Según información que maneja Radio Bío Bío, en primera instancia, Carlos Gonzáles Vaca conocido como “El Estrella” y de nacionalidad venezolana, comenzó a patear las rejas de sus celdas, por lo que personal de Gendarmería debió intervenir.

Cuando lo trasladaban a otro sector de la cárcel, un segundo reo de nacionalidad venezolana, Hernán Landaera alias “Satanás”, también empieza a patear la celda, por lo que gendarmes realizan el mismo procedimiento.

Tras eso, otros reos imitan la actitud de estos internos y también se auto infieren cortes al interior de sus celdas. Igualmente, estas lesiones no requirieron el traslado de algún involucrado a un centro de salud.

En total, fueron 17 los reos involucrados en este episodio, todos de nacionalidad venezolana y lo habrían hecho en protesta al régimen de encierro, y especialmente porque familiares -al ser inmigrantes ilegales- no pueden visitarlos.

Respecto a personal de Gendarmería, no se reportaron heridos.

Según información de la policía uniformada, principalmente es una medida para las fronteras y aclaró que por ahora no hay indicios de que esta persona se encuentre en Chile.

«Sujeto de alto compromiso delictual quien sería el líder del grupo delictual denominado Tren de Aragua, quien se encontraría prófugo de las justicia en Venezuela, el cual posiblemente se puede haber trasladado hasta Chile», detalla la alerta.

Carabineros aclaró que se trata de un sujeto de interés y que la medida se entregó a nivel nacional a todas las unidades del país de forma interna, para que los funcionarios cuenten con la información.

Alerta de la PDI

Por su parte, la Policía de Investigaciones (PDI) emitió una «alerta informativa migratoria» que individualiza sujetos de interés, relacionados a los integrantes de la banda delictiva, entre los que se encuentra el «Niño Guerrero». 

El documento detalla que se trata de una organización que capta a sus víctimas y bajo amenaza de muerte las extorsiona solicitando altas sumas de dinero.

Los delincuentes ofrecen en redes sociales la compra-venta de vehículos automotores a bajo costo. Una vez que llegan al lugar acordado que acuerdas con las víctimas, las interceptan y las intimidan con armas de fuego. Bajo amenaza de muerte, las trasladan a zonas para despojarlas del de su dinero y pertenencias.

Asimismo, cometen robos y hurto de vehículos, viviendas y empresas, y también realizan secuestros, extorsiones, homicidios y estafas.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada por la alerta de Carabineros y por las coordinaciones que se están llevando a cabo con Venezuela.

«Nosotros tenemos nuestros propios sistema de coordinación, no lo define nadie más y en esos sistemas tenemos pasos importantes que hemos dado en el último tiempo porque desde que se ha instalado nuevamente nuestro embajador en Caracas hemos empezado abordar temas que durante largo tiempo teníamos pocas dimensiones para articular iniciativas en conjunto», aseveró.

«Pero fundamentalmente de lo que nos estamos valiendo es de la capacidad de inteligencia de nuestras policías, en el mayor control que tenemos en las fronteras», agregó.

“Hemos coordinado con los Gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile para que la operación de búsqueda, persecución y captura contra estos criminales sea internacional”, dijo en su programa semanal “Con Maduro +”, transmitido por el canal estatal VTV.

Señaló que se trata de la segunda fase de una operación que arrancó el pasado 20 de septiembre con la “impecable” intervención militar y policial de Tocorón, donde se formó la organización criminal transnacional “Tren de Aragua” -extendida por Chile, Perú, Bolivia y Colombia-, que fue “desmantelada totalmente” con el despliegue de más de 11.000 funcionarios, según informó el sábado el Gobierno.

Maduro dijo que la fuga de presos ocurrió debido a que un “grupo de funcionarios” -cuyo número tampoco precisó, y que “ya están presos” y serán “juzgados y severamente castigados”- alertaron de la operación a los reos.

El pasado sábado, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, anunció el desmantelamiento del “Tren de Aragua”, y aseguró que continúan las investigaciones y los procesos de “búsqueda” para capturar a todos los vinculados con este grupo, “inclusive en el ámbito internacional, si llegasen a escapar, a huir, algunos de los integrantes”.

Afirmó entonces que Venezuela está posicionada “geopolíticamente para colaborar y contribuir con los órganos de seguridad ciudadana” de los países vecinos y otros, con los que está en “contacto permanente”.

De acuerdo con los reportes gubernamentales, durante la intervención del centro penitenciario se encontró armamento de guerra, como armas largas, de francotiradores, granadas, explosivos, lanzacohetes y municiones diversas.

El Ejecutivo confirmó que el procedimiento se saldó con un agente muerto y otros cuatro detenidos por su presunta vinculación con las redes criminales que operaban en el lugar, en el que se planeaban secuestros, homicidios por encargo y delitos informáticos.

El magistrado Héctor Barraza entregó a la Corte de Arica, a raíz de un recurso de protección interpuesto en su contra por la fiscalía, sus argumentos para justificar la entrega de los testigos claves en una investigación seguida contra la banda criminal del Tren de Aragua. El documento, al que accedió El Desconcierto, considera otros fallos pero no la peligrosidad de los 44 imputados ni que once de ellos arriesgan presidio perpetuo.

El juez Héctor Barraza se defendió de los cuestionamientos tras su polémica decisión de entregar el listado de testigos protegidos a la defensa del clan “Los Gallegos”, brazo armado del Tren de Aragua que operaba en Arica.

Se trata de los nombres de los 57 testigos protegidos y funcionarios policiales que han colaborado en la investigación en contra del clan de origen venezolano que echó raíz en las tomas del Cerro Chuño.

Esta situación llamó la atención de la Fiscalía, desde donde se opusieron a la decisión del juez, ya que pondría en peligro la vida de cada una de las personas que se atrevieron a dar su testimonio.

De hecho, tras lo sucedido, la Fiscalía presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Arica, tribunal que suspendió la polémica resolución del magistrado.

Pero además, el fallo del tribunal de alzada decretó que el juez Barraza despachara un informe respecto de los “hechos expuestos en el recurso y el acto que se impugna”, “adjuntando todos los antecedentes” que correspondan.

Justamente, en dicho informe, el magistrado defendió su cuestionada decisión, apuntando a que la postura de la Fiscalía de mantener el listado de testigos fuera del alcance de la defensa de los imputados, “restringía seriamente el trabajo de las defensas”.

Así lo detalló en el documento de cuatro páginas al que tuvo acceso El Desconcierto.

Según su apreciación, la petición de mantener en secreto la lista de testigos “contravenía su interpretación del debido proceso”, incluso a lo que señala la Constitución Política.

En ese sentido, recordó que los imputados por los graves delitos son “sujetos de derechos”.

Asimismo, tras citar la Ley Orgánica del Ministerio Público, Barraza señaló que ahí se apunta a que la transparencia de sus actuaciones debe ser un “elemento central del proceso penal”.

Pero también, el magistrado aludió a distintos fallos, tanto de la Corte Suprema, como de la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se ordenó revelar la identidad de testigos protegidos, pese a que ninguna de estas decisiones incluía a imputados del Tren de Aragua.

Incluso, aludió a los cuestionamientos que hizo la Corte Interamericana Derechos Humanos (COIDH) por el uso de testigos reservados en sus observaciones al Estado de Chile, por el caso Norín Catrimán.

Recordemos que la decisión de Barraza no solo provocó un revuelo en el Poder Judicial, sino que también a nivel político, luego que el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, acusara incumplimiento de “deberes funcionarios” por parte del juez y remitiera los antecedentes a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre su comportamiento.

No obstante, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Mariela Hernández, declaró que la decisión tomada por el Ejecutivo es una “intromisión” en el estamento judicial.

En esa línea, sin una mayor diferencia en la discusión entre los ministros del Pleno, la Corte Suprema habría decidido no emitir un juicio respecto al juez Héctor Barraza.

Según consignó El Mercurio, la razón radicaría en que la Corte de Apelaciones de Arica ya inició una investigación administrativa y que en esa indagatoria se resolverá si existe o no una responsabilidad por parte del regulador.

De acuerdo a lo señalado por la autoridad, «no tenemos antecedentes para indicar que el líder del Tren de Aragua esté en Chile».

Las palabras de Monsalve fueron dadas luego de que la prensa internacional indicara que Guerrero habría escapado hacia Perú, habiendo riesgo inminente de posible arribo a Chile.

«Valoramos todos los esfuerzos de gobiernos para luchar contra el crimen organizado, en particular contra organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua», aseguró.

Asimismo, Monsalve subrayó que «reiterar que la lucha contra el crimen organizado requiere cooperación internacional. Cuando hay amenazas internacionales, por supuesto se levantan alertas y se llevan adelante procedimientos para identificarlas independiente del lugar donde estén».

«Nuestras policías están alertas», sentenció.

Antecedentes que fueron entregados el miércoles por el juez de garantía de Arica, Héctor Barraza y que fue revertida el jueves por la Corte de Apelaciones.

El requerimiento original fue elevado por los defensores públicos de los imputados ligados al Tren de Aragua, con el fin de acceder a la identidad de 57 testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación contra el brazo operativo del Tren de Aragua.

Junto con la devolución de los antecedentes, el defensor regional informó que se presentó un recurso de reposición, ya que desde el organismo consideran que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones “no se ajusta a derecho”, según publicó diario La Tercera.

“Los defensores penales públicos, sin perjuicio de la resolución dictada por un juez de garantía que ordenaba la devolución de la información sobre testigos protegidos -la cual a juicio de nosotros no se ajustaba a derecho y respecto de la cual ejercimos los recursos que correspondían- voluntariamente hicieron entrega de lo solicitado a la espera de que el tribunal competente, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, resuelva el asunto”, detalló el defensor regional Sergio Zenteno.

En tanto, la autoridad regional de la Defensoría Penal confirmó que la información sobre la identidad de los testigos se manejó “bajo estrictas medidas de confidencialidad” y que nunca fue entregada a terceros.“Ese es el actuar que siempre han tenido -y van a seguir teniendo- nuestros defensores”, aseguró Zenteno.

Detalles de investigación por entrega de nombres de testigos protegidos.

El fiscal de Tarapaca, Raúl Arancibia, entregó detalles respecto de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público a raíz de la liberación de los nombres de los testigos protegidos en las causas contra integrantes de Los Gallegos.

Arancibia detalló que las diligencias respectivas iniciaron inmediatamente después de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyera el inicio de la investigación.

“La investigación está en curso del mismo momento en que me fue notificada la resolución que me ordenaba abrir una investigación. Ayer se abrió la causa respectiva y toda la mañana de hoy he estado abocado a hacer diligencias, incluso a tomar una larga declaración ya”, comentó el fiscal Raúl Arancibia, sin develar quién fue la persona entrevistada.

El fiscal explicó que por ahora hará diligencias a distancia y la calificación final de los delitos se determinará una vez que la investigación avance.

De igual manera, adelantó que “podríamos estar frente a una violación de secreto o a una infidelidad de la custodia”.

“Hay varias alternativas y eso va a depender de la forma, de cómo ocurrieron los hechos realmente”, aseguró el fiscal Arancibia.

Así lo confirmó la mañana de este jueves la Fiscalía de Arica y Parinacota, según señaló a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

“Corte de Apelaciones dio lugar a orden no innovar que pidió @Fiscalia_Arica, en recurso de protección presentado en favor de testigos protegidos con identidad reservada en causa contra Los Gallegos”, señaló.

“Esto suspende resolución de juez que ordenaba entregar sus nombres a defensas”, tuiteó.

El exitoso operativo se realizó en Talca y en la comuna de Estación Central en Santiago, el cual permitió la detención de los delincuentes vinculados al Tren de Aragua.

La investigación determinó que los detenidos estaban implicados en delitos violentos, homicidios y secuestros, además de tráfico de drogas en la capital regional.

En la oportunidad, detectives de la BH Talca en conjunto con el Equipo de Investigación Preferente del Maule intervinieron 14 departamentos en Villa las Américas de Talca, tras órdenes judiciales obtenidas por el Ministerio Público, además de un domicilio de Estación Central, incautando drogas, armas, municiones, vehículos, entre otras especies.

“Fue una investigación de largo aliento, en donde la PDI aportó un equipo multidisciplinario para indagar la relación entre un grupo de extranjeros que se vinculaban con diversos hechos de sangre y otros delitos que ocurrieron en la comuna de Talca durante el 2022”, sostuvo tras la audiencia de formalización el fiscal jefe UNAAC, Francisco Soto.

Agregó que, “Se pudo detener a los líderes de esta organización, la cual constituye una célula del Tren de Aragua, que se instaló en la ciudad de Talca, que tomó el control territorial de los departamentos de Villa las Américas, utilizó diversos domicilios en la ciudad de Talca para realizar sus operaciones y que participó en diversos delitos, muchos de ellos de homicidios y secuestro”.

Cómo resultado del operativo, 7 personas resultaron detenidas con prisión preventiva, otorgando el tribunal 4 meses de investigación tras la solicitud del Ministerio Público.

Por su parte, el jefe de la Región Policial del Maule, prefecto Germán Parra, aseguró que “fue una investigación de largo aliento, en donde se reunió un grupo de multidisciplinario de Investigación Preferente, que permitió intervenciones el día de ayer tanto en Talca como en Santiago, la utilización de más de 100 detectives, lo que nos permitió detener a esta organización, que tenía labores jerárquicas establecida, los que fueron puestos a disposición de tribunales, quedando en prisión preventiva”, concluyó.

En concreto, los delitos investigados son trata de personas, tráfico de drogas y posesión de armas. Una décima persona detenida en el marco de esta investigación quedó con arresto domiciliario total y el tribunal ordenó seis meses de plazo para la investigación.

“Esto es parte del trabajo de crimen organizado que hemos estado realizando desde el inicio de este Gobierno (…) Las investigaciones profundas que se han hecho, en el marco del crimen organizado, nos han empezado a dar luces respecto a cuál era la amplitud del crimen organizado que teníamos en nuestro país”, aseveró.

Recordemos que a principios de agosto de 2022, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llamó a no construir “mitos” en torno a la real presencia de organizaciones criminales internacionales y sus vínculos con grupos que operan en Chile.

Por ello, Desdner reconoció que “no ha sido un trabajo fácil”. “Efectivamente, hemos descubierto que hay presencia de personas del Tren de Aragua en esta organización que se desbarató” el pasado jueves en pleno centro de Concepción.

En esa línea, enfatizó en que “esta no es la primera organización en Chile que se desbarata respecto del Tren de Aragua. Han habido al menos 3 procedimientos más, a propósito de este”.

Sin embargo, aclaró que no se ha desarticulado al Tren de Aragua en el Bío Bío con esta detención.

“Es imposible en este momento decir si es que quedan más personas del Tren de Aragua en la región del Bío Bío o no”, subrayó, añadiendo que “eso es parte de las investigaciones que se están haciendo”.

Dresdner por Tren de Aragua en Concepción: “Nos estamos haciendo cargo de un problema que heredamos”

Destacando también el trabajo del Gobierno en torno al crimen organizado, la delegada hizo énfasis en que este no es un problema reciente.

“Este es un Gobierno que se ha hecho cargo del problema del crimen organizado. Este no llegó con nosotros. Estaba de antes y se le dio espacio”, explicó.

“Nosotros no le estamos dando espacio, estamos cortando ese espacio”, sostuvo. “Tenemos presencia de delitos que son delitos que no estamos acostumbrados a ver”, agregó.

“Es un trabajo que se ha estado haciendo desde el Gobierno para generar los planes de crimen organizado para tratar estos delitos. Entregar capacidades a las policías, a la Fiscalía, para que se puedan investigar de la manera correcta y avanzar con las soluciones y los resultados, como los que vemos hoy”, detalló.

“Nos estamos haciendo cargo de este problema, que es un problema que heredamos”, lamentó Dresdner. “Lo que ocurre acá es extremadamente grave”, sentenció.