La disputa por el ajuste fiscal del Gobierno sumó un nuevo frente. Un grupo transversal de diputados acudió al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para denunciar lo que califican como una “amenaza” de eliminar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junaeb, una de las políticas más extendidas del sistema educativo chileno.
La ofensiva —encabezada por el diputado Luis Cuello (PC) y respaldada por parlamentarios del PS, DC y PC— se concretó mediante una carta dirigida a la representante de UNICEF en Chile, Violet Speek-Warnery. En ella solicitan que el organismo se pronuncie ante lo que consideran un eventual retroceso en los derechos básicos de niños, niñas y adolescentes.
La acción se produce pese a las aclaraciones del presidente José Antonio Kast, que, a juicio de los parlamentarios, no son suficientes para despejar el riesgo mientras el documento oficial siga vigente.
El origen de la controversia es la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, emitida en el marco de la formulación del Presupuesto 2027 y la proyección financiera 2028-2031. El documento incluía recomendaciones para descontinuar algunos programas del Ministerio de Educación, entre ellos el PAE, ejecutado por la Junaeb.
Desde el Ejecutivo han cuestionado la filtración de documentos internos y han enfatizado que se trata solo de sugerencias técnicas. Sin embargo, la señal encendió las alarmas en la oposición, que interpreta la medida como parte de un rediseño más amplio del gasto público.
En concreto, los parlamentarios vinculan esta recomendación con la estrategia fiscal del Gobierno, especialmente con su agenda tributaria. A su juicio, existiría un equilibrio implícito: menores ingresos por rebajas impositivas a grandes empresas serían compensados con recortes en programas sociales.
Por ello, enviaron la carta a UNICEF solicitando un pronunciamiento.
El diputado Luis Cuello (PC), uno de los impulsores de la iniciativa, advirtió sobre el impacto de la medida:
“La sola amenaza de suprimir el programa de alimentación escolar, que hoy beneficia a cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes, vulnera el derecho a la alimentación consagrado en tratados internacionales”. Además, criticó que “se está traspasando un límite ético al pretender ahorrar recursos a costa de los niños para luego destinarlos a rebajas de impuestos para grandes empresas”.
Desde el Partido Socialista, el diputado Juan Santana reforzó el argumento, señalando que existe una visión reduccionista por parte del Ejecutivo:
“No solo hay indolencia y desconocimiento sobre la relevancia de la alimentación escolar, sino también una mirada economicista de esta política pública”. Agregó que “se está priorizando su evaluación financiera, ignorando el impacto social que conlleva”.
Para los parlamentarios, el Programa de Alimentación Escolar no solo cumple una función nutricional, sino que también es un soporte clave para la permanencia escolar, especialmente en contextos vulnerables. Por ello, su eventual eliminación —o incluso una reducción significativa— podría generar efectos que trascienden el ámbito presupuestario.
En la carta, los diputados subrayan que las declaraciones públicas del presidente no tienen efecto jurídico mientras la circular siga vigente, lo que, a su juicio, mantiene abierta la posibilidad de recortes efectivos.
En esa línea, solicitaron que UNICEF evalúe emitir un pronunciamiento que reafirme la obligación del Estado de no retroceder en la garantía del derecho a la alimentación.
La misiva fue firmada por los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Patricio Pinilla (DC) y las diputadas Daniela Serrano (PC) y Lorena Pizarro (PC).
