Las declaraciones de abogados del Ministerio de Bienes Nacionales dieron cuenta de que el gobierno ejerció presiones para acelerar el proceso de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.
Según la Unidad de Investigación de Bío Bío, los testimonios de los funcionarios coinciden en que los procesos se aceleraron, tanto al solicitar visar sin revisar los decretos de compraventas como al realizarse telefonazos.
Una de las abogadas, Muriel Letelier, declaró que la jefa de gabinete de la exministra Marcela Sandoval, Denisse Hernández, le dijo que no podía irse sin que llegaran los decretos de compraventa tanto de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin.
Sin embargo, Poillot declaró que «el Decreto Supremo N° 38 fue revisado íntegramente por la abogada Muriel Letelier. Yo no participé en dicha revisión».
La declaración de la misma asesora reveló que el jefe de Departamento de Adquisiciones, Felipe Lanchares, le comentó que el jefe de División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, tenía «mucha premura» y lo llamaba «incluso los fines de semana, todo para sacar el proceso en el menor tiempo posible».
Lanchares, según las declaraciones de la abogada, recibió la llamada del representante de la familia Allende, Felipe Vio, para «discutir» la tasación inicial de la propiedad, de $828 millones. La cartera hizo un nuevo análisis y el avalúo aumentó en cerca de $90 millones.
Según el testimonio de Lanchares, fue en septiembre de 2024 que Maino le encargó dar inicio a las compras. Declaró al respecto que «el periodo de compra de la casa de Allende fue excepcional (…). El proceso normal de este tipo de adquisición es de 12 a 18 meses aproximadamente».
