La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar el reclamo de ilegalidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la Presidencia, y ordenó la entrega de los correos electrónicos intercambiados entre Miguel Crispi y Carlos Durán. Los mensajes están vinculados a las gestiones para la eventual sustitución del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en medio de la denuncia de violación que lo involucró.
El caso se originó a partir de una solicitud del diputado Tomás Lagomarsino (PR) vía Ley de Transparencia, con la que buscaba determinar si en La Moneda existieron gestiones para definir un reemplazo de Monsalve. Ante la orden inicial del Consejo para la Transparencia de liberar la información, el Ejecutivo se opuso argumentando, a través del CDE, que la entrega de los correos vulneraba la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones.
El tribunal de alzada descartó dichos argumentos y desarrolló que los correos institucionales constituyen información pública conforme a la Constitución ya la Ley de Transparencia. Añadió que, al tratarse de mensajes enviados entre funcionarios en el marco de sus funciones, no pueden ser considerados privados, salvo por datos personales o sensibles que deberán ser resguardados mediante tachaduras antes de su entrega.
