La Contraloría General de la República instruyó a ministerios, municipios, gobiernos regionales, universidades estatales y empresas públicas para entregar en un plazo de 10 días medidas hábiles un informe detallado sobre sus de control interno frente a casos de corrupción. El oficio, firmado por la contralora surogante Dorothy Pérez, busca reforzar la transparencia tras diversos episodios detectados en distintas reparticiones públicas.
Entre los casos mencionados figuran funcionarios acusados de cohecho en Calama, narcotráfico en Chillán, corrupción administrativa en Tarapacá y Santiago, además de situaciones vinculadas a tráfico de drogas y delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Iquique, Puerto Aysén y pasos fronterizos. La Contraloría exige especificar los controles preventivos y sanciones aplicadas en cada institución.
El organismo precisó que la medida no busca perseguir a los funcionarios, sino evaluar la eficacia del control administrativo frente a irregularidades ya denunciadas o investigadas. En lo que algunos han descrito como un escenario de “Alguien te mira”, la Contraloría ha iniciado una revisión sistemática del funcionamiento estatal para prevenir y detectar actos de corrupción.
