El gobierno encabezado por José Antonio Kast decidió desechar la realización de una auditoría externa internacional a la administración de Gabriel Boric, una de las promesas realizadas durante la campaña presidencial, argumentando restricciones presupuestarias derivadas de la actual estrechez fiscal.
Según antecedentes publicados por La Tercera, el compromiso inicial contemplaba una revisión total e independiente del aparato estatal desde el primer día de gobierno. El plan incluía la participación de la Contraloría General de la Repúblicajunto a firmas auditoras internacionales de primer nivel, con el objetivo de examinar ministerios, subsecretarías, servicios y empresas públicas.
La iniciativa buscaba detectar eventuales irregularidades como sobreprecios, redes de operadores políticos y contrataciones indebidas. En ese contexto, compañías como Deloitte, PwC, EY y KPMG —conocidas como las “Big Four”— se mantenían atentas a una eventual licitación internacional para participar del proceso.
No obstante, desde el Ejecutivo confirmaron que la auditoría internacional no se llevará a cabo, priorizando el uso de recursos internos del Estado. La decisión fue ratificada por la Subsecretaría General de la Presidencia, que indicó que las actuales condiciones fiscales impiden asumir el costo de una revisión externa de esa magnitud.
En reemplazo, el gobierno constituyó recientemente el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia encargada de liderar un proceso de inspección interna. Este organismo solicitó a los servicios públicos la entrega de un informe preliminar antes del 6 de abril, enfocado en el uso de recursos fiscales entre 2025 y el 11 de marzo de 2026.
El comité, presidido por la subsecretaria Constanza Castillo, tendrá un plazo de seis meses para entregar resultados definitivos sobre el estado de las cuentas públicas. Según explicó la autoridad, el proceso movilizará a más de mil auditores internos y buscará “decirle con total transparencia a los chilenos en qué se gastó cada peso público”.
Desde el Ejecutivo recalcaron que, en caso de detectarse irregularidades, estas serán derivadas a los organismos correspondientes, reafirmando el compromiso de avanzar con transparencia, responsabilidad y celeridad en la revisión de las finanzas del Estado.
