La diputada independiente Camila Musante (Ind.-PPD) denunció haber sido víctima de una grave amenaza de muerte a través de redes sociales, la cual hace alusión directa a la organización criminal internacional Tren de Aragua.
La amenaza, recibida hace aproximadamente un mes, decía textualmente: “Ojalá amaneciera en una bolsa negra, cortesía del Tren de Aragua”. La parlamentaria presentó de inmediato una denuncia ante la Fiscalía, que identificó al autor del mensaje —un ciudadano venezolano— y solicitó su detención. Sin embargo, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la medida, pese a que el imputado reconoció su autoría durante la investigación.
Musante expuso el caso en una entrevista con el matinal Mucho Gusto, donde explicó que desde que expresó su postura a favor de restringir el voto a extranjeros, ha sido blanco de reiteradas amenazas, aunque destacó que esta última encendió las alarmas por su tono violento y sus vínculos con el crimen organizado.
“Lo que me llama la atención es que, pese a que el fiscal solicitó la orden de detención, el juzgado la rechazó. Yo no quiero que terminemos como México o Ecuador, donde autoridades que luchan contra el crimen organizado son asesinadas”, advirtió.
La situación ha generado un fuerte cuestionamiento al actuar del sistema judicial. Musante recordó que el mismo tribunal ya había sido duramente criticado por dejar en libertad al presunto sicario Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el asesinato del conocido comerciante conocido como el “Rey de Meiggs”.
Frente a estos antecedentes, la diputada informó de los hechos al presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), e hizo un llamado urgente a revisar los criterios judiciales en casos de amenazas a autoridades.
“Como corporación se cree que es gravísimo el proceder, o más bien la inacción que ha tenido acá no solo el Juzgado de Garantía, sino también el propio Ministerio Público”, concluyó.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la penetración de organizaciones criminales extranjeras en Chile y los mecanismos de protección a figuras públicas frente a amenazas vinculadas al crimen organizado.
