La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto “Escuelas Protegidas”, iniciativa ingresada por la administración del Presidente José Antonio Kast.
El proyecto busca establecer medidas para enfrentar hechos de violencia al interior de establecimientos educacionales, incluyendo revisión de mochilas, sanciones por interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior.
La iniciativa fue aprobada en general con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente, el articulado fue sometido a 27 votaciones de indicaciones.
Durante el debate, parlamentarios cuestionaron la falta de claridad en la implementación de las medidas y advirtieron que parte de la responsabilidad recaería en los equipos educativos. Además, se presentaron reservas de constitucionalidad, señalando posibles vulneraciones a derechos de niños, niñas y adolescentes, así como al principio de igualdad ante la ley.
Entre los puntos centrales del proyecto se establece la posibilidad de revisar mochilas, bolsos u otros objetos personales —excluyendo la vestimenta— con el fin de prevenir el ingreso de elementos que puedan ser utilizados para agresiones o daños a la infraestructura escolar. El texto prohíbe expresamente cualquier revisión corporal o desnudamiento de estudiantes.
En caso de detectarse objetos prohibidos, los establecimientos deberán informar a los apoderados y a las policías correspondientes. Asimismo, cada recinto definirá en su reglamento interno al personal autorizado para realizar estas revisiones.
En Sala también se aprobó una indicación que establece que, en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, estos procedimientos deberán realizarse con el acompañamiento de profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE) o de convivencia escolar.
Respecto a la gratuidad en educación superior, el proyecto establece que no podrán acceder a este beneficio quienes hayan sido condenados por delitos graves contra la vida, la integridad física o la propiedad, con una inhabilidad de cinco años. Además, las instituciones deberán suspender el beneficio a estudiantes condenados por estos delitos.
