Las recientes declaraciones del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, generaron una fuerte controversia en el Congreso, luego de que planteara que el gobierno de José Antonio Kast “pareciera” estar propiciando un nuevo estallido social en el país.
Sus dichos, emitidos en medio del debate por medidas económicas que han impactado en el precio de los combustibles, provocaron una inmediata reacción desde el oficialismo, donde parlamentarios acusaron un tono “irresponsable” y advirtieron sobre los riesgos de tensionar el clima social en un contexto complejo.
Desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert cuestionó duramente las declaraciones, señalando que “luego de que el Presidente hace un llamado a la unidad en nuestro país, el Partido Comunista realiza un llamado solapado a la violencia en las calles”. En esa línea, emplazó a definir una postura clara respecto del respeto al Estado de Derecho.
Por su parte, el también diputado republicano Álvaro Carter elevó el tono de las críticas, calificando los dichos como una amenaza directa. “Daniel Jadue es un irresponsable. Plantear que el Gobierno busca un estallido no es una crítica legítima, es una amenaza a la paz de miles de familias chilenas”, afirmó.
Las reacciones no se limitaron al oficialismo más cercano al Ejecutivo. Desde Renovación Nacional, el diputado Mauro González acusó que este tipo de declaraciones buscan aprovechar el contexto económico para desestabilizar al Gobierno. A su juicio, Jadue recurre a un “discurso incendiario” en lugar de contribuir al diálogo político.
En la misma línea, el diputado Francisco Orrego sostuvo que las palabras del exalcalde son “absolutamente irresponsables” y advirtió que podrían interpretarse como un llamado implícito a la violencia. “Se instala la idea de caos, violencia y destrucción en nuestras calles, lo que resulta profundamente dañino para el país”, señaló.
En medio de la controversia, los parlamentarios coincidieron en la necesidad de reforzar señales de responsabilidad política y unidad, especialmente en un escenario marcado por desafíos económicos y sociales.
“En democracia tenemos el legítimo derecho a pensar distinto, pero lo que no podemos tolerar son llamados implícitos a la violencia”, concluyó Orrego, sintetizando la postura transversal del oficialismo frente a la polémica.
