En horas del mediodía de este lunes, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, se refirió al cierre del Casino Talca pautado para el próximo 26 de diciembre, situación que mantiene a los trabajadores preocupados, ya que durante años, este ha sido fuente laboral directa e indirectamente para miles de personas.

En específico, son 300 trabajadores directos y más de mil indirectos los que dependen del Casino para generar ingresos, por lo que esta situación, especialmente en fechas decembrinas, les toma por una no grata sorpresa.

El alcalde de Talca detalló que existe la posibilidad de interpretar la ley y permitir que Casino de Talca continúe funcionando hasta que se construya el nuevo Casino, por lo que en horas de la tarde sostendrán una importante reunión.

Recordemos que además de los despidos del personal, con el cierre del Casino Talca, la municipalidad también deja de percibir un importante monto anual de al rededor de mil millones de pesos, cifra necesaria para los diferentes proyectos municipales.

«Tendré una videoconferencia con la subintendente de casino para plantear esta inquietud, queremos ver que se generen soluciones en corto plazo, lo más importante para darle tranquilidad a las 300 familias y a la mano de obra indirecta que se vería afectada. Creemos necesario que se haga como en otros casinos del país, que se ha dado posibilidad de prórroga mientras que re realiza la construcción del casino entrante, para que nadie se vea perjudicado», detalló la autoridad.

Díaz explicó que existe un vacío legal, por lo que habría que conversar si existe una solución administrativa o pasa a una modificación a la ley a través de una ley corta, para resolver este problema, recalcando que, «debiese existir la voluntad, ya que las consecuencias del cierre son demasiado grandes».

«Nos preocupa es este vacío de dos años de construcción (…) nos hemos reunido con el sindicato de trabajadores, esperamos tener respuesta el día de hoy y dependiendo de lo que nos diga la superintendencia, si es una salida administrativa o pasa por una modificación de ley donde necesariamente tiene que operar el congreso. Son los pasos que vamos a seguir, si pasa a la ley corta nos reuniremos con los parlamentarios de la zona en el más breve plazo, ya que esto es una reunión de urgencia», enfatizó el alcalde.

Finalmente, el alcalde destacó que en este casi, «debiera prevalecer la sensatez y el bien común» ya que, el que se prorrogue por dos años el actual contrato «no le hace daño a nadie, es un beneficio para la ciudad y la región, pero que deje de funcionar si le produce un daño muy grande a los trabajadores y a la ciudad», cerró.

Entre las principales demandas están un reajuste nominal de remuneraciones de un 6,5%, la aplicación de la reducción de la jornada laboral (40 Horas) y el mejoramiento de los bonos.

Todo ello, en medio del debate por las bajas cifras de crecimiento proyectadas para 2024.

Las exigencias enumera una serie de demandas económicas y laborales, de nivelación y universalización de derechos y beneficios para los funcionarios.

José Manuel Díaz, vicepresidente de gestión de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), destacó que este año las negociaciones se darán en un escenario bastante singular, aludiendo a que el país se encuentra en un proceso constitucional.

Por su parte, Carlos Insunza, coordinador de la Mesa del Sector Público, sostuvo que las peticiones buscan, además, perfeccionar un bono mensual que mejoraría asimismo los salarios más bajos de quienes ejercen para el Estado.

La Ley de reajuste general aplicaría a más de 1 millón 100 mil trabajadores y como expusieron los representantes de la Mesa del Sector Público, conllevaría un incremento en las remuneraciones y también mejoras en las condiciones laborales.

Por ejemplo, buscando aplicar la Ley de la jornada de 40 horas.La diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, dijo que si bien “no están los tiempos para aumentos de nada”, hay que sentarse a escuchar a los trabajadores.

Por la inflación “todo aumenta y los sueldos siguen siendo los mismos”, opinó a la vez.La primera reunión entre el Gobierno y los representantes del sector público se debería realizar mañana martes.

Pese a diversos esfuerzos para dar continuidad a las operaciones e impedir el cese de las faenas, cerca de 90 trabajadores quedarán sin empleo.

Entre las razones que provocaron el cierre de Horcones 2, se encuentran diversos factores, principalmente de mercado, baja demanda, bajos precios y dificultades de abastecimiento.

Los trabajadores expusieron en primer lugar la situación «de vulnerabilidad en la que se ven expuestos funcionarios y funcionarias, quienes vieron invadido su lugar de trabajo, pudiendo esto desencadenar una sensación de temor o inseguridad”.

Además de las “consecuencias” que el hecho “pudiera generar en el correcto y oportuno desarrollo de las funciones”.

Lo que podría “implicar una posible demora en la tramitación de la oferta programática, ya que los equipos sustraídos contiene información de vital importancia para el correcto uso y aplicación de beneficios”.

En el escrito también destacaron que no se trata de un “simple robo de computadores”, sino que “de las herramientas de trabajo e información, a través de las cuales, miles de chilenos y chilenas, acceden a los beneficios sociales del Estado”.

Por último, hicieron un llamado a los medios de comunicación a “no tergiversar o desinformar”. Apuntando a que “los canales de televisión se ha entregado información errónea en cuanto al funcionamiento de los equipos de trabajo y su lugar de desempeño”.

“Queremos ser claros: el Código del Trabajo garantiza el derecho que tienen los bomberos de ausentarse de sus lugares de trabajo por el tiempo que duren las emergencias. No hay un tiempo máximo”, afirmó la autoridad en entrevista con Radio Bío Bío, en el contexto de los incendios forestales que afectan al país.

Además, según explicó, los voluntarios no deben tampoco devolver horas de trabajo ni ver afectadas sus remuneraciones.

Boccardo no titubeó en señalar que, por tanto, las empresas que estén exigiendo el retorno de bomberos al trabajo van a ser fiscalizadas y multadas.

Asimismo, dijo que la Dirección del Trabajo (DT) velará por fiscalizar lo anterior y, asimismo, proteger los derechos laborales de los empleados de las empresas que resultaron siniestradas.

El ministro (s) indicó que en las reuniones que han sostenido con los gremios empresariales, han concordado en que la legislación es clara al respecto.

“Es muy importante denunciar” a las empresas que no cumplan, puntualizó.

Una terrible muerte encontraron tres personas en el sector El Tabaco en la zona oriente de Talca, tras quedar atrapados en un recipiente con 400 litros de salsa de ají.

El hecho que a esta hora se investiga, habría ocurrido luego que un trabajador perdiera el equilibrio y cayera al interior de una cuba de vino, la cual contenía ají, y dos compañeros fueran a su rescate.

Pese a sus intentos, ambos cayeron junto al primer accidentado al contenedor, falleciendo todos a causa de asfixia.En tanto, se logró rescatar a un menor de 14 años, quien también habría caído al recipiente y que fue trasladado al Hospital Regional de Talca.

La Fiscalía local determinó la concurrencia de personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), el cual realiza diligencias para determinar cómo sucedieron los hechos.

Además, informaron sobre la presencia de la fiscal Gabriela Vargas para las diligencias investigativas con el objetivo de determinar la dinámica de los hechos.

Hasta el lugar acudieron funcionarios municipales, Seguridad Municipal, Inspectores, Carabineros, y Policía de Investigaciones con el fin de hacer la notificación correspondiente a los locatarios para su desalojo y retiro de la mercadería.

Desde la Municipalidad, informaron que son cinco patios los que funcionan dentro del Parque Industrial, y solamente el número dos presenta este inconveniente.

Al respecto, Grace Salazar, directora del departamento Jurídico Municipal de Talca, detalló que el resto de los patios cumplen a cabalidad con los permisos correspondientes al comercio establecido.

«El patio dos es un bien productivo municipal que forma parte del Parque Industrial. Está compuesto por cinco patios, cuatro de ellos funcionan racionalmente y se pagan conforme a la ordenanza los permisos municipales», detalló.

Añadió que, «en el caso del patio dos, este se encuentra de forma irregular desde hace varios años, los ocupantes ilegales no han querido pagar permisos municipales, por lo que haciendo uso de las facultades que tiene el alcalde, ordenó el cierre y la clausura del lugar», explicó.

Por los motivos expuestos, este patio no puede seguir en funcionamiento, es por ello que los ocupantes fueron llamados a desalojar el lugar de forma pacífica.

«Un grupo minoritario se opuso y se van a tomar las medidas por el administrador los próximos días. Todos los otros patios funcionan normal, con gente que trabaja y paga permisos de forma honesta y en perjuicio de ellos tenemos que mantener este patio, servicios básicos y otras cosas por gente que no paga», enfatizó.

Salazar explicó que con esta medida se busca formalizar a los locatarios para que puedan seguir sus funciones de manera regular.

«Mucha gente inclusive que estaba en situación irregular se ha acercado al municipio porque quieren trabajar de forma regular, la gente honesta siempre quiere pagar su impuesto y quiere ejercer labores productivas como corresponde, pero lamentablemente hay un grupo de personas -desconocemos cuáles son sus motivaciones-, que pretenden hacer suyo un bien municipal y eso legalmente no corresponde», cuestionó.

Explicó que el bien productivo volvió a la administración municipal en junio del año 2020, pero debido a la pandemia -y otras cosas- se había demorado el desalojo, el que llega tras intentos fallidos de conversaciones donde no se lograron concretar soluciones.

Finalmente explicó, que existe un decreto de desalojo del bien municipal productivo, y en estos casos, si no funcionan regularmente se debe clausurar.

Por su parte, el representante de los trabajadores -quien al momento fue informado del desalojo-, aseguró que no estaba dispuesto a ese tipo de diálogos, por lo que espera una sentencia para el desalojo, según informó la directora del departamento Jurídico de la Municipalidad de Talca.

Para Mitzy Vilos, presidenta del gremio, en Constitución existen dos categorías de desalojo en primera y segunda categoría.

«Las tomas VIP de primera y segunda categoría, o sea que nosotros estamos con un posible desalojo inminente en nuestro lugar de trabajo, no están siendo equitativas las partes acá con las tomas VIP, la gente humilde como nosotros los están sacando de nuestro lugar de trabajo. Para nosotros no hay tribuna, ni siquiera podemos salir a la opinión pública por eso queremos que sea justo para todos, aquí estamos con este desalojo dónde van a quedar de 200 a 300 personas sin trabajo», expresó.

Desde el municipio reaccionó el concejal de la comuna, Rodrigo Veloso, el cual indicó que «se han decretado dos desalojos los cuales en primera instancia funcionaron pero con el correr de los días nuevamente siguen instalados y viviendo en el lugar, posteriormente se decretó un decreto de demolición por parte del alcalde qué es el único qué tiene las atribuciones para poder firmar este tipo de decreto», señaló.

El nuevo conflicto social que acompaña al alcalde de la comuna, Fabián Pérez, quien aún no concreta el proceso de demolición de las viviendas VIP de Constitución y que mantiene bajo amenaza a las familias de las cocineras de la primera playa de Constitución.

Explicaron que tras una serie de diálogos se les ofrecerá a los trabajadores dos opciones: un egreso especial voluntario —para quienes decidan dejar su puesto de trabajo— o la reubicación o reconversión asistida, para aquellos que opten por trasladarse a otros centros de trabajo de la Corporación.

Ricardo Weishaupt, gerente general de Ventanas, destacó en un comunicado “la actitud responsable y respetuosa de los dirigentes que permitió este acuerdo en términos y plazos muy adecuados”, manifestó.

Por su parte, representantes sindicales valoraron el acuerdo que ya fue informado a los trabajadores.

“El acuerdo fue posible por el interés común de cuidar a nuestra gente y resguardarlos en el caso que se produzca el cierre de la fundición”, señaló Andrea Cruces, presidenta del Sindicato N°1.

Por otro lado, Manuel Araya, presidente del Sindicato Turnados, complementó que “las condiciones del acuerdo nos permiten darle certidumbre a nuestra gente en caso que avance el escenario de cierre. Hemos sufrido por demasiado tiempo indefiniciones que son dañinas y todos valoramos saber cuáles son las alternativas que tenemos”, expresó.

El acuerdo concordado en la mesa que inició su trabajo el 30 de junio, responde al mandato entregado por el directorio de Codelco de avanzar en la preparación del cese de la fundición, en la que el ámbito laboral es crucial para lograr una transición que cautele el impacto social de la medida.

Principalmente avanzará con abordar la situación de las empresas contratistas relacionadas con la fundición.

Proceso de cierre de Ventanas

La ejecución del cese, remarcó la estatal, está supeditada a la modificación de la Ley N°19.993, que obliga a Codelco a mantener la capacidad de fusión en la fundición Ventanas para procesar los concentrados provenientes de Enami.

Una vez modificada dicha normativa, se tramitarán ante el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) los permisos para la paralización temporal de la fundición.

Luego, corresponde la elaboración de las ingenierías de perfil, prefactibilidad y factibilidad del cierre definitivo, seguido de los procesos de autorización respectivos.

Posteriormente, se podrá proceder al desmantelamiento de la planta, la reutilización de infraestructura, las remediaciones y recuperación de áreas.

En paralelo, Codelco seguirá potenciando sus refinerías y sus otras fundiciones, catalogadas como estratégicas por la compañía.