La Contraloría General de la República detectó una falta de fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación en establecimientos con altos niveles de denuncias por violencia escolar. Según el Informe N°660, entre 2020 y el 13 de octubre de 2025 se registraron 35.410 denuncias a nivel nacional, pero solo 1.727, equivalente a cerca del 10%, derivaron en procesos de fiscalización.
El organismo también advirtió que la violencia escolar no ha disminuido en los últimos años, transformándose en una de las principales problemáticas de la educación pública en Chile. Por ello, instruyó a la Superintendencia a incorporar nuevas variables de priorización en su plan de fiscalización, especialmente en recintos con hechos reiterados, y entregar un informe en un plazo de 60 días hábiles.
Además, la auditoría reveló irregularidades en la reubicación de estudiantes expulsados o con matrícula cancelada en liceos emblemáticos por hechos de violencia. Se constató que 38 alumnos fueron reincorporados al mismo establecimiento o matriculados en otros liceos con altos índices de conflictividad, incumpliendo la normativa vigente. Ante esto, Contraloría ordenó a la Superintendencia y a la Subsecretaría de Educación coordinar medidas para regular adecuadamente estos procesos.
