La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se sumó a las críticas luego que se dieran a conocer tres convenios, de casi $426 millones, firmados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
La situación motivó la renuncia del seremi de Vivienda de la región, Carlos Contreras, y que Pérez suspendiera su participación a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mientras que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, advirtió que están revisando la rendición de gastos y calificó la situación como un «descriterio».
Este mismo adjetivo fue usado por Vallejo, quien acusó que «efectivamente fue un total y absoluto descriterio político lo que aquí se realizó».
«Nos interesa que cuanto antes esto se pueda aclarar, porque además tenemos harto trabajo que hacer y estas cosas obviamente no contribuyen en nada», subrayó la portavoz de La Moneda.
«Aquí hubo un seremi que asignó un recurso a una fundación cuyo presidente cumplía funciones en el Gobierno y por eso aquí hay responsabilidades políticas que se han asumido, que son graves a propósito del descriterio político», complementó la vocera.
«Hay que esclarecer si los recursos fueron bien utilizados»
En ese sentido, expuso que «otra cosa distinta es lo que va a arrojar la investigación que está realizando el Ministerio de Vivienda que tiene que ver con el uso de los recursos públicos, porque eso es algo central».
«Hay que esclarecer si los usos de los recursos públicos fueron bien utilizados o no para los propósitos que estaban señalados, que es el apoyo y reforzamiento a los campamentos en distintas áreas», cerró.
