en el asfalto. Podemos instalar puntos de reciclaje, pero si no separamos en casa, el esfuerzo se pierde. Podemos proyectar el parque más hermoso de la región, pero si no lo cuidamos entre todos, vuelve a llenarse de basura en un fin de semana.

La ciudad sostenible no se construye desde el municipio hacia afuera. Se construye desde cada hogar.

No te pido un sacrificio heroico. Te pido que recicles, que camines, que cuides la plaza del barrio como si fuera tu jardín. Porque en cierto sentido, lo es.

Talca tiene todo para ser una ciudad mejor. Ese futuro depende también de cada uno de nosotros. ¿Te animas a ser parte del cambio?

La entrada Talca, la ciudad que elegimos ser por Mariana Fuentes, Directora de Planificación, Municipalidad de Talca aparece primero en Atentos.

En ese camino, la movilidad urbana se ha transformado en una prioridad urgente. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Talca nace con una convicción clara: poner a las personas en el centro. Esto significa avanzar hacia un sistema que no solo facilite el tránsito vehicular, sino que promueva el transporte público, mejore la experiencia de peatones y ciclistas, y conecte de mejor manera nuestros barrios. Porque una ciudad bien conectada es también una ciudad más justa, donde todos pueden acceder a oportunidades sin que el transporte sea una barrera, reduciendo además la congestión y cuidando nuestro entorno.

Sabemos que estos cambios no ocurren de un día para otro. Requieren trabajo constante, coordinación y, sobre todo, el compromiso de todos. Por eso, este plan se ha construido escuchando a la comunidad y hoy avanzamos en sus seis ejes estratégicos: transporte público, conectividad vial, caminabilidad, ciclomovilidad, estacionamientos regulados y convivencia de modos. Queremos invitarles a ser parte de este proceso, porque la ciudad se construye entre todos. Talca tiene una gran oportunidad de consolidarse como una ciudad moderna, inclusiva y sostenible, y desde la planificación seguiremos trabajando con convicción para que ese futuro llegue a cada barrio y a cada familia.

La entrada Talca avanza: una ciudad que planifica pensando en su gente, por Mariana Fuentes Castro, Encargada de Planificación Comunal, Municipalidad de Talca aparece primero en Atentos.

Pareciera ser un signo de su impronta el hecho que, tan solo dos años después de su fundación, cuando se informaba a las autoridades mayores del reino sobre el avance de la distribución de tierras y obras realizadas, se dejaba en claro el creciente interés de familias por avecindarse en estos suelos.

Y esa ha sido la tónica. En su momento, el desarrollo industrial hizo que la ciudad creciera. Aparecieron los conjuntos habitacionales para los trabajadores de las empresas que vivían su esplendor en Talca, que se convertía así en la principal urbe y que atraía a numerosas personas a establecerse aquí.

Si hacemos el parangón con lo que vivimos en la actualidad, Talca sigue siendo un polo de atracción  de hombres y mujeres en su afán de conseguir oportunidades para una mejor calidad de vida. Ya en estos tiempos, no solo se trata de quienes migraban del campo a la ciudad o de asentamientos cercanos, sino que hablamos de personas que provienen de más allá de nuestras fronteras de país.

Ante este escenario planteado, siento que debemos buscar las razones que han hecho que a lo largo de su historia, Talca sea vista como un buen lugar para vivir. Creo que la respuesta está en que a través del paso de los años los habitantes confluyeron hacia sueños comunes que no solo permitieran el bienestar personal de cada uno de ellos, sino que también el crecimiento de la ciudad.

A veces miramos con nostalgia lo que Talca tuvo y que quizás ya no volverá a tener. Pero, más allá de eso, debemos entender que una ciudad es un cuerpo en constante movimiento y crecimiento, que se adecua a los intereses y necesidades de sus propios habitantes. Y es ahí donde, hoy, desde la gestión municipal que encabezo, estamos haciendo los esfuerzos para que esos intereses y necesidades los podamos encausar en iniciativas que tengan un beneficio colectivo. Es decir, estamos construyendo ciudad, agradeciendo lo que nuestros antecesores han hecho, pero entendiendo que hoy la ciudadanía tiene nuevas demandas que debemos escuchar.

Más participación ciudadana, una mejor protección social, posibilidades de impulso económico y una alta preocupación por el medio ambiente. Estos son, a grandes rasgos, los ejes en los cuales estamos proyectando la ciudad, escuchando a nuestros habitantes, dialogando cara a cara, para trabajar mancomunadamente por el sueño común que hoy tenemos, ese que habla de hacer de Talca una ciudad amigable con sus vecinos y vecinas, donde prime el buen trato y el respeto entre todos quienes la habitamos. Es definitiva, hacer de Talca una mejor ciudad para vivir.  

La entrada Juan Carlos Díaz Avendaño, Alcalde de Talca: «280 años de historia que debemos seguir construyendo en conjunto» aparece primero en Atentos.

En ese contexto, es necesario reconocer la necesidad de una nueva estructura del Estado capaz de adaptarse y garantizar un sistema de protección y promoción de los derechos digitales, así como de un nuevo chasis institucional y una nueva arquitectura en su gobernanza digital.

Esto significa que el ecosistema tecnológico debe ser capaz de canalizar la fuerza transformadora del desarrollo tecnológico y la digitalización humanista y sostenible para el bien común. Esto supone no pocas cosas, como facilitar el acceso equitativo de sus ciudadanos al mundo digital; democratizar y promover la incorporación a la economía digital; controlar el poder, evitar los abusos y la concentración del mercado; fomentar la libertad de expresión y de comunicación; asegurar el emprendimiento y la libre competencia; la protección de datos, el anonimato y la protección de los derechos de los niños y personas mayores; promover la tecnología al servicio de la condición humana y para la protección del medioambiente.

Esta nueva arquitectura institucional conlleva un ejercicio de traducción que entienda y comprenda los mundos «offline» y «online», para asegurar esos mínimos digitales básicos que permitan a la ciudadanía un bienestar digital digno.

El mundo digital no puede ser reflejo del viejo y lejano oeste proyectado en los estereotipos de los westerns de Hollywood, mientras ocurre la expansión y ocupación del territorio digital, la convivencia entre su población se debata entre el caos y el desorden, entre duelos y extravagancias.

Muy por el contrario, sus actores, usuarios y ciudadanos no pueden quedar merced a un territorio sin ley, más aún en un ambiente dinámico, en constante transformación, donde se habita y convive, y en donde debemos movilizar un marco legal nítido y robusto y con las herramientas institucionales necesarias para normar ese espacio común y su cumplimiento. Las personas deben esperar que las decisiones respecto de sus derechos las hagan instancias controladas por instituciones democráticas sujetas a las normativas y tratados internacionales.

Los derechos digitales en realidad son los derechos humanos y los derechos fundamentales que tenemos garantizados que deben ser aplicados a la esfera digital. Para ello debemos hacer un necesario ejercicio de comprensión, interpretación y re-lectura. Esa aproximación es cada vez menos sencilla, en un ambiente diverso y desigual, donde las casuísticas van recreando más particularidades y en las que aún no sabemos si las personas están en condiciones de entender, afirmar y confirmar cuando sus derechos son afectados en estas materias.

Hay diversos y amplios aspectos de una nueva Constitución que están vinculados a la esfera digital. Estos se pueden discutir, sin que ello implique promover una superinflacion de derechos, ni tejer una sobreregulacion normativa, ni menos retroceder en los principios de libertad, dignidad, autonomía, igualdad, privacidad, neutralidad, apertura y descentralización inherentes a la internet como red de redes. Algunos puntos mínimos a considerar son:

Desde el acceso universal se debe garantizar que toda(o)s las ciudadanas tendrán las mismas oportunidades de participar en el mundo digital y disponer de las herramientas necesarias para hacerlo, incluido el acceso, la conectividad significativa, la alfabetización y las habilidades necesarias. Disminuir las barreras que aparezcan en el sector, buscando soluciones regulatorias que faciliten el desarrollo y despliegue de infraestructura digital y las redes de servicios de telecomunicaciones.

Desde las libertades reconocidas por la Declaración Universal de Naciones Unidas se requiere garantizar la dignidad humana, los derechos fundamentales, la libertad personal y el bien común.

Asegurar la identidad en el entorno digital evitando que esta sea manipulada, controlada, suplantada y garantizar la protección de los datos personales con respecto a su licitud, integridad, transparencia, diseño y confidencialidad.

Asegurar la ausencia de sesgos de género en los datos y en los algoritmos usados. El Estado auditará y fijará estándares para asegurar igualdad y no discriminación, una rigurosidad técnica y ética para que los conjuntos de datos que se utilizan para entrenar sistemas de Inteligencia Artificial garanticen que los datos sean verdaderamente representativos de diversas poblaciones y no perpetúen las desigualdades y estigmatizaciones. También el derecho a no ser localizado o perfilado en los sistemas de análisis automatizados.

Desde la confianza digital y medidas de seguridad que garanticen integridad, disponibilidad, resiliencia y autenticidad.

Enfrentar brechas territoriales, género, ingresos, edad, con capacidades diferentes y asequibilidad en materia de cobertura, penetración y uso. El acceso diario a internet es lo mínimo que necesitamos para ver beneficios reales para el trabajo, la educación, la comunicación, la entretención, para ejercer derechos y para la prestación de bienes y servicios. Esto significa contar con una conectividad significativa, contar con un dispositivo apropiado, con suficientes datos, disponer de una conexión de banda ancha y que se disponga del presupuesto suficiente.

La protección a menores de edad y personas mayores, en tanto a su personalidad, dignidad, derechos fundamentales, intimidad, honor y propia imagen.

El derecho a participar de la economía digital y en la igualdad de condiciones para el emprendimiento tecnológico. Garantizar una competencia leal en el mercado digital para facilitar el crecimiento de las medianas, pequeñas y emprendimientos nacionales y afirmar el liderazgo de Chile en la innovación digital, en el diseño de servicios y economía digital, al tiempo que protege a los consumidores de los abusos y fallas del mercado.

Fomentar la ciudadanía digital. El derecho a la participación, a la comunicación, conformación y participación en el espacio público. La instituciones democráticas garantes de la no violencia activa en el mundo online, libre de odio y extremismo violento.

El derecho a la neutralidad de internet y tecnológica, a la libertad de expresión e información; libertad de creación y acceso a la cultura en los entorno digitales; el acceso a la información y los datos como condición necesaria para generar valor público y contribuir a la concreción del conjunto de derechos que se reconoce a las personas.

Así como en la sociedad industrial se requirió ajustar los derechos, en plena evolución desde una sociedad agrícola a una industrial e ir (de)construyendo los derechos de acuerdo a los desafíos que imponía el nuevo entorno, hoy nos encontramos en una fase de transición similar.

La conversación sobre los derechos digitales en la Convención nos permite generar un contexto para instalar una mirada país en la era digital, para la protección de los derechos de la ciudadanía, de la actividad privada, de la innovación, de la transferencia tecnológica, de la creación, del derecho de autor, de la identidad y la soberanía digital.

Los cambios que hoy estamos experimentando en nuestra civilización están entrelazados entre el desarrollo científico tecnológico, la innovación disruptiva y la capacidad de acceder, usar y adaptarse por parte de los ciudadanos a este entorno tecnológico y digital. Nuestras naciones, sus territorios y personas, están ligados a un modelo de desarrollo que fomente la transformación digital y que tenga la capacidad para combatir el calentamiento global. El problema es cuando este tipo de tecnologías no son las habilitantes para desatar más ciudadanía, más progreso y más democracia, sino que son capturados monopólicamente por algún grupo, sector o ideología, acaparados unilateralmente como instrumento de dominación, de control, de superación de lo humano, en perjuicio del humanismo digital que entiende que la tecnología es un medio para el bien común colectivo e individual.

Rodrigo Ramírez Pino, Presidente de la Cámara Chilena de la Infraestructura Digital, ex subsecretario de Telecomunicaciones

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Podríamos decir que es un elemento de primera necesidad, sobre el cual -según datos oficiales- corresponde hasta un 19% del presupuesto que los hogares destinan a servicios básicos. Por eso genera indignación cuando mes a mes los recursos de las familias se ven mermados por las constantes alzas.

Y más aún, cuando nos enteramos que la Fiscalía Nacional Económica (FNE), órgano del Estado encargado de defender y promover el libre mercado, advierte que tres empresas grandes del rubro han ido aumentando sus márgenes, es decir, la diferencia entre los costos y el precio público. En síntesis, la FNE nos sorprende -para mal- cuando concluye que cada año los consumidores, en total, pagamos 181 millones de dólares en exceso por el gas licuado en Chile. Ciertamente es algo que indigna.

A veces se dice que los problemas sociales se distorsionan o maquillan con las cifras. Sin embargo, en ese caso es lo contrario, porque mientras más cifras se aportan, más argumento hay para resolver este tema con la celeridad que lo requiere nuestra ciudadanía. Y aquí tenemos el dato que más interesa a todos, porque de acuerdo a los precios informados por los distribuidores de gas licuado y que se encuentran disponibles en la plataforma gasenlinea.gob.cl, en nuestra comuna de Talca, en la actualidad, el valor de un cilindro de 15 kilos tiene un valor promedio aproximado de 24 mil pesos. 

Y como dije al principio, esto no nos deja indiferentes. Si la FNE, además, recomienda prohibir que las tres principales empresas (y casi las únicas) vendan gas licuado a los clientes finales, entonces, somos los municipios los que hemos decidido tomar cartas en el asunto para resolver esta distorsión del mercado del gas y que, finalmente, más allá de las consideraciones técnicas y legales, el que está viéndose mayormente afectado es el ciudadano común.

Y la presión ejercida va dando algunos frutos. La primera es que después de los primeros municipios que nos manifestamos públicamente en nuestra pretensión de ser distribuidores minoristas de ENAP, se sumó más de un centenar a esta iniciativa y ya se ha creado una asociación edilicia al respecto. Pero como cualquier gran desafío no está exento de complicaciones, la Contraloría General de la República advirtió que por ley las municipalidades no estamos facultadas para vender gas.

No obstante, tal como leí de un anónimo ciudadano en las redes sociales, “si una ley no favorece a la ciudadanía, entonces es una mala ley”, nuestra presión está ahora hacia nuestros legisladores para que modifiquen la normativa permitiéndonos llegar con este bien esencial a la gente, tal como en el caso de Talca lo estamos haciendo con otros servicios de primera necesidad, como es el caso de los remedios a través de nuestras farmacias Junto A Ti y de la atención dental a bajo costo por intermedio de la clínica odontológica.

Lo que nos está desmarcando del resto de los municipios, es que en Talca, tanto las farmacias como la clínica odontológica, son iniciativas desarrolladas a través de la Corporación Municipal de Desarrollo, misma vía por la cual se está llevando adelante la propuesta de gas municipal. Esto nos da una ventaja y nuestra fórmula podría ser la pionera en sacar adelante esta necesidad sentida de la gente.

Por eso, quiero decir a los vecinos y vecinas que nuestra postura es de buscar una pronta solución y por eso perseveraremos en la creación del gas a precio justo para nuestros vecinos. Tengan certeza que haremos todo lo que sea necesario para corregir esta distorsión del mercado y que no siga existiendo esta colusión que afecta a todos nuestros vecinos y vecinas.  

La entrada Juan Carlos Díaz: «Encendimos la llama del gas a precio justo» aparece primero en Atentos.

Hablo de desafíos porque desde que asumí el primer periodo, trazamos un horizonte en el cual fijamos ejes relevantes, tales como la preocupación por nuestros adultos mayores, contar con más y mejores espacios urbanos, recuperar nuestro casco histórico y avanzar en una ciudad sustentable, entre otros aspectos. Todo ello marcado por otro elemento relevante como es la participación ciudadana. 

Nuestro principal reto es profundizar lo que hemos venido haciendo en gestión municipal, pero agregando en ello la constante preocupación por el tema sanitario y la derivada social que ha traído consigo la pandemia del Covid-19.

También debemos hacernos cargo de las demandas que la sociedad ha venido manifestando y que esperan se vean reflejadas en una nueva Constitución. Sin embargo, hay elementos que son esenciales y que como municipio podemos ir brindando de mejor manera.  

Hoy, las vecinas y los vecinos esperan tener mayor espacio de participación en las decisiones de la comuna. Hemos venido dando pasos en esa dirección. Hemos enfrentado un proceso de consulta con dirigentes vecinales y representantes de organizaciones –por ciento, cumpliendo con las medidas sanitarias- para la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal, del cual estamos recogiendo las necesidades de la gente para materializarlas en proyectos, tal como ya lo hicimos con la puesta en marcha de la clínica odontológica y más áreas verdes (provenientes de los resultados de la consulta ciudadana) o el servicio de transporte gratuito para adultos mayores y personas con discapacidad (surgido de diálogos ciudadanos realizados en el contexto del estallido social). De esta manera, debemos seguir abriendo los espacios de participación porque sabemos que hay más grupos de nuestra sociedad que quieren aprovechar dichos espacios.   

Asumo este segundo mandato con la convicción de transformar a Talca con grandes y relevantes ejes. Queremos convertir a Talca en una ciudad para la felicidad, que sea a escala humana con nuestros servicios municipales más cerca de la gente y que ayude a resolver sus requerimientos. Una ciudad que tenga la justicia social como condición mínima de convivencia, profundizando el sistema de protección con programas orientados a los grupos más vulnerable, como los adultos mayores, discapacitados, niños, niñas y mujeres. Una ciudad con desarrollo sustentable, rescatando y ampliando “el patrimonio verde” de la comuna para ponerlo al servicio de las familias en una relación de respeto con la naturaleza. Una comuna con una democracia más profunda y con mayores espacios de participación, con consultas ciudadanas permanentes, donde la gente puede incidir en procesos de cambio relevantes del territorio. Una ciudad cono economía solidaria desarrollada a escala humana, donde la infraestructura, la tecnología, el turismo, la educación y la inversión, deben ponerse al servicio de los habitantes y sus aspiraciones.

Para todo esto, confío en el trabajo del Concejo Municipal que acaba de asumir, con una composición amplia y diversa, donde está representada la comunidad talquina en su conjunto, con sus distintas visiones. Creo firmemente que esta característica enriquecerá la gestión. En este contexto, quiero convocar a los diez concejales a trabajar de manera unida, mancomunada y pensando en el bien común de la ciudad; acogiendo el aporte en ideas, escuchando, debatiendo y obteniendo como resultado lo mejor para el desarrollo de la comuna y su gente.     

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El reciente estudio de opinión pública “Imagen y Posicionamiento de la Defensoría Penal Pública” encargado por la institución a la empresa CADEM, y que se desarrolló entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020, entregó interesantes resultados con relación a la percepción ciudadana del sistema de justicia penal y los temas relevantes de la nueva Constitución Política de la República, entre otros temas de interés.

Preocupa sobremanera que a 20 años de la instauración de un sistema acusatorio, oral y público en Chile, aun sólo el 35% de la ciudadanía cree que el sistema de justicia penal da garantías y respeta los derechos humanos y sólo un 47% piensa que estas garantías son resguardadas durante el juicio. Además, solo un 31% piensa que los derechos de los detenidos en comisarías son respetados.

Lo anterior ratifica que la ciudadanía, pese a todos los esfuerzos que se han venido realizando, aun no considera que la justicia penal se haga cargo de todas sus demandas de igualdad, acceso y transparencia, amén del respeto que todos los órganos del Estado deben, por mandato constitucional e internacional, a los Derechos Humanos de todas y todos.

Por ello es que queda muchísimo por hacer en este plano esencial de la vida de las personas, una vez que salvemos el escollo que va a generar la masiva suspensión de audiencias en materia penal, y volvamos a la ‘normalidad’, ojalá más temprano que tarde.

No obstante lo anterior, hay respuestas de este estudio que nos hacen mirar con optimismo el futuro, en efecto, el 56% de los chilenos cree que el sistema de justicia penal va a mejorar con una futura Carta Fundamental, el 76% de la ciudadanía está de acuerdo con que la Defensoría Penal Pública debe ser autónoma, al igual que las otras instituciones que componen el sistema de justicia penal, y un 81% de los chilenos está de acuerdo con que haya abogados defensores en los cuarteles policiales.

Esta mirada positiva nos llena de posibilidades en torno a que la labor de la Defensoría Penal Pública pueda seguir obteniendo buenos resultados en sus nuevos rumbos, marcados como su rol de líder en el respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos; en sus nuevas líneas de defensa especializadas, como es la atención en cuarteles policiales, y en una nueva condición orgánica, ya sea en la nueva Constitución o a través de una reforma legal, consiguiendo la Autonomía que nos hemos ganado por madurez y resultados.

Los años que vienen pues, para la Defensoría Penal Pública, lejos de ser de estancamiento o planicie, se avizoran cargados de desafíos y nuevos enfoques, que estamos preparados para discutir y aportar en el nuevo orden constitucional de Chile que se aproxima.

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El primero de ellos y el más tangible hasta el momento es la eliminación de los peajes laterales en los ingresos de Varoli y El Tabaco, acción que comenzó a regir a las cero horas de este 1 de abril. Esto no es algo menor. Por el contrario, es un hecho relevante porque es una de las condiciones que como comunidad organizada logramos obtener en una lucha contra una decisión tomada en el seno de una oficina en Santiago, sin escuchar a la ciudadanía afectada, de manera absolutamente arbitraria.

Fue una batalla que me tocó encabezar como alcalde, pero que contó con el empuje y fuerza de la comunidad que se unió por hacer valer nuestras necesidades. Nos opusimos al bypass, el que originalmente no contemplaba solución alguna a nuestro serio problema de conectividad oriente-poniente. Nos enfrentamos a la tozudez de muchos, pero logramos medidas relevantes que harán justicia a una mejor calidad de vida para nuestros habitantes.

Hoy respiramos con orgullo al ver que se levantan las barreras a un tránsito sin peajes, pronto veremos como también el acceso por calle 8 Sur volverá a ser utilizado y, con la planificación establecida, en el mediano plazo comenzaremos a ver cómo se hacen realidad los atraviesos a la carretera en Lircay, 17 Norte, junto a los ensanches de Varoli y 2 Norte. Estamos viendo el inicio de lo que logramos actuando como una comunidad unida. Esa es la forma y así debemos seguir trabajando.

Juan Carlos Díaz Avendaño

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Enrique Cantero/Antropólogo- Encargados de estudios cualitativos Contextus Ltda.

A poco menos de un mes de las elecciones a realizarse los días sábado 10 y 11 de abril donde se elegirán Concejales, Alcaldes, Gobernadores Regionales y Constituyentes, no se aprecia el mismo grado de efervescencia social que se pudo ver en los meses previos a octubre del 2020. Lo anterior puede estar dado, por una serie de factores que trataremos de ir explicando a continuación.

Desde el surgimiento del estallido social en octubre 2019, la ciudadanía puso en jaque a la clase política, la cual se vio de alguna manera obligada a asumir la modificación de la constitución construida en el Gobierno militar y que dirigió los lineamientos de este país en un sinfín de espacios. Los altos niveles de desigualdad, asumidos principalmente por la clase media y baja de nuestro territorio, además de la posibilidad de no poder tener opinión en temas sustanciales como salud, educación, derechos de agua, entre muchos otros, conllevo a una situación de indignación, la cual fue originada por un grupo de secundarios que evadieron el metro en la capital y como un efecto dominio, comenzó a gestarse en los distintos grupos de nuestra sociedad. Frente a la mencionada presión, no le quedó otra a los actores políticos de acceder a las demandas de la ciudadanía, pero no a cualquier demanda, sino a una que tenía que ver con la posibilidad de modificar la Constitución construida en la dictadura militar. 

En noviembre del 2019 distintos actores políticos se reunieron y firmaron un acuerdo por la Paz, el cual sentaba las bases para el desarrollo de un Plebiscito nacional que, el cual, aunque se haya modificado por la Pandemia, igual se desarrolló en el mes de octubre del año recién pasado. En esta instancia, el Apruebo gano en todo Chile con casi un 80% de las preferencias y más aún, la forma en que se tendría que redactar ese documento, era por las bases de la sociedad y no por la clase política que hoy por hoy es una de las instituciones de más baja credibilidad a nivel país.

Si miramos los datos de la consultora Contextus, podemos ver que en la encuesta desarrollada en agosto del año pasado un 60,6% de los encuestados/as declaraba ir a votar con toda seguridad, además de manifestar en un 84% que era determinante hacerlo. Frente a lo expuesto, podíamos visualizar una alta adhesión a ese proceso eleccionario, el cual era voluntario, pero que en esencia quería modificar los lineamientos del país, desarrollando una sociedad más igualitaria, con un mayor grado de oportunidades y que no solo beneficiaría a la clase de mayor poder económico de este país.

Luego del triunfo del Apruebo, existía una sensación colectiva de esperanza, pero con no menos temor que los partidos políticos o los grupos de mayor poder económico se apoderaran de esta instancia, ya que no podemos olvidar que el acervo principal de este triunfo es de la gente, o sea, las bases de nuestra sociedad.

A medida que fue avanzando el proceso de selección de los/as participantes a Constituyentes, se comenzaron a dar los antiguos vicios de la política que la gente no quiere, con caras que fueron parte de conglomerados con largos espacios de poder y con actores políticos que de una u otra forma se “querían repetir el plato”, lo cual era algo que la gente no esperaba, ni espera. A esto se suma, los grupos de independientes, los cuáles al no tener grandes recursos, ni tiempo, ni apoyos partidistas clásicos, pueden convertirse en una especie de “saludo a la bandera” dentro de este proceso democrático que le quiere cambiar la cara a Chile. 

Volviendo al tema de las encuestas de la consultora Contextus, podemos ver en un estudio realizado en el mes de marzo del presente año, que la disposición a votar por parte del votante duro llegó a un 47,4%, o sea, un 13,2% menos que el porcentaje que marcaba el votante duro para el Plebiscito y eso puede tener una serie de elementos necesarios de mencionar. 

Por un lado, la gran cantidad de personas que participaran de dicho proceso (Concejales, Alcaldes, Gobernadores Regional y Constituyentes), no hacen otra cosa que el votante caiga en una especie de confusión, encontrándose con papeletas de voto tipo “diario el Mercurio”, con un sinfín de candidatos/as, que lo único que haga es que haya una dispersión importante en los votos a obtener por los/as participantes y muy probablemente, los bolsones de votos sean acaparados por grupos que seleccionaron a actores políticos con un alto nivel de conocimiento, ya que como se dice popularmente “a nadie le gustar perder su sufragio”. A esto se le suma, que el gran aliciente era el tema de los/as Constituyentes, pero esa posibilidad de ha ido diluyendo debido al desorden que ha tenido este proceso, la falta de recursos mencionada anteriormente, además del nulo espacio que han tenido en las franjas electorales. Para finalizar, a este punto se suma, que la elección mencionada se llevará a cabo en dos días (por primera vez en la historia), y no sabemos el rol que podría jugar la Pandemia en los segmentos adultos mayores que por temor a contagiarse se podrían restar del proceso eleccionario.

Frente a todo lo anteriormente expuesto, sería pertinente, sobre todo por nuestra situación sanitaria mover un par de meses las elecciones, donde el proceso de vacunación tenga un alcance más significativo en la población, lo cual conlleve grados importantes de confianza a la hora de participar, así como también, darles la posibilidad a los candidatos/as con menos recursos y menos posicionamiento público a desarrollar mayores espacios de conocimiento en el posible votante. Lo planteado en el presente documento no está en nuestras manos, pero como centro de estudios local, consideramos determinante abrir el debate para implementar modelos eleccionarios más representativos y con mayores niveles de información, tal como lo haría cualquier sociedad que dice reconocerse como desarrollada o en vías de ello y de esta forma, redactar una carta magna ordenada, integrativa y que represente el sentir de la mayor cantidad de compatriotas que decidieron este mecanismo para tener un país más inclusivo, igualitario y con mejores estándares en su calidad de vida.

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Este tres de marzo se cumplió un año desde que se identificó el primer caso de Coronavirus en la Región del Maule y también en nuestro país. Un virus que llegó para quedarse y al cual hemos tratado de combatir desde todos los puntos de vista.

El año que pasó fue muy difícil para todos los habitantes del Maule, pero mucho más complicado para aquellas personas que han sufrido la pérdida de algún ser querido por este virus. También para aquellos que han tenido que combatir la enfermedad, que han estado hospitalizados y han vivido de primera fuente los ataques de este desagradable visitante. Por otro lado, miles de familias maulinas han sufrido por la pérdida de sus empleos, algo que ha calado hondo en las situaciones familiares de cada maulino.

También, quiero destacar a todos los trabajadores de la salud que no han parado durante todo un año, entregando lo mejor de sí para ayudar a nuestros compatriotas. Quiero rendirles un pequeño homenaje, aunque sean estas breves palabras, a todos esos funcionarios, valientes, solidarios que se han entregado por ayudar al prójimo, mis felicidades y a pedirles que no bajen los brazos, porque esta lucha continúa  y no nos podemos amilanar ante este virus.

Como Consejero Regional, desde el inicio de la pandemia he estado muy preocupado por mis compatriotas y trabajando fuertemente para aportar con los que más han sufrido. En primer lugar, aprobamos recursos de emergencia, para la compra de cajas de alimentación para las familias más vulnerables de nuestra región. Sabíamos que faltaba mucho más, pero quisimos llegar de manera rápida a aquellos que estaban sin poder trabajar y que necesitaban alimentos urgentemente.

Luego, realizamos a través del Gobierno Regional diferentes inversiones para reactivar la economía de nuestra región, a través de distintos programas ejecutados por servicios como Sercotec, Fosis y Corfo, entre otros, además de invertir en ambulancias, equipos PCR y ventiladores. En total fue una inversión de más de 13.600 millones de pesos para combatir al coronavirus. Y este año tengo la misma disposición para seguir aprobando proyectos que busquen beneficiar a las personas, en el marco de esta pandemia que tanto nos ha afectado.

También quiero destacar el trabajo que ha realizado el Gobierno, primero con la cartera de bonos y ayudas estatales para enfrentar la pérdida de empleos y también con la llegada de las vacunas a nuestro país y el inicio de la vacunación en la región. Actualmente ya hay más de 218 mil personas inmunizadas contra el Covid-19 en nuestra región.

Aún falta mucho por hacer, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando con fuerza para ganarle al covid-19, actualmente han fallecido 857 maulinos (al 02 de marzo) y no queremos que esa cifra siga aumentando y para eso tenemos que actuar con responsabilidad, se que muchos están aburridos, pero hay que seguir respetando las medidas sanitarias, mantener el distanciamiento social y cuidarnos unos a otros. Esta es la única forma de vencer a este virus, los maulinos somos fuertes y resilientes y #ConlaFuerzadelMaule saldremos adelante.

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