Más de 700 denuncias por amenazas de ataques en establecimientos educacionales se han registrado en las últimas semanas a nivel nacional, encendiendo las alertas de autoridades y comunidades escolares en Chile. El fenómeno, que se intensificó tras un hecho ocurrido en Calama a fines de marzo, ha obligado a suspender clases en diversos recintos y activar protocolos preventivos de seguridad.
Las denuncias se han concentrado tanto en la Región Metropolitana como en distintas zonas del país. En regiones como Valparaíso, O’Higgins, Biobío y La Araucanía, se reportan decenas de casos recientes, muchos de ellos vinculados a rayados en baños o publicaciones en redes sociales que aluden a posibles tiroteos. Aunque varias de estas amenazas han sido catalogadas como bromas de mal gusto, las autoridades recalcan que generan temor real, movilizan recursos policiales y pueden constituir delitos.
Frente a este escenario, el Ministerio Público y las policías han reforzado las investigaciones y medidas preventivas, incluyendo coordinación con establecimientos educacionales y servicios locales de educación. Además, se ha advertido que quienes resulten responsables —incluso menores de edad— deberán enfrentar consecuencias legales, en medio de un esfuerzo por contener un fenómeno que se ha extendido a gran parte del país.
