La seguridad de Ecuador se vio seriamente amenazada esta semana luego de que se registraran motines en distintas cárceles, a lo que se sumó la fuga de dos principales líderes de organizaciones criminales: ‘Fito’, de Los Choneros’, y ‘Capitán Pico’, de Los Lobos.

En respuesta, el presidente Daniel Noboa decidió decretar estado de excepción junto a un toque de queda, con el fin de que los militares tomen el control de las calles y sobretodo de los penales, verdaderos centros de mando de las peligrosas bandas.

Los grupos vinculados al narcotráfico lanzaron una fuerte arremetida, secuestrando policías, irrumpiendo en universidades, causando desórdenes en la vía pública e incluso entrando a un canal de televisión, mientras se transmitía en vivo como los delincuentes armados amenazaban a los presentes.

La secretaria de Estado señaló este miércoles desde el Congreso que la situación «generó la atención de los organismos del Estado de Chile a cargo de la seguridad. Desde ayer la Cancillería tomó contacto con sus pares en Ecuador, ambas policías lo hicieron, Gendarmería también lo hizo, todo ello para tener en información y también para ofrecer colaboración».

«Se hizo desde ambas policías un levantamiento de información para estar atentos, pendientes de si esto pudiera tener alguna repercusión dentro de grupos criminales chilenos en las cárceles y en las fronteras», agregó.

La titular de Interior sostuvo que «en las fronteras se han reforzado los controles, se han dado indicaciones para que estén atentos si pudiera haber algún tipo de síntoma sobre si alguno de estos grupos o integrantes de las bandas buscan ingresar a nuestro país».

A propósito de lo que vive el país latinoamericano, indicó que «no estamos en la misma situación. Ecuador tiene 27 fallecidos por homicidio por cada 100 mil habitantes, nosotros tenemos 6,7. Es otra realidad. Y muy importante, el crimen organizado, el narcotráfico lo estamos enfrentando con legislación, con institucionalidad y recursos extraordinarios».

«La realidad de Chile respecto de la seguridad no es la realidad de Ecuador».

«En ambos países hay crimen organizado, en ambos países hay una prioridad por la seguridad. La diferencia es que en Chile hemos logrado movilizar las capacidades de nuestras instituciones con debate, diferencias, una prioridad común en el mundo político que ha significado que estamos subiendo los recursos de manera significativa, que estamos aprobando una gran cantidad de legislación y que estamos fortaleciendo las instituciones», puntualizó Tohá.

Por último, descartó que la situación en las cárceles de Ecuador sea similar a la de Chile, ya que «tenemos sistemas penitenciarios donde tenemos control de lo que está pasando adentro. Eso no quiere decir que haya internos con conductas inadecuadas, pero no tenemos un desgobierno, no tenemos la situación que observamos ayer en los medios de comunicación».

«Nos hemos preparado para esto, tenemos un presupuesto para el crimen organizado que entrega recursos especiales a Gendarmería», acotó la ministra.

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“Fue una reunión a mediados de año en el invierno, no recuerdo exactamente la fecha”, indicó la secretaria de Estado durante un punto de prensa.

Esto último, ante la polémica que generó la serie de reuniones que sostuvieron ministros y parlamentarios con empresarios, en el domicilio del lobbista, Pablo Zalaquett, sin dejar los encuentros registrados en la plataforma de Ley de Lobby.

“Es una reunión como con veinte personas, que yo no los conozco prácticamente, o sea, conocía solamente una de esas personas que es Karen Thal de Icare, y el anfitrión, que es Pablo Zalaquett, y los otros son empresarios que no conozco mayormente”, agregó.

“Recuerdo que había una persona de Sky, una persona de Falabella, una persona de BCI, pero yo no los ubico”, sostuvo Tohá.

“Era como un público al cual se le hizo una presentación. Me hicieron preguntas y yo respondí”, explicó.

En ese sentido, la ministra del Interior defendió la cita, apuntando que “fue un encuentro que tiene como lógica un espacio donde se me invita a contar qué está haciendo el Gobierno, cuáles son sus políticas en materia de seguridad, como cuáles son nuestras perspectivas como alianza de gobierno”.

“Ninguna de esas temáticas y de ese tipo de conversaciones cae en la hipótesis de la Ley del Lobby”, sentenció la titular de Interior.

“Yo no soy una persona que desconozca el tema de la Ley del Lobby. Nosotros en el Ministerio de Interior tenemos reuniones por Lobby. Y las reuniones por Lobby son aquellas en que un grupo que tiene un interés en una decisión que se va a tomar, quiere ir a hacer un planteamiento para lograr que se tome una decisión o que no se tome una decisión”, insistió.

“Esto es al revés. No fue hacerme un planteamiento a mí, sino que yo, como ministra, presentara las políticas del Gobierno, contara las perspectivas que tenemos como alianza, cómo estamos viendo el futuro, cómo vemos los desafíos de la seguridad. La Ley del Lobby no es para eso, y por lo tanto no cae dentro de las reuniones que uno debe registrar a través de esa modalidad”, sentenció.

“Si uno quisiera regular de otra manera el lobby, habría que cambiar esa ley”, propuso la ministra Tohá.

“Ahora, desde el punto de vista del valor de las reuniones de este tipo, nosotros como gobierno, el mandato que tenemos, la prioridad que tenemos, es que se entienda lo que estamos haciendo”, explicó.

Asimismo, confirmó que los ministros que hasta ahora han sido mencionados, han sido quienes participaron en las reuniones en la casa del lobbista, Pablo Zalaquett.

“Cuando se supo de esto se consultó a todos los ministros y los ministros que participaron en reunión lo contaron”, dijo.

“El Gobierno contó quiénes fuimos a esas reuniones, nosotros mismos fuimos a informar a la opinión pública y respecto a las características de estas reuniones”, reiteró.

En esa línea, la ministra del Interior reafirmó que “ninguna de estas reuniones es secreta”.

“Cuando uno va a una reunión con veintitantas personas que no conoce, con las que no tiene ningún vínculo de cercanía, ni de confianza, en ningún momento asume que es una reunión que no se va a conocer. O sea, no hay ningún afán de esconderlo”, sentenció.

“Cuando uno quiere esconder una reunión, no se junta con veinte desconocidos y queda cruzando los dedos que no lo vayan a contar”, señaló.

Finalmente, consultada por Miguel Crispi y las eventuales reuniones que pudo haber sostenido en la casa de Pablo Zalaquett, Tohá aclaró que solo se preguntó a los ministros.

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Primero fue La Reina, la semana pasada, que liberará recursos para el programa de Vigilantes Civiles Municipales, y en la víspera se sumó La Florida, que contrará a 100 funcionarios jubilados de Carabineros, de las Fuerzas Armadas y de Gendarmería para equipos que Carter denominó «batallones de acción ciudadana».

La jefa de gabinete sostuvo que «como Gobierno tenemos un trabajo permanente con las municipalidades del país, cotidiano, y las autoridades de Interior trabajos todos los días con los alcaldes».

“Para permitir ampliar la cuota de uniformados retirados que se pueden recontratar, duplicamos esa cuota. Y no solo la duplicamos, sino que cambiamos las reglas con que se hace esa recontratación para hacerla más atractiva”, explicó.

La ministra señaló que “no creemos que es una buena idea traspasarle nuestras responsabilidades como Estado a los vecinos”, refiriéndose a la inclusión de civiles para combatir la delincuencia.

“No es correcto pensar que nuestras responsabilidades se las podemos traspasar a ellos y exponerlos a tener un contacto o un control directo de la delincuencia, eso puede traer más inseguridad que seguridad a nuestros barrios”, apuntó.

En la misma línea, aseveró que “como Gobierno tenemos un trabajo permanente con las municipalidades del país, cotidiano”. Ejemplificando con “las modalidades de patrullajes mixtos, en que a través de convenios de colaboración con las policías, tenemos a municipales y Carabineros haciendo patrullajes en conjunto”.

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Según detalló la secretaria de Estado, se trata de vuelos comerciales y de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con destino a Venezuela y Colombia o República Dominicana, lo que implicó un “aumento” -según dijo- de recursos por $1.400 millones.

“Este año, hace pocas semanas, se acaban de suplementar los recursos para expulsiones en 1.400 millones de pesos. Eso nos va permitir contratar dos vuelos comerciales y tener adicionalmente un vuelo de la FACh, dirigidos en dos casos a Venezuela y en el tercer caso a algún otro país, probablemente República Dominicana o Colombia”, dijo en diálogo con Radio Universo.

Luego complementó que, “adicionalmente a eso, todas las semanas hay personas que se expulsan en vuelos comerciales”.

El martes el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, tras acudir a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, dijo que la cantidad de personas que pueden ser expulsadas en cada vuelo “va a depender de la capacidad del avión”.

“Hay vuelos de la Fuerza Aérea que tienen capacidad para 60 personas, hay vuelos comerciales que tienen capacidad para 120″, detalló.

El lunes La Tercera había dado a conocer que el gobierno proyecta la deportación de 2.600 migrantes en 14 meses y que el Ejecutivo estaba afianzando el plan para concretar los vuelos de expulsiones.

La titular de Interior apuntó este miércoles que se trata de una materia no exenta de dificultades: “El tema es que la legislación internacional exige que por cada persona que se expulsa haya dos personas de la policía que los escolta. Entonces, efectivamente esto tiene costos muy importantes, porque hay que pagar esos pasajes también, y distrae funcionarios”.

Aunque aseguró que “eso no es un obstáculo para expulsar. En todo este tiempo no hemos estado limitados por los recursos ni por los funcionarios, lo que nos limita son los requisitos que son tan complejos”.

Luego ahondó en que “cuando uno expulsa a Venezuela, nosotros tenemos por ley cinco días –antes eran dos- desde que la personas es retenida para ser expulsada y se le expulsa. El problema es que Venezuela nos pedía que le diéramos la lista siete días antes, después logramos que fueran cinco días antes, pero eso es muy difícil, porque tenemos los mismos cinco días para armar el grupo y los tenemos que ir a buscar y a detener a sus casas, entonces no se alcanza a tener la lista los cinco días antes. Esas cosas hay que ir puliéndolas y lograr que Venezuela nos permita entregar la lista dos días antes y no cinco”.

“Cosas de ese tipo, que son puros enredos administrativos menores, hacen mucho más difícil el proceso de expulsión, especialmente con Venezuela”, recalcó.

Consultada acerca de si los vuelos de expulsión se harán públicos como sucedió en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, la secretaria de Estado respondió que no se efectuará de esa manera, ya que en el Ejecutivo consideran “que no es necesario, (porque) es como un morbo que no ayuda”.

Asimismo, Tohá apuntó al fenómeno migratorio y cómo afecta a la seguridad interna: “En los flujos migratorios, sobre todo cuando son masivos, se meten entre medio personas que vienen con una agenda criminal y en este caso además organizaciones criminales y ante eso no se puede ser ingenuo. En ese caso, no se puede dar un trato solamente con la mirada de la migración, hay que dar un trato con la mirada de la seguridad, la integridad y la protección del país”.

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Este viernes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, respondió al ultimátum dado por Renovación Nacional, luego que exigieran la expulsión de 12 mil migrantes, o presentarán una Acusación Constitucional contra la titular de Interior, Carolina Tohá.

La secretaria de Estado criticó a la colectividad de oposición, apuntando que “hablamos de un ultimátum de un partido que era oficialista en el periodo anterior, y en ese gobierno las expulsiones fueron alrededor de 1.300 en cuatro años. Y hoy se nos pide en un mes expulsar 12.000″.

“Hay que ser razonable y realista con la crítica. No podemos exigirle a otro lo que no fuimos capaces de hacer. Eso es lo que hace un partido de Gobierno”, emplazó.

Asimismo, Camila Vallejo lanzó duras críticas a la administración del expresidente Piñera, afirmando que “cuando asumimos teníamos fronteras prácticamente abandonadas. Había muy pocos equipos tecnológicos funcionando, las policías tenían equipamiento que no se renovaba hace años”, sostuvo.

“No es comprensible que un sector político que fue gobierno hace poco tiempo, que no fue capaz de expulsar administrativamente a las personas que debió expulsar, hoy exija en un mes expulsar 10 veces más. Requiere muchos recursos y capacidad logística que no se puede desarrollar en un mes”, agregó.

Crisis de seguridadLa ministra de la Segegob también comentó los últimos hechos de violencia, señalando que “hay situaciones muy preocupantes como los homicidios, secuestros o granadas”, lo cual “nos lo estamos tomando en serio”.

No obstante, sostuvo que esta problemática “no se solucionará el tema con declaraciones rimbombantes y altisonantes ni menos con amenazas bien poco creativas. Si queremos proponer soluciones, no podemos proponer siempre Estados de Excepciones nacionales o acusaciones. Hagamos propuestas serias, eso es lo que queremos de la oposición”.

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«Se va a exponer a una acusación constitucional que nosotros vamos a presentar y que vamos a defender con mucha convicción, dado a que ha sido absolutamente ineficiente el trabajo que ha hecho en materia de seguridad pública”, dijeron parlamentarios de Renovación Nacional.

Al respecto, en la región de Tarapacá, desde donde se inauguró un nuevo puesto de control fronterizo, la titular de Interior destacó que el Gobierno está tomando medidas para enfrentar esta problemática.

“Las estamos haciendo por compromiso con los chilenos y las chilenas con su seguridad, con su bienestar, las estamos haciendo por compromiso con Chile. No las estamos haciendo ni las haremos porque nos amenazan”, dijo.

Agregando que “me ha pasado varias veces en la vida recibir amenazas. Las recibí en alguna época en dictadura, las recibí de parte de grupos radicales siendo alcaldesa, las recibí de grupos de presión siendo diputada”.

Aún así, aseguró, “pero nunca me había pasado recibir amenazas de autoridades electas democráticamente, nunca. Espero que sea la última vez (…) efectivamente tenemos que mejorar en materia de expulsiones, no porque haya amenazas, sino porque es una necesidad”.

“Nuestro Gobierno ha hecho varias cosas en esa dirección, hemos aprobado dos proyectos de ley para mejorar las condiciones en que quedó el proyecto de migraciones que se aprobó en la administración anterior”, añadió.

En concreto, dijo Tohá, “uno para agilizar los procesos de notificación, otro para dar más tiempo a los servicios particularmente al organismo contralor que es la PDI para poder llevar adelante la expulsión”.

“También para mejorar las condiciones de control de identidad que se hacen las personas que están de manera irregular”, concluyó.

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Desde el Partido Republicano, el diputado José Carlos Meza, solicitó la renuncia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien hoy se reunió con los altos mandos de la policía por este hecho.

“Los hechos acaecidos dan cuenta de una situación de inseguridad y una crisis en esta materia, sin precedentes en nuestro país”, manifestó el parlamentario.

Añadiendo que “en este Congreso, desde que llegamos los Republicanos, hemos estado pidiéndole y exigiéndole al Gobierno que se haga cargo del problema migratorio, porque así como entra gente a aportar, la gran mayoría de quienes entran de forma ilegal, terminan involucrados en hechos de violencia y delincuencia”.

“Desafortunadamente, vemos que la ministra (Tohá) no cuenta -al parecer- con el apoyo de su gobierno, porque el Presidente vive hoy día más preocupado de cuestiones adolescentes, de perseguir a un corpóreo, de salir a pasear en bicicleta en horario de trabajo, pero no de las verdaderas preocupaciones de los chilenos”, manifestó Meza.

En esta línea, desde el Partido Republicano le dijeron al Presidente: “o usted ejerce la autoridad, se pone los pantalones y de una vez por todas reestructura todos los liderazgos dentro del Ministerio del Interior, partiendo por la ministra Carolina Tohá, que claramente no ha dado el ancho. Por lo tanto, le pedimos la renuncia de la ministra Carolina Tohá”.

“Ministra Carolina Tohá, le pedimos que haga usted también un mea culpa, y si el Presidente no le pide la renuncia, entonces usted preséntela”, sentenció Meza.

Renovación Nacional y la UDI pidieron en conjunto poner en tabla el proyecto de ley que modifica la ley 21.235 y que tipifica como delito el ingreso clandestino al país.

“Lamentablemente, el Frente Amplio y el Partido Comunista, como siempre, están opuestos a estas medidas y, por lo tanto, no pudimos llegar a un acuerdo. Nosotros esperamos ahora que el Presidente de la Cámara pronto pueda citarnos para tramitar este proyecto que está justo para votarse. No requiere mayor trámite (…). Y, por lo tanto, requerimos darle premura”, manifestaron.

Así también dijeron que “los indocumentados que hoy día están en Chile cometiendo delitos deben ser expulsados a la brevedad. Para eso hemos aprobado un aumento de las expulsiones administrativas, además de 3.500 millones de pesos, pero esperamos que el Gobierno ejecute esos recursos junto con la aprobación de esta ley que va a tipificar como delito el ingreso clandestino en Chile”.

“Lamentamos profundamente lo que ha ocurrido con esta carabinera que ha sido víctima de un delincuente extranjero. Necesitamos tener la nueva ley que modifica la ley 21.325 que tipifica el ingreso clandestino como delito, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”

Agregaron que, “a gente está aburrida de estos delitos importados, del secuestro, del sicariato, de esta agresión con una granada, cosa nunca antes vista en Chile. Tenemos que tomar una decisión que siempre es difícil, pero tenemos que tomar una decisión decidida, dura, en contra del extranjero que viene a delinquir en Chile y no aquel que viene a generar trabajo, riqueza o a fundar una familia”, señalaron desde RN y la UDI.

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“Cuando vemos situaciones de delitos graves, como el que ayer vimos, a todos nos recorre el miedo, pero no podemos dejar que el miedo sea nuestro consejero para tomar decisiones”, manifestó la autoridad de Gobierno.

Así también dijo que el Presidente les instruyó para que “el día de hoy sostengamos una serie de reuniones de trabajo, ya tuvimos la primera con las policías, vamos a desarrollar otra en la tarde y también con otros actores, para reforzar las estrategias con las que estamos actuando”.

A juicio de Tohá, en estas horas, lo primero que hay que hacer “es decirle a los funcionarios policiales que ayer vivieron esta situación tan dura, que actuaron bien, que fueron valientes, que fueron cuidadosos, que la vida de esos dos funcionarios hoy día está a salvo. Que esos dos criminales que los atacaron uno fue abatido y el otro ya se encuentra detenido”.

Recalcando que “el arma con que fueron atacados, estamos desarrollando todas las medidas para controlar que no haya ese tipo de armas en nuestro país”.

“No es primera vez que funcionarios policiales reciben una granada, pero han sido muy pocas veces y no queremos que se haga habitual. No queremos que se haga habitual que una funcionaria policial expone su vida como ayer (…) queremos a ella, a su familia, enviarles nuestra solidaridad, a todo el equipo de la SIP de la Segunda Comisaría, que ayer tuvo a sus compañeros en esta situación de riesgo”, señaló Tohá.

A estos últimos les manifestó que “la manera en que actuaron fue ejemplar, nos llena de orgullo, nos hace ver que hay capacidades para enfrentar estos delincuentes, que este tipo de acciones no se van a dejar en la impunidad”.

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Las ministras Carolina Tohá (Interior) y Camila Vallejo (Segegob) descartaron que exista una rivalidad entre ambas por una presunta carrera presidencial para las elecciones del próximo periodo.

El nombre de ambas secretarias de Estado ha sonado en el oficialismo como posibles postulaciones a La Moneda, y que esto ha generado discrepancias entre las dos.

Sin embargo, las titulares de Gobierno negaron las diferencias, esto durante la inauguración de la Expo Patrimonio Cultural Mujeres Rurales, donde Tohá dijo que las mujeres “enfrentamos tan frecuentemente el mito negro de que somos enemigas unas con otras y el sabor que parece tener hablar de una pelea entre mujeres”.

“En estos días nos ha tocado con la ministra Vallejo, que se trata de instalar esa historia, pero es una historia demasiado vieja, demasiado conocida, demasiado trillada y falsa que las mujeres no podemos trabajar juntas. Es lo que hacemos todos los días, es lo que hemos hecho toda la vida”, agregó.

Por su parte, la vocera de Gobierno complementó que “las mujeres en política usualmente somos sometidas a disputas que son inventadas muchas veces”.

“Ha pasado en otras oportunidades, pasó con la exministra del Interior (Izkia Siches). Se trata de instalar supuestas rivalidades porque ven a una mujer fuerte como es la ministra del Interior y no soportan que pueda trabajar colaborativamente con otras mujeres, pero en el poder las mujeres trabajamos de manera distinta que los hombres y creo que eso lo demuestra la declaración de la ministra”, continuó.“Es como trabajamos en general, no solo entre nosotras en el comité político, sino que en el conjunto del Gobierno y es también parte del sello que ha querido impregnar el presidente de la República”, añadió.

Finalmente, Vallejo sostuvo que junto a Tohá están siendo ministras de Estado, “y esa es nuestra tarea y respetamos el cargo, respetamos la labor que tenemos y la dedicación que tenemos que ponerle y el esfuerzo principal que merece un cargo como es ser ministro o ministra de Estado”.

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Fue el pasado 30 de agosto cuando la sala del Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que sanciona ocupaciones ilegales. Sin embargo, algunos aspectos del texto final no convencieron al Gobierno.

Por ello, presentó un veto para eliminar la legítima defensa privilegiada, que —según La Moneda— permitiría al dueño de un terreno “hacer justicia por mano propia” cuando sea víctima de este delito.

Asimismo, pretende diferenciar las penas de cárcel para tomas violentas y las que no generan ningún daño físico o material. La ministra Tohá utilizó el concepto de “usurpación pacífica” para estas últimas, lo que generó la molestia de algunos parlamentarios de oposición.

Sin embargo, en conversación con Radio Agricultura, la secretaria de Estado señaló que “el término correcto es usurpación no violenta. Yo nunca he querido acuñar el término pacífica. Si alguna vez se me salió fue porque se me salió no más”.

A pesar de ello, aseguró que una usurpación no violenta “es un caso rarísimo. Eso significa que no se rompió nada, que no tocaron una puerta, que no amenazaron a nadie. Es realmente un caso muy excepcional”.

Tohá: Muchas familias lo hacen por necesidad habitacional

En la misma entrevista, Tohá indicó que muchas familias en Chile cometen una usurpación —que se convertiría en delito con la ley aprobada— por una necesidad habitacional.

“El Gobierno de Chile no lo piensa (que deban recibir penas de cárcel) y por eso presentó este veto. El juez tiene que tener la posibilidad de evaluar la pena”, indicó.

De acuerdo a la titular de Interior, el veto presentado por el Ejecutivo establece que “si la usurpación no violenta se comete en un predio que ya ha sido usurpado antes, y nos usurpadores lo saben, debiera preferirse la cárcel”.

Lo mismo ocurriría si el delito es cometido por personas que ya han hecho algo similar con anterioridad.

No obstante, sostuvo que “si la persona entrega voluntariamente el predio usurpado o si lo hace (tomarse un terreno) en virtud de una necesidad habitacional, debiese preferirse la multa”.

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