La Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez, determinó que la Tesorería General de la República está facultada para cobrar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), tanto por la vía administrativa como bajo las normas del Código Tributario. El pronunciamiento se originó tras una solicitud del exdiputado Miguel Mellado.
En su dictamen, el organismo fiscalizador estableció que la Tesorería es el ente obligado a ejecutar las acciones de cobranza de estos créditos cuando la garantía estatal ha sido activada o cuando las deudas han sido adquiridas por el Fisco. Asimismo, precisó que puede llevar adelante estos procesos tanto por vía administrativa como judicial, cerrando el debate jurídico existente sobre el mecanismo adecuado para exigir el pago.
Además, la contralora indicó que esta materia será considerada en la planificación de futuras auditorías, lo que podría derivar en eventuales fiscalizaciones sobre el actuar del Estado en la recuperación de estas deudas. El dictamen representa un respaldo a la estrategia del gobierno para intensificar el cobro a los morosos del CAE, incluyendo medidas como notificaciones y eventuales embargos para promover acuerdos de pago.
