El jurista llegó la mañana de este martes a la comuna costera para reunirse con las personas que asesora y manifestó que hay desconocimiento en el tratamiento de la causa.

“No tiene nada de Toma ni de VIP, es una ocupación que se hizo en un terreno de propiedad fiscal que estaba absolutamente abandonado y en condiciones perjudiciales para el desarrollo de la sociedad, refugio de personas indeseables socialmente, en circunstancias de que es un previo de propiedad fiscal, respecto del cual el organismo público encargado por la ley de subtenencia y administración del ministerio de Bienes Nacionales que nunca cumplieron su función de administrarlo, desde ese punto de vista mis representados qué son un grupo de jóvenes oriundos de Constitución, deportistas y ecologistas, se instalaron en el lugar para rescatarlo», dijo a Atentos Chile Alonso Bausalto.

El abogado agregó que el lugar tuvo en su momento el apoyo «no formal de la municipalidad y de alcalde anterior», y por otras razones vinculadas por la empresa privada la ocupación de sus representados se complicó.

«Tenemos una serie de acciones judiciales y lo otro que nos respalda es que está no es una situación en la que se esté desconociendo un derecho de terceros ni derecho fiscal, esa propiedad está inscrita a nombre del fisco de Chile nunca sea desconocido y se ha tratado de mantener en condiciones favorables a la comunidad de manera que toma no es VIP», explicó.

A criterio del abogado, lo que sucede hoy en día tiene que ver con los intereses del actual alcalde.

«Lo que ocurre es que la municipalidad y en particular el alcalde que es el recurrente, primero desconocía el origen real de esta situación y esta propiedad él no la conoce y si la conoce está faltando a la verdad. En segundo lugar porque el elegido en esta oportunidad como alcalde tiene un interés personal como alcalde, para que la municipalidad se adjudique y obtenga la concesión marítima de ese lugar y en esa medida está actuando en igualdad de condiciones con mis representado, no tenemos el carácter institucional pero esa es la situación”, agregó.

Reveló además que el alcalde «da una versión acerca de la naturaleza del origen y destino de esa propiedad antes y eso es falso. Esa propiedad fue creada e inscrita en el consejo de defensa del estado en el año 1971 con el propósito de servir a los fines industriales de las empresas productoras forestales del lugar».

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Talca dio curso a la demolición de la Toma VIP la que deberá ser ratificada por la Corte Suprena.

Así quedó en fallo de la Corte de Apelaciones del 18 donde se establece el mandato al municipio para que hafa efecto el proceso de demolición si se ratifica el pronunciamiento del Tribunal de Alzada.

La información fue entregada recién este lunes por al alcalde la comuna Fabián Pérez, debido a presión mediática.

«Con fecha 18 de agosto es decir el viernes recién pasado, la Corte de Apelaciones falla el recurso de protección deducido por los ocupantes ilegales de la playa Maguillines, rechazando bajo el argumento de que el decreto número 975, decreto de demolición, es legal ya que municipio competente para dictar un acto administrativo de ese tenor, en el ejercicio de sus potestades urbanísticas, de igual modo es enfático señalar que dichos ocupantes, carecen de derecho de propiedad sobre las construcciones allí emplazadas, y por otra parte la corte confirma la plena competencia de la municipalidad para ordenar la demolición», indicó el alcalde de la comuna, Fabián Pérez.

Sostuvo que la Corte afirma que la municipalidad se encuentra «legal y válidamente facultada para ordenar la demolición de la obra respectiva a costa del propietario, en este caso el fisco, representado por la Capitanía de Puerto a quién corresponde cumplir con la demolición. La Corte confirma además que se observaron todas las etapas del procedimiento, cabe señalar que la sentencia es apelable elevándose a la Corte Suprema lo que deberán hacer los recurrentes dentro de los 5 días hábiles a contar del viernes», detalló.

Finalmente informó que la Corte debiese pronunciarse en un plazo de 10 días hábiles de ser confirmada la sentencia, por lo que el alcalde de la Municipalidad de Constitución debe comunicarse en primera instancia con la Capitanía de Puerto a fin de obtener una respuesta respecto al cumplimiento de la orden impartida a través del decreto de demolición, y en su efecto en caso de ser negativa, proceder a la demolición a costa de la Capitanía de Puerto de la Gobernación Marítima de Talcahuano. Todo lo que esté dentro del paño que corresponde al terreno fiscal debe ser demolido» puntualizó.

Para Mitzy Vilos, presidenta del gremio, en Constitución existen dos categorías de desalojo en primera y segunda categoría.

«Las tomas VIP de primera y segunda categoría, o sea que nosotros estamos con un posible desalojo inminente en nuestro lugar de trabajo, no están siendo equitativas las partes acá con las tomas VIP, la gente humilde como nosotros los están sacando de nuestro lugar de trabajo. Para nosotros no hay tribuna, ni siquiera podemos salir a la opinión pública por eso queremos que sea justo para todos, aquí estamos con este desalojo dónde van a quedar de 200 a 300 personas sin trabajo», expresó.

Desde el municipio reaccionó el concejal de la comuna, Rodrigo Veloso, el cual indicó que «se han decretado dos desalojos los cuales en primera instancia funcionaron pero con el correr de los días nuevamente siguen instalados y viviendo en el lugar, posteriormente se decretó un decreto de demolición por parte del alcalde qué es el único qué tiene las atribuciones para poder firmar este tipo de decreto», señaló.

El nuevo conflicto social que acompaña al alcalde de la comuna, Fabián Pérez, quien aún no concreta el proceso de demolición de las viviendas VIP de Constitución y que mantiene bajo amenaza a las familias de las cocineras de la primera playa de Constitución.