El caso de Julia Chuñil Catricura, una activista mapuche desaparecida el 8 de noviembre de 2024 en Chile, ha dado un vuelco después de que tres de sus hijos y un exyerno han sido detenidos este miércoles, en la madrugada, por presuntamente participar en su asesinato.
Los hijos de la víctima, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil; y el exyerno, de iniciales B.F.B.B, han sido presentados ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos para su control de detención y formalización.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, que investiga el caso, afirmó que las capturas son el “resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada”, dirigida por el ministerio Público y “desarrollada junto a las policías y con el apoyo de distintas instituciones del Estado; lo que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al tribunal órdenes de detención”.
Carabineros realizó un operativo con efectivos policiales de distintas especialidades para detener a los presuntos responsables del crimen de Chuñil en sus domicilios de las comunas de Máfil, en la región de Los Ríos, y en la ciudad de Temuco, en La Araucanía.
La Fiscalía de Los Ríos informó que se presentarán cargos en contra de los tres hijos de Chuñil por el delito de parricidio, mientras que al exyerno por homicidio calificado, con la agravante de alevosía.
Aparte, a los cuatro arrestados se les imputará por los delitos de robo con violencia e intimidación a un hombre, de 90 años, que vivía en el mismo terreno de Chuñil.
Mientras se transcurría la imputación de los sospechosos, efectivos de Carabineros comenzaron excavaciones en el lugar donde vivía la víctima en el municipio de Máfil, en Los Ríos.Julia Chuñil, de 72 años, se desempeñó como presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel, localizada en Máfil, y fue una defensora del medioambiente.
Sus hijos responsabilizaban al empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwandter por su desaparición.
“Con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda, manifestaciones, convocatorias y del apoyo de muchas personas, damos a conocer la noticia tras una larga investigación, en la que se descubre que el principal sospechoso –quien hostigaba y ofrecía dinero, entre otras cosas–, quedó involucrado en un hallazgo de gran relevancia: un audio de llamada”, señaló la familia en un comunicado difundido el 30 de septiembre.
En este audio, atribuido a Morstadt, se insinuaba que el cuerpo de la activista habría sido quemado.
Esto generó conmoción pública, al punto de que el presidente Gabriel Boric exigió “verdad y justicia” para esclarecer el paradero de la dirigente mapuche.
“Exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad y Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, que creo representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia. Por tanto, instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda esclarecer toda la verdad”, dijo el mandatario el pasado 2 de octubre.
El ministerio Público lamentó la filtración de un audio. El fiscal nacional Ángel Valencia dijo, en ese momento, que el hecho, además de alertar a los sospechosos investigados, entregaba información “parcial y sesgada” sobre el rumbo del caso.
“No puedo confirmar ni rechazar la existencia de ese antecedente porque la investigación es reservada. Pero lo que se ha publicado por la prensa no refleja, de manera alguna, el contenido íntegro de la investigación, que es bastante más compleja que eso”, dijo Valencia, en una rueda de prensa, hace dos meses.
En paralelo, la abogada Karina Riquelme, representante de la familia Chuñil, declaró a medios de comunicación que existía una supuesta “ineficiencia” del ministerio Público y pedía formalizar a Morstadt por la desaparición.
Pero la Fiscalía, en cambio, investigaba también posibles conflictos entre uno de los hijos de Chuñil, Pablo San Martín, por un contrato de venta de terreno de 2,9 hectáreas del que solo podía disponer él en caso del fallecimiento de su madre; una versión que fue descartada por la abogada Riquelme.
La defensa, entonces, insistía en que la línea investigativa debía centrarse en la responsabilidad penal de quienes pudieron haber participado en la desaparición.
