La bancada de diputados de la UDI presentó un proyecto de ley para establecer la pérdida de beneficios estatales, como la gratuidad, a aquellos estudiantes que protagonicen hechos de violencia y agresiones en establecimientos de educación superior.
Mientras que en los colegios, los procesos de expulsión están fijados por ley, en la educación superior dependen de la aplicación de los reglamentos internos, facultad que recae en los rectores, mecanismo que quieren reforzar los autores de esta iniciativa.
“Además de pedir que se aplique el proceso de expulsión para aquellos que provoquen hechos de violencia en la educación superior, queremos aplicar un elemento adicional: que ese estudiante que intimida, amenaza, amedrenta, golpea o rompe infraestructura, no merece ningún beneficio del Estado”, explicó la diputada María José Hoffmann, al momento de presentar este proyecto de ley.
El proyecto implica la modificación de la ley 21.091 sobre Educación Superior, estableciendo la pérdida de todo beneficio estatal, incluida la gratuidad, para quienes participen en agresiones u otros hechos de violencia contra estudiantes y profesores.
