Este viernes, la oposición concretó una ofensiva político-judicial contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín, con la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que solicita su destitución inmediata. La acción, firmada por 16 consejeros regionales de la UDI y Republicanos, acusa a Orrego de notable abandono de deberes y vulneración al principio de probidad, apuntando a un uso sistemático de recursos públicos con multas electorales.
El fundamento central de la acusación se basa en el Informe Final N° 873/2024 de la Contraloría, que constató una contratación irregular por $31 millones a una consultora para un supuesto “coaching directivo”, que en realidad habría servido para preparar la campaña de reelección de Orrego. También se denuncian prácticas como el uso de redes oficiales del GORE para promover su cuenta personal de Instagram, y una comunicación institucional excesivamente personalizada, lo que sería —según el requerimiento— propaganda encubierta financiada por el Estado.
El proceso ya fue declarado admisible por el Tricel, instancia que deberá resolver si los antecedentes ameritan la destitución de Orrego. La ofensiva también busca frenar su proyección como posible candidato presidencial para 2025, mientras desde la UDI destacan esta acción como un hito en el control político de los gobernadores regionales.
