“Hoy tengo discapacidad visual, pero cualquiera puede tenerla: chocas en auto, tienes un golpe con el airbag en la cara, se te desprenden las córneas y quedas ciego, listo, mañana eres igual a mí y si alguien va por la calle mirando su teléfono, vas a sentir el mismo dolor que sentimos las personas ciegas cuando somos arrollados por los millenials”. Con estas palabras la abogada Paulina Bravo, ejemplificó la falta de empatía que tiene la sociedad chilena frente a las personas con discapacidad.
La profesional del programa de Acceso a la Justicia de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Santiago, fue una de las expositoras de un seminario desarrollado en Talca, en la Universidad Católica del Maule (UCM), sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad.
“Es súper necesario que dejemos de ser una sociedad miedosa frente a la diversidad, y aceptarnos naturalmente como somos, en nuestras diferencias. Por otra parte, debemos tener un poco de empatía, no solo con el resto, sino con nosotros mismos”, agregó la jurista sobre la idea inicial.
Acceso a la justicia
Sobre el acceso a la justicia, Bravo aseguró que esta situación ha cambiado a como era en 2011, “Se están haciendo cosas, por supuesto que falta, pero hoy día sí podemos decir que en Chile las personas con discapacidad tienen ese derecho, garantizado por el propio Estado, porque hay abogados que estamos contratados de manera exclusiva para representarlas en juicios, en especial cuando han sido discriminadas”, sostuvo.
Respecto de si ha habido un aumento de denuncias producto de la Ley de No Discriminación, Paulina Bravo afirmó que esto pasa por un tema de conocer los derechos de cada cual: “Antes muchas personas con discapacidad pensaban que les dirían que no al momento de pretender estudiar en una universidad, o que es natural que me digan que no puedo entrar a comer a un restorán con un perro guía, pero luego se dan cuenta que están siendo discriminados y recurren a nuestro programa de acceso a la justicia y aumenta el volumen de causas”, afirmó.
Para la vicerrectora académica UCM, Mary Carmen Jarur, el acceso a la justicia debe ser considerado como un derecho fundamental en la realidad de las personas con discapacidad. “Reconocemos como institución que es un desafío multisectorial, son muchos los actores clave los que deben ser convocados. La UCM, por su sello particular, al servicio de la región y el país, acoge e impulsa este desafío hacia la sociedad”, cerró.
Esta actividad fue organizada por el Programa de Apoyos y Recursos para la Inclusión (PARI), del Centro de Apoyo al Aprendizaje de la UCM (CAO), además de la Escuela de Pedagogía en Educación Especial y el magíster en la misma disciplina; Trabajo Social (Talca y Curicó) y Administración Pública de la UCM, siendo financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).
