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Intendente Prieto valora proyecto que crea servicio de Defensoría para víctimas de delitos

El intendente Juan Eduardo Prieto valoró el proyecto de Ley presentado por el Presidente Sebastián Piñera, a través del cual se busca crear un servicio que otorgará defensa jurídica a quienes sean víctimas de delitos.

“Creo que es una instancia muy necesitada que asegurará la justicia para todos. Desde ese punto de vista, se abre la posibilidad de dar asistencia a esas personas que antes, no tenían ese resguardo y que hoy desde el Ejecutivo se plantea como un proyecto de ley que esperamos tenga amplio respaldo del Congreso para que se materialice”, aseveró el jefe regional.

Actualmente la asistencia jurídica que presta el Estado de forma gratuita está dispersa en diversos órganos y con distintos énfasis. En materia penal, existe la Defensoría Penal Pública (DPP), que defiende a los imputados por delitos y opera como contraparte del Ministerio Público. En tanto en materias civiles, laborales y de familia existen cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ).

Como dato relevante, durante el año 2019, las corporaciones de asistencia judicial dieron asesoría u orientación legal a 650.496 personas y patrocinaron judicialmente a 177.609 personas para la defensa de sus derechos ante Tribunales de Justicia. Sin embargo, no existe una institución que defienda a las víctimas de delitos, por lo que éstas no reciben defensa jurídica o recurren a las mismas corporaciones de asistencia judicial, que entregan una oferta limitada.

Así entonces, durante 2019, estas corporaciones atendieron solo a 3.355 personas en materias penales, y presentaron acciones judiciales en 1.917 casos, aunque el número total de víctimas de delitos violentos es cercano a 95.000 por año.

“No solamente tendrá prestaciones como acceso a la justicia de forma gratuita, sino también algo tan relevante como contención emocional y social que se entregará a través de una coordinación oportuna. Las cifras, en su gran mayoría revelan que muchas veces quienes son víctimas de algún delito o flagelo, no tienen los medios para costear apoyo o asesoría judicial”, explicó el intendente Prieto.

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