La Contraloría General de la República ha revelado serias deficiencias en cinco de los diez recintos de salud auditados, encargados de destruir estupefacientes decomisados por Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y otras Fuerzas de Orden. Las inspecciones destacaron retrasos significativos en los plazos de recepción y destrucción, así como instalaciones inadecuadas para el almacenamiento seguro de estas sustancias.
Entre las anomalías más graves se encontraron retrasos de hasta 288 días en la recepción de sustancias, muy por encima del límite de 24 horas establecido, y demoras de hasta 31 días para la destrucción de estas drogas, durante los cuales permanecieron almacenadas en condiciones poco seguras. En algunos casos, las sustancias fueron apiladas en oficinas, estantes o incluso pasillos, lo que supone un riesgo para la seguridad del personal. Además, ciertos recintos no cuentan con los hornos especializados requeridos para la incineración.
Pedro Orthusteguy, expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, advirtió que estas fallas representan un «problema de seguridad para los servicios de salud». Por su parte, Trevor Oyarzún, experto en criminalística y exfuncionario de la PDI, calificó de «beneficioso» que estas irregularidades hayan sido detectadas, pues ello permitirá implementar las medidas necesarias para corregirlas y garantizar un manejo adecuado de estas sustancias peligrosas.
