El gobierno del presidente argentino Javier Milei debió aplazar hasta febrero de 2026 la discusión de su polémica reforma laboral, en medio de fuertes cuestionamientos sindicales y masivas movilizaciones encabezadas por la Confederación General del Trabajo (CGT). La iniciativa, presentada como una “Ley de Modernización Laboral”, busca introducir cambios estructurales en el mercado del trabajo, pero ha sido calificada por los gremios como regresiva y precarizadora.
Entre los puntos más controvertidos del proyecto se encuentra la posibilidad de pagar salarios “en especies”, es decir, mediante bienes o servicios en lugar de dinero, sin fijar porcentajes máximos, lo que permitiría incluso remunerar el 100% bajo esta modalidad. A ello se suman la creación de un “banco de horas” que habilitaría jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, la reducción del cálculo de indemnizaciones por despido, el pago en cuotas de los finiquitos y la fragmentación de las vacaciones.
La reforma también propone ampliar la definición de “actividades esenciales”, lo que limitaría el derecho a huelga, además de eliminar la llamada “cuota solidaria” sindical y establecer salarios vinculados a la productividad. Si bien el oficialismo buscaba debatir el proyecto antes de fin de año, la presión social y una derrota parlamentaria llevaron al Ejecutivo a postergar su tramitación. Desde la CGT advirtieron que, de retomarse sin consenso, no descartan convocar a una huelga general a nivel nacional.
