Recordemos que la senadora fue una de las víctimas más simbólicas de las violaciones a los derechos humanos, ya que perdió los sentidos de la vista, el gusto y el olfato producto del impacto de una bomba lacrimógena de Carabineros mientras esperaba un bus del transantiago en San Bernardo.

“Ante las declaraciones del fiscal nacional de que en Chile no hubo violaciones a los derechos humanos, yo no sé en qué lugar está viviendo el fiscal nacional, ni en qué tiempo él está. Porque en Chile hubo violaciones a los derechos humanos y yo soy una víctima de ello”, expresó Campillai.

“Me pregunto cómo tendremos justicia ante un fiscal que es negacionista, al igual que los sectores de derecha”, añadió.

Minutos antes, el fiscal Valencia se había referido a los distintos hechos de violencia que se produjeron en el contexto de manifestaciones durante el estallido social y aseguró que sí hubo violación a los derechos humanos, pero dijo no tener información para decir que fueron sistemáticas.

“Hay varias querellas que se presentaron para que investigaremos acciones de esa naturaleza y esas investigaciones están en curso (…) hemos detectado hechos que revestirían carácter de violación a los derechos humanos, pero no hemos reunido antecedentes en esas investigaciones que permitan atribuirle el carácter ‘sistemático’, aunque esas investigaciones se encuentran todavía abiertas”, dijo Valencia.

Pese a estos dichos, fue la misma Fiscalía Nacional quien entregó los datos de casos de violación a los derechos humanos en Chile durante la revuelta social, cuando se cumplen cuatro años del 18 de octubre que dio inicio a las protestas.

Según los datos del Ministerio Público, se denunciaron 8.508 casos de violencia institucional, aunque solo se han logrado 31 condenas.

Esto, luego que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente abriera un sumario interno por la entrega de información al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, para la demolición de narco casas en la comuna.

“El objeto (del sumario) tiene que ver con apreciar si se le entregó información al alcalde de La Florida y si eso se encuentra en los márgenes de lo que la ley y nuestra reglamentación interna nos permite”, señaló Valencia.

Así también recalcó que “la Fiscalía de Chile va a seguir compartiendo información acerca de las tareas que realizamos en favor de los vecinos, en combate al narcotráfico. Con los alcaldes información general y también esperamos seguir recibiendo esta información”.

Noticia en desarrollo…

Un posible caso de conflicto de interés podría pesar en el recién asumido fiscal nacional, Ángel Valencia, luego que este miércoles se revelara que el abogado trabajó por cuatro años para la Municipalidad de Lo Barnechea, cuando Felipe Guevara era alcalde, ex autoridad que ha sido relacionada al caso que investiga el Ministerio Público por presunta corrupción en el municipio de Vitacura cuando fue liderado por Raúl Torrealba.

Un reportaje de Centro de Investigación Periodística (Ciper) profundizó en la relación entre ambos personeros, luego que en la jornada de su ratificación en el Senado, las senadoras Yasna Provoste (DC) y Loreto Carvajal (PPD) emplazaron a Valencia por su relación con el municipio de Lo Barnechea por una causa de 2008.

“No conozco a don Luis Felipe Guevara Stephens. No soy su abogado, nunca he tenido causas que este me haya encargado, o me haya delegado, o me haya designado como su abogado de confianza de forma directa. No lo conozco, no recuerdo haber tenido una reunión con él”, afirmó a la Cámara Alta.

“El escrito que se me exhibe corresponde a un escrito mediante el cual el abogado Juan Domingo Acosta y quien habla, constituimos poder a nombre de una persona (…) es posible que la confusión obedezca a un desconocimiento de las reglas procesales”, agregó.

Su relato terminó reiterando: “Yo no conozco a Felipe Guevara, no tengo ningún vínculo profesional actual con él, no he tenido ninguna reunión profesional con él, no soy su abogado”.

No obstante, el medio citado dio cuenta de que entre 2015 y 2019, Valencia trabajó para el municipio de Lo Barnechea, representó a Guevara en una causa por desacato por un permiso de edificación -resultó sobreseído- y lo asesoró en 2019 cuando el militante de Renovación Nacional (RN) asumió como intendente de la Región Metropolitana en pleno estallido social.

El nuevo fiscal aparece con 57 boletas de pagos mientras Guevara era alcalde de Lo Barnechea, cuya función fue cambiando con el paso de los años. En tanto, el rol que tuvo con el ex intendente en el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera fue de “asesorar y apoyar al Sr. Intendente en materias judiciales en donde el Gobierno Regional Metropolitano sea parte o tenga interés”.

Guevara negó el vínculo

En entrevista con el medio citado, el ex alcalde negó tener un vínculo con Valencia: “Hasta donde tengo entendido, yo no tengo ningún contrato con él. Nosotros en la municipalidad contratamos, previo concurso público, aprobado por el concejo municipal, al señor Juan Domingo Acosta. Y el señor Acosta se podrá hacer acompañar por quien estime conveniente para cumplir con los objetivos del contrato que tenía. Nosotros con el señor Valencia nunca tuvimos ningún contrato ni ninguna relación contractual. La relación laboral con el señor Valencia nunca ha existido”.

El medio le hizo llegar a Guevara los registros de transparencia municipal y de la Intendencia donde sí se constata la relación laboral entre ambos. “¿Puede ser que haya alguna contratación? Puede ser. Son cientos de abogados los que contrata una municipalidad, son menos los que contrata una intendencia, pero también son muchos. Pero de ahí colegir que hay alguna relación, no. Porque lo que no tengo es una relación bipersonal, ni lo conozco, ni tengo su teléfono y nunca he estado en un mismo lugar con él. Es más, no lo reconocería si me lo topo en una reunión social con él, no sé quién es”, respondió.

Al respecto, Ciper le dijo al ex alcalde: “Lo que quisiéramos saber, entonces, es ¿por qué si no lo conoce y no tiene ni su teléfono, lo ha contratado tantas veces?”.

“Pucha, porque en una municipalidad trabajan cinco mil personas y los temas judiciales los ve la dirección jurídica, no las ve el alcalde. El alcalde no está pendiente de las contrataciones de ese tipo, ni de las cobranzas. Al alcalde le hacen un resumen”, contestó.