El Gobierno confirmó que en octubre ingresará al Congreso el proyecto de negociación colectiva multinivel, también conocido como negociación ramal, el cual busca entregar mayor poder a los sindicatos en los procesos laborales. La iniciativa, comprometida por el presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública, fue defendida por el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien aseguró que se trata de una modernización del sistema laboral y un compromiso con los trabajadores.
El anuncio encendió duras críticas en el mundo empresarial. Desde las Pymes advirtieron que la medida significaría su “muerte”, mientras que la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánica (Asimet) advirtió que el proyecto va en la “dirección contraria” a lo que el país necesita, pues afectaría la productividad, el empleo y el crecimiento económico. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también rechazó la propuesta, acusando que fue un acuerdo “bipartito” entre el Gobierno y la CUT, sin considerar la realidad de las empresas.
Los gremios señalan que la negociación ramal podría traducirse en mayores costos laborales, pérdida de flexibilidad, riesgo de informalidad y cierre de negocios, lo que tendría efectos especialmente graves en las pequeñas y medianas empresas, responsables de más del 50% del empleo nacional y del 98% de las compañías formalizadas. Pese al rechazo transversal del sector privado, el Ejecutivo insiste en impulsar la discusión, reconociendo que será un debate legislativo “lejos de ser simple”.
