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Agresión a ministra Lincolao escala judicialmente: Gobierno invoca Ley de Seguridad del Estado y acusa secuestro

El Gobierno intensificó su ofensiva judicial tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ocurrida el pasado 8 de abril en la Universidad Austral, sede Valdivia, en la Región de Los Ríos.

La acción del Ejecutivo contempla la ampliación de la querella previamente interpuesta, la invocación de la Ley de Seguridad del Estado y la insistencia en solicitar prisión preventiva para los estudiantes involucrados en el incidente.

La decisión se produce luego de que el abogado Joaquín Pizarro, representante del Ministerio de Seguridad, planteara que los hechos podrían ir más allá de un atentado contra la autoridad y configurar un eventual delito de secuestro.

Según el escrito presentado por el Gobierno, la ministra Lincolao habría permanecido retenida por cerca de dos horas al interior del Aula Magna, sin poder abandonar el lugar debido a las manifestaciones y al bloqueo de accesos por parte de estudiantes.

En esa línea, el Ejecutivo sostiene que la situación habría tenido por objetivo “privar de libertad, para así arrancar decisiones e imponer exigencias debido al cargo que ostenta la autoridad referida”.

Los tres estudiantes formalizados por los hechos —Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga— quedaron inicialmente con medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal.

Sin embargo, el Gobierno apeló dicha resolución e insistió en que se decrete la prisión preventiva de los imputados, al considerar la gravedad de los antecedentes incorporados a la causa.

La ampliación de la querella fue declarada admisible el 22 de abril por el juez Fabián Duffau, por lo que los nuevos antecedentes serán considerados en la revisión que deberá realizar la Corte de Apelaciones de Valdivia.

En dicha instancia también se analizará la apelación presentada contra la decisión inicial de no decretar la máxima cautelar para los involucrados.

Paralelamente, la investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Los Ríos estableció que los universitarios formalizados habrían proferido improperios, empujado y lanzado agua a la ministra Lincolao.

Tras el incidente, la secretaria de Estado debió ser evacuada del recinto con apoyo de personal policial y de la Armada.

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