Por Emmett Brown
Este jueves 29 de febrero la Comisión Regional de Uso de Borde Costero en la Región de Aysén, decidirá sobre dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, ECMPO, presentadas por dos comunidades en el marco de la denominada ley Lafkenche, que reconoce y protege los derechos territoriales sobre el borde costero de los pueblos originarios, además de establecer un mecanismo para destinar los espacios costeros con el fin de preservar los usos y costumbres indígenas, entregando en administración a las comunidades que lo soliciten, tras la verificación por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, de la veracidad de los usos y costumbres alegadas.
La comunidades solicitantes son Pu Wuapi de la comuna de Las Guaitecas, una superficie de 227.272 hectáreas y comunidad Antunen Rain, de las Islas Huicha, comuna de Aysén, que piden 393.945 hectáreas.
Como señala una declaración emitida por Observatorio Ciudadano, “las Comunidades Indígenas solicitantes, han seguido y han cumplido con los pasos requeridos por ley en este procedimiento, los cuales involucran la participación, observación y aprobación de múltiples organismos del Estado con competencia en la materia”. Sin embargo, desde distintos sectores han surgido voces críticas que a coro repiten adjetivos y descalificaciones a un proceso en el que “la extensión de los ECMPOs en trámite se encuentra fundamentada en antecedentes y estudios elaborados por el propio Estado de Chile a través de los Informes de Usos Consuetudinarios de la Corporación Nacional de Desarrollo indígena, y conforme a un procedimiento desarrollado por más de 10 años, en conformidad a la Ley”.
Sin embargo, en una reacción corporativa que no debe sorprendernos, los fácticos de siempre, esos que pertenecen al club de los grandes empresarios, que capturan ex ministros y políticos para sus causas; esos que controlan los medios tradicionales de comunicación; esos que no resisten la competencia proveniente de aquellos que han decidido dejar de ser actores de reparto y han optado por ser guionistas y protagonistas de una historia distinta, reaccionan con la eterna cantinela de la guerra del terror, difundiendo a través de medios como Diario Financiero o Ex-Ante, el diario electrónico de Cristián Bofill, quien fuera director de La Tercera y conspicuo referente de la derecha económica, mensajes dirigidos y sesgados del tenor de «600 mil hectáreas para un grupo de menos de 60 personas», o anunciando el apocalipsis para las comunas involucradas.
Afortunadamente, cada vez los chilenos somos más críticos en la observación y afinamos la mirada. Ya no es tan fácil que nos quedemos con el titular simplista o aterrador. Sabemos perfectamente que detrás de esta campaña desatada para cuestionar las solicitudes de las comunidades lafkenches hay algo más, intereses creados de los mismos de siempre, esos que no nos dicen que el 88% de las ventas de los supermercados están concentradas en cuatro cadenas, eliminando toda competencia tanto en la compra como en la venta; o que Súper Pollo y Súper Cerdo, ambas del grupo Agro Súper, controlan más del 50% del mercado nacional en ambas carnes; o que las forestales Arauco y CMPC, controlan gran parte de la producción de monocultivos en las regiones octava, novena y decimocuarta.
A esos de siempre les molesta que comunidades Lafkenches quieran trabajar y preservar la zona de Aysén y que aspiren a desarrollar actividades económicas con una visión diferente, colectiva, basada en la cooperación, en el marco de algo así como un nuevo pacto social, sin distorsiones, sin mentiras y sin Hermosillas.
No nos olvidemos de la colusión en el sector del papel, de los pollos o las farmacias. Este tipo de prácticas afectan directamente a la economía y a la equidad en el país. No permitamos que esa gente nos pautee y apoyemos a los nuevos actores del emprendimiento responsable, cuidadoso con el medio ambiente, capaces de generar riqueza de manera sustentable, respetando la libre competencia y sin hipotecar el futuro de quienes habitan nuestro territorio.
