El Gobierno enfrenta cuestionamientos luego de que se confirme que el embajador Pedro Hernández, jefe de la División de Migraciones de la Cancillería, continúa en funciones pese a haber sido sancionado por acoso laboral contra un funcionario y maltrato a dos funcionarios. La investigación interna concluyó con la suspensión de Hernández por 30 días, pero con goce del 70% de su sueldo, sanción que cumplió antes de reincorporarse a su puesto. Radio Bío Bío accedió al expediente oficial, que revela detalles de la denuncia y del proceso que se expandió por más de dos años.
La denuncia ingresó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores en marzo de 2023 y, tras una indagatoria liderada por el embajador Patricio Powell, se determinó que Hernández incurrió en conductas atentatorias contra la dignidad de sus subordinados. Aunque el diplomático apeló la resolución, la Dirección General de Asuntos Jurídicos desestimó sus argumentos en marzo de 2025, confirmando la medida disciplinaria. Desde Cancillería defendieron el proceso, afirmando que “se instruyeron medidas y sanciones en concordancia con los hechos acreditados”.
Sin embargo, fuentes conocedoras del caso expresaron sorpresa por el hecho de que Hernández, siendo un embajador de confianza política, haya permanecido en el servicio tras el escándalo. Normalmente, aseguran, los funcionarios de alto rango pierden la confianza del Gobierno en casos similares y son removidos sin necesidad de sumarios prolongados. El episodio tensiona aún más al Ejecutivo, que ha debido responder críticas por su manejo de denuncias de acoso al interior de organismos públicos.
