Esta iniciativa permitiría proteger a los deudores del acoso y amenazas que ejercen las empresas de cobranza. “Aunque en la actualidad algunas de las prácticas abusivas (…) están prohibidas por ley, estas no tienen sanciones disuasivas para las empresas», señalaron los diputados precursores del proyecto.
Un grupo de diputados del Partido Socialista (PS) ingresó un proyecto de ley que pretende aliviar a miles de chilenos que producto de la crisis han asumido deudas sin poder pagarlas.
Según explicaron los parlamentarios, este “proyecto permite proteger a las personas del acoso, hostigamientos y amenazas que constantemente ejercen las empresas de cobranza con aquellas familias que se encuentran en incapacidad de pago de sus obligaciones financieras”.
“Muchas familias están ahogadas con deudas y no cuentan con recursos suficientes para ponerse al día. Además, sufren el hostigamiento y abusos de las empresas de cobranzas, que los llaman constantemente a hogares y trabajos en horarios inapropiados para amenazarlos con juicios e ingresarlos en Dicom. Además de sumarle mayores costos a sus ya abultadas deudas”, explicaron los diputados.
Sobre este punto, los legisladores recordaron que “aunque en la actualidad algunas de las prácticas abusivas de las empresas de cobranza están prohibidas por ley, estas no tienen sanciones disuasivas para las empresas, mientras que otras están legalizadas y eso a nuestro juicio debe ser restringido”.
“Por eso, además el proyecto incluye modificaciones que permiten la renegociación de deudas de manera accesible y sin abusos. Hoy existe un procedimiento de tipo administrativo para regularizar las deudas (conocido como la ‘Ley de quiebra de la persona natural’), pero los actuales requisitos dificultan la posibilidad de que pueda ser utilizada por la mayoría de las personas deudoras”, afirmaron los diputados.
El texto presentado propone en términos concretos “la prohibición de visitar, ni comunicarse a los teléfonos fijos o correos electrónicos de los lugares de trabajo o a personas distintas de deudor, ni reiterar constantemente los cobros por las vías autorizadas durante un mismo mes una vez efectuada y en el caso de los días sábados, debe ser posterior a las 10.00 horas”.
En caso de no cumplir la normativa, los parlamentarios socialistas proponen incorporar una multa especial que permita desincentivar la comisión de estos abusos, que ascienda a 1.500 UTM, por cada 10 consumidores afectados por acoso, hostigamiento y otras prácticas de la industria de cobranzas.
Además, se propone eliminar el requisito de que la deuda tenga su origen en dos o más obligaciones vencidas, y disminuir el plazo a 60 días, reduciendo el monto exigido para la deuda vencida a 40 UF. En el caso de las personas adultas mayores, el monto debe ser inferior, de sólo 15 UF. Finalmente este procedimiento también incluiría a los trabajadores a honorarios.
La iniciativa fue presentada por los diputados Luis Rocafull, Daniella Cicardini, Emilia Nuyado, Gastón Saavedra, Jaime Naranjo, Juan Santana, Raúl Leiva, Juan Luis Castro, Marcos Ilabaca y Leonardo Soto.
