Por 74 votos a favor y 50 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este martes un polémico proyecto de resolución impulsado por la bancada de la UDI, con el objetivo de respaldar el actuar de Carabineros durante las movilizaciones registradas a partir de octubre de 2019, en el contexto del denominado estallido social.
La iniciativa generó un intenso debate en la Sala y contó con el apoyo de las bancadas oficialistas y de parlamentarios del Partido Nacional Libertario. En tanto, el PDG se abstuvo y los sectores de oposición votaron en contra.
El texto aprobado solicita al Presidente José Antonio Kast expresar su respaldo al accionar de Carabineros durante las protestas de 2019, calificadas en la resolución como un período de alta complejidad para el orden público y la seguridad interior del país. Sin embargo, el punto que provocó mayor controversia fue la petición al Mandatario para condenar la conducta de partidos de izquierda, particularmente del Frente Amplio y del Partido Comunista, por las críticas formuladas contra la institución policial en ese período.
La resolución sostiene que, en medio de la crisis, Carabineros cumplió con su responsabilidad constitucional de resguardar el orden público y la seguridad de la población. Junto con ello, acusa que dirigentes y partidos de izquierda instalaron una narrativa destinada a responsabilizar institucionalmente a la policía uniformada por los hechos de violencia, mediante acusaciones generalizadas que el documento califica como carentes de sustento.
Asimismo, el texto cuestiona que figuras que hasta hace poco ocuparon altos cargos en el Estado, entre ellas exautoridades del gobierno anterior, hayan promovido posturas orientadas a la “refundación” de Carabineros, señalando que ello contribuyó a debilitar la legitimidad de la institución ante la opinión pública.
Finalmente, la resolución plantea que los sectores políticos que, a juicio de sus impulsores, levantaron acusaciones infundadas contra Carabineros durante el estallido social, deben asumir su responsabilidad frente al país y realizar un mea culpa por el daño provocado a la confianza pública en una de las principales instituciones del Estado.
