En la recta final de su mandato, el Ejecutivo puso en tabla el proyecto de Educación Sexual Integral con urgencia simple, fijando un plazo de 30 días para su despacho.
La medida no fue bien recibida por la oposición, que acusó al Gobierno de intentar imponer una agenda ideológica.
Sin anuncio público de por medio, el Ejecutivo volvió a reactivar la moción educación sexual integral que modifica la Ley 20.418, una iniciativa que estaba prácticamente dormida en la Cámara de Diputados y que había pasado desapercibida tras no lograr avances en su tramitación.
La novedad es que ahora el Gobierno decidió ponerlo nuevamente en tabla con discusión inmediata, lo que obliga a despachar la iniciativa en un plazo de 30 días, reabriendo un debate que ya había generado fuertes divisiones políticas.
La urgencia aplicada al proyecto se suma a la reciente circular de la Superintendencia de Educación, que instruye a los establecimientos a modificar sus reglamentos internos para incorporar un enfoque de género.
Ambas medidas, impulsadas en paralelo, encendieron las alertas en la oposición, que acusa una insistencia del Ejecutivo por avanzar en una agenda ideológica en la recta final de su mandato.
Desde la comisión de educación, el diputado republicano Stephan Schubert, cuestionó que el Gobierno vuelva a insistir en una iniciativa que ya había sido rechazada anteriormente y que ahora se empuje con plazos acotados.
Advirtió que la discusión inmediata impide un debate profundo sobre una materia sensible, dificultando la participación de expertos, comunidades educativas y familias.
En la misma línea, la diputada de Renovación Nacional, Marcia Raphael sostuvo que la decisión del Ejecutivo deja en evidencia prioridades desenfocadas en educación.
Apuntó a que, mientras persisten problemas urgentes como la infraestructura escolar, la falta de profesores y la convivencia al interior de los establecimientos, el Gobierno opta por reactivar un proyecto que, a su juicio, tiene un marcado sesgo ideológico.
El proyecto de Educación Sexual Integral ya había sido impulsado durante la gestión del exministro de Educación, Marco Antonio Ávila, periodo en que generó una fuerte polémica y quedó congelada en la Cámara, en medio de una acusación constitucional en su contra.
Hoy, el Ejecutivo reactivó el proyecto con urgencia simple, fijando un plazo de 30 días para su despacho, que vence la próxima semana.
