Un nuevo foco de controversia se instaló en el debate sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de que se revelara que parlamentarios de distintos sectores políticos, junto a autoridades de Gobierno, mantienen deudas impagas asociadas a su financiamiento universitario.
El caso surge a pocos días de un emplazamiento público del Presidente José Antonio Kast, quien llamó a las autoridades a regularizar sus compromisos financieros. “Que se pongan al día porque tienen que ser un ejemplo frente a la opinión pública”, afirmó el Mandatario, advirtiendo incluso sobre la posibilidad de transparentar estos antecedentes.
Deudas millonarias en el Congreso
De acuerdo con un informe publicado por El Mercurio, al menos ocho diputados en ejercicio registran deudas vinculadas al CAE, en algunos casos por montos que superan los $30 millones.
Entre ellos destaca la diputada Claudia Reyes, quien concentra la mayor deuda entre los parlamentarios, con cerca de $38 millones asociados a sus estudios en la Universidad Austral de Chile. Hasta ahora, la legisladora no se ha referido públicamente a la situación.
También figura el diputado José Carlos Meza, con una deuda cercana a $16 millones. El parlamentario aseguró que ya inició gestiones para regularizar su situación, señalando que podrá suscribir un convenio de pago en las próximas semanas.
La lista incluye además a la diputada comunista Nathalie Castillo, con cerca de $27,8 millones; al independiente Héctor Ulloa, con $18,6 millones; y a la frenteamplista Carolina Tello, con $12,9 millones.
Desde el Partido Socialista de Chile, los diputados Emilia Nuyado y Francisco Crisóstomo registran deudas menores, mientras que Sara Concha, del Partido Social Cristiano, aparece con una mora cercana a $1,5 millones.
Autoridades de Gobierno también involucradas
El reporte no se limita al Congreso. También incluye a al menos seis autoridades del Ejecutivo —entre delegados presidenciales y seremis— que mantienen deudas impagas, algunas de las cuales bordean los $40 millones.
Tanto desde el oficialismo como desde la oposición, varios de los involucrados han señalado estar en proceso de regularización de sus compromisos financieros.
Debate por responsabilidad pública
La situación reabre el debate sobre la responsabilidad de las autoridades frente a obligaciones con el Estado, especialmente en un contexto en que se discuten eventuales reformas al sistema de financiamiento estudiantil.
El caso instala además cuestionamientos sobre la coherencia entre el rol público de quienes legislan o administran políticas educativas y su comportamiento personal respecto del cumplimiento de deudas vinculadas al CAE, un instrumento que ha estado en el centro de la discusión política en los últimos años.
