El inicio del primer vuelo de expulsión de inmigrantes en situación irregular impulsado por el gobierno de José Antonio Kast generó reacciones divididas en el mundo político. El operativo, que contempla la salida de cerca de 40 personas, marca el comienzo de una de las principales promesas de campaña del Ejecutivo en materia migratoria.
Desde la oposición, parlamentarios cuestionaron la medida calificándola como “insuficiente” e incluso una “burla”, apuntando a la brecha entre las expectativas planteadas y los resultados concretos. En ese contexto, criticaron la baja escala del operativo frente a las metas anunciadas y advirtieron sobre dificultades administrativas, judiciales y logísticas para avanzar en expulsiones masivas.
En contraste, desde el oficialismo valoraron el inicio del proceso como una señal de avance y llamaron a dar continuidad a los operativos. En tanto, voces intermedias plantearon que el impacto de la medida dependerá de su sostenibilidad en el tiempo y del fortalecimiento de recursos institucionales, considerando que el vuelo será ejecutado con apoyo de organismos como Migraciones, la PDI y la Fuerza Aérea.
