Chile y Estados Unidos darán este lunes un nuevo paso en materia de seguridad con la suscripción de una enmienda a la Carta de Acuerdo sobre control de narcóticos y cumplimiento de la ley, instrumento que permitirá fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional mediante una inversión de US$ 1 millón por parte de la administración estadounidense.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Trinidad Steinert, en conjunto con el Departamento de Estado de Estados Unidos, y tiene como objetivo robustecer las capacidades operativas de las fuerzas de orden y seguridad chilenas frente a delitos complejos vinculados a redes criminales internacionales.
Según detalló la cartera, los recursos estarán enfocados en la interrupción y desmantelamiento de organizaciones criminales, así como en el apoyo a la investigación y persecución penal de integrantes de estas redes que infrinjan el derecho internacional. En esa línea, la ministra Steinert afirmó que este acuerdo permitirá fortalecer herramientas del Estado para enfrentar fenómenos delictuales cada vez más sofisticados y transnacionales.
La secretaria de Estado sostuvo además que la cooperación apunta a reforzar la respuesta frente a amenazas como el narcotráfico, los ciberdelitos y el lavado de dinero, mediante asistencia técnica, capacitación especializada y mayor coordinación entre agencias. Con ello, agregó, se busca fortalecer la seguridad pública y consolidar la cooperación internacional en un ámbito considerado prioritario para ambos países.
Uno de los puntos centrales del acuerdo contempla la creación de un nuevo equipo interinstitucional entre la Policía de Investigaciones de Chile y el FBI, profundizando una colaboración que ya existe entre ambas instituciones en el intercambio de antecedentes y apoyo investigativo. Los fondos serán destinados a equipamiento logístico y tecnológico para las indagatorias que desarrolle esta unidad conjunta, así como para nuevas investigaciones en recintos penitenciarios.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad, los recursos permitirán la compra de vehículos, computadores y herramientas especializadas para la investigación de delitos complejos. Desde el Ejecutivo destacan que, además del impacto operativo, el convenio representa una señal política y estratégica de respaldo de Estados Unidos a la agenda de seguridad del gobierno del Presidente José Antonio Kast.
El acuerdo también establece mecanismos de seguimiento para evaluar su implementación. Entre ellos, se contempla el intercambio trimestral de datos sobre el desempeño de las medidas adoptadas y reuniones al menos una vez al año entre las partes para revisar el avance de las metas fijadas.
