El abogado Raúl Meza, representante de varios internos del ex penal de Punta Peuco y de la Fundación Verdad y Justicia, interpuso este martes un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el decreto que transforma el recinto en una cárcel común. La medida, autorizada por la Contraloría y anunciada por el Presidente Gabriel Boric, fue calificada por Meza como “arbitraria e ilegal”.
El jurista argumentó que la decisión vulnera derechos constitucionales como la vida y la integridad física y psíquica de los reclusos, la mayoría adultos mayores. Afirmó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores —suscrita por Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet— exige un trato digno y diferenciado para este grupo, lo que, a su juicio, no se cumpliría con la medida adoptada.
Asimismo, Meza apuntó directamente al Presidente Boric y al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acusándolos de actuar por “venganza política”. “Que lo digan abiertamente: no hay razones jurídicas, solo políticas”, declaró. Sobre un eventual indulto a presos del penal, señaló que se trata de una facultad presidencial exclusiva contemplada en la Constitución.
