“Las palabras de la vicepresidenta Suárez obedecen a una opinión errónea y equivocada, que no representa lo que nuestro partido ni los militantes piensan sobre nuestra ministra”, aseguraron desde el PPD.

Fue en entrevista con el programa Tiempos Violentos de Canal VíaX, que Suárez se refirió en duros términos al distanciamiento de Tohá, recordando su vínculo con el Caso SQM, cuando era timonel del partido.

“Se puede enojar si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich, así que se enoje lo que quiera (…) Ella no es parte de la directiva, es una militante, una compañera de partido”, añadió Suárez.

Desde el partido reafirmaron su “compromiso y apoyo” con la ministra Tohá y con el gobierno del presidente Gabriel Boric.

“Frente a las declaraciones que desconocen los acuerdos políticos sancionados por el Consejo Nacional y otras instancias políticas del PPD, en el sentido de desconocer el apoyo al Gobierno y sobre todo a nuestra ministra del interior, la Mesa Nacional rechaza profundamente esas declaraciones y remite los antecedentes al Tribunal Supremo del Partido, con el objeto de dar cuenta de la presente situación, la analice y aplique las sanciones necesarias y pertinentes”, sentenciaron desde el PPD.

Cerca de las 11:00 horas los papeles de SQM-B mostraban una variación de -9,14%, evidenciando uno de los peores desempeños en la sesión de este viernes.

Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), afirmó este viernes que en su gremio quedaron “descolocados” tras escuchar los anuncios que realizó anoche el Mandatario sobre la estrategia nacional para explorar y explotar el litio.

El Mandatario había adelantado que para avanzar en lo anterior, el Estado lo haría con la colaboración del sector privado.

Pero, a juicio de Mewes, ello no fue anunciado de la misma forma.

Por su parte Richard von Appen, presidente de Sofofa, emitió un comunicado asegurando “no entender esta señal de desconfianza” por parte del Ejecutivo, que “(está) relegando al sector privado a un segundo plano, cuando estamos de acuerdo en la importancia de la cooperación público-privada y el rol del sector privado en el desarrollo del país”.

Añadió que los roles del sector privado y del Estado “son complementarios, tal como ocurre en la industria del cobre y otras, donde conviven Codelco y las empresas mineras privadas, promoviendo exitosamente la competencia y la innovación de todos los actores”.

Von Appen opinó que “no hay razón” para no replicar ese modelo en la industria del litio, “con los matices y ajustes que se puedan acordar”.

“Esperamos que el Gobierno rectifique esta política para restablecer la confianza del sector privado y por el bien de Chile y su gente”, comentó.

En la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), su presidente (s) Cristián Argandoña se mostró “cauteloso” respecto al anuncio de la Estrategia Nacional del Litio que hizo el presidente Boric.

“Si bien valoramos que se haya optado por la asociación con privados para explotar nuevos yacimientos para aprovechar las capacidades técnicas en la exploración y explotación del litio, resulta cuestionable que se pretenda revisar la propiedad de las empresas que actualmente operan en el Salar de Atacama”, expresó.

El directivo afirmó que “una cosa es que los derechos económicos sobre el litio puedan ser regulados a través de regalías o un royalty, como ocurre con SQM, o a través de los impuestos, pero otra cosa muy distinta es el tema de la propiedad sobre las empresas”.

Control del Estado a través de Codelco

Boric realizó una cadena nacional ayer jueves para presentar la Estrategia Nacional del Litio, donde destacó el anuncio de una empresa nacional, la explotación y explotación de más salares y el incentivo a la creación de productos de valor agregado.

En medio de una serie de detalles, el jefe de Estado se refirió particularmente a la explotación del salar de Atacama, asegurando que se respetarán los contratos con privados que están vigentes hasta 2030, pero que encargó a Codelco buscar la participación del Estado en la extracción de litio en este salar antes de esa fecha.

“En caso de conformarse una empresa pública-privada que explote el litio del Salar de Atacama, esta será controlada por el Estado a través Codelco. En segundo lugar, el Estado respetará íntegramente lo establecido en los contratos vigentes. Es decir, una anticipada participación del Estado en el Salar de Atacama será fruto de un acuerdo con quienes actualmente tienen los derechos para explotar el litio”, sostuvo.

Además de eso, explicó que se otorgarán contratos de exploración y explotación a Enami y Codelco “en aquellos lugares en donde actualmente se tienen proyectos que están en distintas etapas de desarrollo”.

El caso Soquimich (SQM) está alcanzando sus últimas fases. Este miércoles comenzará el juicio oral donde entre sus acusados figuran los excandidatos presidenciales Pablo Longueira, de la UDI y Marco Enríquez-Ominami, del PRO.

Entre los delitos que se le imputan a los ocho acusados que se encuentran en esta instancia judicial, están los cargos de soborno, cohecho y delitos tributarios, debido a que la gran mayoría de personajes reconocidos zafaron de enfrentar esta etapa gracias a procedimientos abreviados.

Los hechos perseguidos inicialmente por Pablo Gómez, fiscal regional de Valparaíso, hoy se encuentran en manos de su sucesora, Claudia Perivancich.

Durante el transcurso del caso desde el ente persecutor se apuntó a la falta de querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII) para comenzar una persecución penal a los acusados.

La fiscalía ha pedido 818 días de presidio y multas por cohecho para Longueira, y 4 años de cárcel para Enríquez-Ominami por delitos tributarios. Alejandro Espinoza, abogado del exsenador de la UDI, manifestó que ningún peso llegó a los bolsillos de su representado, ni de su familia, ni del propio partido gremialista.

Por otro lado, Ciro Colombara, que representa a Marco Enríquez-Ominami, calificó de insólito que no tener aún en sus manos el auto de apertura, afirmando con esto que se han vulnerado las garantías de su representado.

Además, uno de los querellantes, el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía Inteligente, Octavio del Favero indicó que este caso será la primera prueba de fuego del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia.

«Para mejorar un poco más el balance de impunidad que ha habido hasta ahora en la mayoría de causas de financiamiento irregular de la política y corrupción en Chile, es también la primera prueba de fuego del fiscal nacional, y demostrar el compromiso en la persecución de delitos que comprometen la fe pública, y que hasta el día de hoy benefician a una de las empresas más grandes del país», indicó del Favero.