Bien equipados, con carpas y fogones, aproximadamente 600 familias se instalaron en cercanías de calle Seminario, y no descartan trasladarse hasta el Estadio Nacional, sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023, en caso de no recibir respuestas del Gobierno.

La dirigente de la agrupación, Daniela Ocaranza, señaló que, «Nosotros vamos a estar de forma indefinida en esta toma, en este campamento que hemos generado en la comuna de Providencia. Somos más de 600 familias de la agrupación Luchadores de Lo Hermida de Peñalolén y vamos a ocupar esta vitrina hacia el mundo para denunciar la crisis que existe en Chile».

Las personas de Lo Hermida exigen una solución habitacional y también apoyo económico desde el Gobierno. «No sólo esperamos al Ministerio de Vivienda sino que también a Desarrollo Social, porque esta crisis no es sólo de vivienda, sino que también social y económica. Si no hay solución, nosotros nos vamos a trasladar al punto epicéntrico de los Juegos Panamericanos, que es el Estadio Nacional, para denunciar esta crisis», advirtió la vocera.

A raíz de la toma, personal de Carabineros y agentes de diálogo se constituyeron en el Parque Balmaceda para evitar que los pobladores corten las calles.

El último delito ocurrido en este sitio fue una persona asesinada a balazos. Por eso, los índices de criminalidad en el lugar donde residen más de 80 personas preocupa cada vez más.

Si bien el alcalde Alfonso Muñoz se ha reunido con abogados representantes de los dueños del terreno, estos indicaron que va en contra de los principios del partido desalojar esta toma, que se encuentra a un kilómetro del centro de la comuna y donde las rondas de Carabineros se incrementaron ante los ilícitos.

Desde viviendas fijas hasta casas de verano, son las que acusó a La Radio la máxima autoridad, quien señaló que en el lugar se ocultan personas para cometer delitos.

«Sabemos que en este tipo de espacios llegan personas que necesitan porque no tienen donde vivir, pero también otros antisociales se aprovechan para generar acciones delictuales, es la única toma que hemos tenido desde hace mucho tiempo instalada y que ha sido muy difícil erradicarla porque no tenemos facultades como municipio», detalló.

El concejal de El Tabo y miembro del Partido Comunista, Yuri Salamanca, ratificó que el terreno les pertenece. En cuanto a los hechos delictivos, fue claro en indicar que para eso están las fuerzas policiales y los tribunales.

Sumado a ello manifestó que el Estado y el municipio -al cual él pertenece- es el que debe hacerse cargo del problema.

Al respecto fue consultada la delegada presidencial Sofía González, quien apuntó a la necesidad de estudiar el terreno y las posibilidades de desalojo.

Toma El Michay, sector que también resonó el año 2021 cuando un menor de 1 año 2 meses fue asesinado producto de un disparo. Según una nota de La Tercera, el mismo año, los casos policiales aumentaron un 38%, mientras que las denuncias un 50%, entre ellas lesiones con arma de fuego y violencia intrafamiliar.

Una insólita situación que se ha viralizado por redes sociales no sólo indigna, sino que también de una u otra manera hace resurgir una problemática que se ha acrecentado en los últimos años en Chile.

El registro muestra cómo el dueño de un terreno es literalmente echado por personas que se lo tomaron.“Y ustedes, ¿por qué están aquí?”, pregunta el propietario. “Porque yo… yo me lo tomé”, le responde una mujer.

Acto seguido, aparece en escena el hermano de la mujer que recibió al dueño del terreno. “Cuando vengan las máquinas hablamos. Por el momento se puede retirar no más”, le dice el hombre al propietario, cuando éste le explica que comenzarían unos trabajos en el lugar.

Pero para estas situaciones existe una normativa. De hecho, en la misma ley de arrendamiento que se actualizó hace muy poco están considerados estos casos: terrenos ocupados por personas que no son dueños o dueñas. Se trata de un juicio corto, bajo el concepto de demanda precaria.Carolina Mondaca, abogada y gerenta general de devuelvememicasa.com, explica que “uno puede entablar esta demanda de precario. La presenta el dueño de la propiedad, como antecedente tiene que acompañar su certificado de dominio vigente y qué es lo bueno, que el procedimiento aquí es más corto”.

Así es. Porque igual que la modificación conocida como “Devuélveme mi casa”, una vez puesta la demanda por parte del dueño o dueña, son diez días de plazo para que el okupa se presente en tribunales con alguna documentación que acredite un título legal. Si eso no pasa, viene el desalojo.

“Uno puede lanzar literalmente a la gente de esa propiedad o de ese terreno, al demandado y a todos los ocupantes. Ahora, un punto que es muy importante es la individualización del demandado”, agrega la abogada.

Eso se hace teniendo el nombre y los apellidos de al menos una de las personas que se adueñaron del terreno. En tanto, para desalojar basta con ir acompañado de un receptor judicial y la fuerza pública si es necesario.

El jurista llegó la mañana de este martes a la comuna costera para reunirse con las personas que asesora y manifestó que hay desconocimiento en el tratamiento de la causa.

“No tiene nada de Toma ni de VIP, es una ocupación que se hizo en un terreno de propiedad fiscal que estaba absolutamente abandonado y en condiciones perjudiciales para el desarrollo de la sociedad, refugio de personas indeseables socialmente, en circunstancias de que es un previo de propiedad fiscal, respecto del cual el organismo público encargado por la ley de subtenencia y administración del ministerio de Bienes Nacionales que nunca cumplieron su función de administrarlo, desde ese punto de vista mis representados qué son un grupo de jóvenes oriundos de Constitución, deportistas y ecologistas, se instalaron en el lugar para rescatarlo», dijo a Atentos Chile Alonso Bausalto.

El abogado agregó que el lugar tuvo en su momento el apoyo «no formal de la municipalidad y de alcalde anterior», y por otras razones vinculadas por la empresa privada la ocupación de sus representados se complicó.

«Tenemos una serie de acciones judiciales y lo otro que nos respalda es que está no es una situación en la que se esté desconociendo un derecho de terceros ni derecho fiscal, esa propiedad está inscrita a nombre del fisco de Chile nunca sea desconocido y se ha tratado de mantener en condiciones favorables a la comunidad de manera que toma no es VIP», explicó.

A criterio del abogado, lo que sucede hoy en día tiene que ver con los intereses del actual alcalde.

«Lo que ocurre es que la municipalidad y en particular el alcalde que es el recurrente, primero desconocía el origen real de esta situación y esta propiedad él no la conoce y si la conoce está faltando a la verdad. En segundo lugar porque el elegido en esta oportunidad como alcalde tiene un interés personal como alcalde, para que la municipalidad se adjudique y obtenga la concesión marítima de ese lugar y en esa medida está actuando en igualdad de condiciones con mis representado, no tenemos el carácter institucional pero esa es la situación”, agregó.

Reveló además que el alcalde «da una versión acerca de la naturaleza del origen y destino de esa propiedad antes y eso es falso. Esa propiedad fue creada e inscrita en el consejo de defensa del estado en el año 1971 con el propósito de servir a los fines industriales de las empresas productoras forestales del lugar».

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Talca dio curso a la demolición de la Toma VIP la que deberá ser ratificada por la Corte Suprena.