Los documentos serán remitidos tanto al Ministerio Público, como al Consejo de Defensa del Estado, y además, se instruyó abrir un sumario.

Se trata de un sobreprecio. El 24 de noviembre de 2022, Vulcon Asset Management adquirió dicho inmueble ubicado en Nueva Delhi N.º 1775, por el equivalente a 12.144,47 UF.

Según la escritura pública del 30 de diciembre del mismo año, Las Condes compró la propiedad a Vulcon, por un precio total de 24.280 UF, correspondiente a 112,55 UF por metro cuadrado.

Si bien, la comuna suscribió contrato con Vulcon para “corretaje”, en la práctica, la empresa suscribió, entre abril y junio de 2022, contratos de promesa de compraventa en calidad de promitente comprador.

Adquiriendo así, derechos que luego prometió ceder a la municipalidad respecto de nueve inmuebles y vendiendo directamente al municipio una de las propiedades a un precio superior al cual lo adquirió.

Finalmente, se concluyó que el municipio no estableció debidamente los derechos y obligaciones entre ambas partes.

Y de esta manera, Vulcon Asset Management SpA percibió una comisión de 2.853,54 UF, que significan $100.158.455. Además de la diferencia entre el precio en que adquirió y el valor de enajenación a la Municipalidad de Las Condes del lugar.

Asimismo, se determinó que el procedimiento empleado por Las Condes no se ajusta a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control.

Recordemos que el municipio canceló la compra-venta luego que la Contraloría ordenara no realizarla, esto debido al evidente sobreprecio que presentaba el trato de $8.200 millones.

Pero, la Inmobiliaria San Valentino, actual dueña de las dependencias sanitarias, se encuentra insistiendo por la vía judicial para lograr que la municipalidad forzosamente adquiera el inmueble.

La transacción ya venía con problemas. El conservador de Bienes Raíces, Luis Maldonado Croquevielle, se negó a inscribirla durante el verano, por la ausencia del RUT de Hassler en los documentos.

En una declaración judicial, Maldonado señaló que si se insiste en su inscripción, “el Conservador deberá inscribir un título incompleto, contraviniendo los estándares impuestos para sus inscripciones”.

“Esta acción no sólo afecta los principios en base a los cuales el Conservador debe realizar su labor, sino que atenta contra la seguridad jurídica y la solemnidad de los registros a su cargo”, indicó.

En una actividad realizada este viernes, Hassler valoró “que el conservador persista en esa interpretación porque es la que le hemos solicitado”.

“No se puede seguir adelante”

Asimismo, también tuvo palabras para la parte vendedora, indicando que han realizado todas las acciones disponibles para que no se concrete la transacción forzosa.

“Hemos dicho desde el minuto 1, y así lo dijo el conservador, de que no se puede seguir adelante con la inscripción”, señaló la alcaldesa.

Junto con ello, expresó que “el municipio acató desde el primer minuto el dictamen de Contraloría” y que “lamento que haya acciones de la otra parte que hayan buscado persistir en el proceso, cuando nosotros acatamos desde el primer minuto el ordenamiento de la Contraloría”.

Finalmente, y sobre lo ocurrido el pasado miércoles donde una mujer le lanzó tierra y hojas en una actividad pública, expresó que son “situaciones lamentables que nada afectan el trabajo que llevamos adelante”.

El fracaso en el negocio que permitía la adquisición de la Clínica Sierra Bella, por parte del municipio liderado por la alcaldesa Irací Hassler, parece no terminar por los nuevos antecedentes conocidos.

En entrevista con CNN, el actual dueño de la ex Clínica Sierra Bella, Felipe Sánchez, aseguró que fue la misma alcaldesa de Santiago quien ofreció el primer, segundo y tercer precio que, recordemos, cerró en $8.200 millones.

Así, Sánchez confirmó que la alcaldesa Irací Hassler fue quien hizo los cálculos con su equipo y, el día de la reunión, gestó y negoció en nombre de la Municipalidad de Santiago.

Recordemos que lo anterior es en el contexto en que la Contraloría General de la República reaccionó ante un requerimiento de concejales de Santiago y detuvo la compra de Sierra Bella acusando un exceso en el valor pagado.

Tras ello, el municipio de Santiago canceló el negocio y la alcaldesa Hassler anunció la presentación de acciones legales en contra de los tazadores y se hicieron operativas las renuncias desde el pasado 1 de mayo.

¿Se conocían las razones de la compra de Sierra Bella en las negociaciones?

Considerando que los municipios no pueden tener una clínica, sólo Centro de Salud Familiar (Cesfam), el dueño de la ex Clínica Sierra Bella afirmó que -desde la Municipalidad de Santiago- siempre se les indicó que el objetivo era la reposición de un Cesfam.

Y, en ese sentido, fue la misma información que se le entregó al Contralor para que, posterior a la firma de la compra-venta, se anunciara la primera clínica municipal en Santiago. “Para nosotros también fue sorpresa“, dijo Sánchez.

Finalmente, Felipe Sánchez aseguró que durante la instancia en que él y su madre prestaron declaraciones ante la justicia -la semana pasada- abrieron voluntariamente sus cuentas bancarias y no sólo las personales, sino la de todas sus empresas.

¿Qué pasa con la Ley del Lobby?

Durante la semana pasada, en el concejo municipal de Santiago, el administrador municipal Claudio González detalló que cuando el funcionario es quien coordina la cita -en este caso la agenda de la alcaldesa- con un privado, no es necesario la Ley del Lobby.

En esa línea, respecto a quien organizó la reunión de la polémica negociación, Sánchez aseguró que desde la misma casa edilicia se coordinó a través de una llamada telefónica a uno de sus abogados, asegurando que “nunca se negoció precio antes de esa reunión”.

Considerando lo anterior, dicha junta nunca quedó registrada y Sánchez indicó que le preguntaron al municipio y de hecho “sugerimos un acta y nos dijeron que no era necesario”.

Entonces, ¿qué pasa con la Ley del Lobby? Aparentemente la Ley Nº 20.730 tiene una trampa que se ha advertido en reiteradas ocasiones, pero que aún no se regula.

Esto porque en situaciones como esta, en que una autoridad se quiere reunir con un privado, al final no existe dificultad para coordinar y que la invitación salga -como este caso- desde un municipio, invitando a una reunión.

Situación que perfectamente podría ser conversada en sitios no oficiales, como un café, y acordar la invitación para posteriormente saltarse la Ley del Lobby.

Entonces, en situaciones como esta, luego los privados dicen “fue la autoridad que me llamó, no fui yo” y, en ese contexto, la ley es ignorada y queda fuera de juego.

¿Por qué surgen este tipo de situaciones? Porque en ciertas ocasiones se crean leyes en la que está planificada la trampa. Está planificada la forma de eludirla.

Fue la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó los domicilios de los tres tasadores contratados por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para lo que terminó siendo la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.

Según lo informado por el medio La Tercera, la orden respectiva fue emanada desde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En la comuna de San Bernardo, la policía civil ingresó al domicilio de la arquitecta María José Sepúlveda alrededor de las 06:30 horas, desde donde fueron incautados todos los dispositivos tecnológicos que allí se encontraban.

El citado medio aseguró que la PDI se llevó un iPhone, un iPad, un disco duro, un pendrive, dos notebooks, un macbook y una serie de documentos.

Asimismo, el mismo procedimiento se concretó en Providencia, comuna en la que reside la profesional Elsa Cárcamo Valencia.

Eso sí, el tercer tasador, correspondiente al arquitecto Patricio Gajardo Rocha, no se encontraba en su domicilio de la comuna de San Joaquín al momento del arribo de la Policía de Investigaciones, debido a que se encontraba de viaje en Talca.

Pese a lo anterior, se incautaron dos celulares, un pendrive, un disco duro externo y documentos.

A su vez, Gajardo Rocha coordinó la entrega voluntaria de su celular y computador en dependencias de la Brigada de Delitos Económicos de la capital regional de Maule.

El allanamiento tuvo como objetivo establecer una presunta relación entre los tres tasadores de la exclínica Sierra Bella, esto tomando en cuenta que llegaron -cada uno por su cuenta- a un monto de tasación similar que superó los ocho mil millones de pesos.

En el caso de Sepúlveda, su tasación de la exclinica fue de $8.304.902.356 (el más alto de los tres), mientras que Gajardo Rocha cifró el inmueble en $8.257.244.342.

En el caso de Elsa Cárcamo Valencia, tasó el lugar en $8.207.718.078.Cabe recordar que la Municipalidad de Santiago iba a comprar la propiedad por $8.200 millones.Sin embargo, la Contraloría reaccionó ante un requerimiento de concejales y detuvo dicha transacción acusando un exceso en el valor pagado.

Por ello, el municipio liderado por Irací Hassler (PC) dio por cancelada la operación.

Esto también derivó en una causa penal que sigue la Fiscalía Centro Norte, para indagar posibles responsabilidades penales en esta situación.

Lo anterior, con la finalidad de obtener mayores antecedentes respecto de la objetada compra de la ex Clínica Sierra Bella a la Inmobiliaria San Valentino que hoy está en la mira de la Fiscalía Centro Norte.

En el momento, los funcionarios lograron obtener computadores y otros objetos, aunque la jefa comunal se negó a entregar su teléfono celular, lo que llamó la atención de los investigadores.

En ese momento, de acuerdo con conocedores de la diligencia, Hassler argumentó que no correspondía entregarlo porque se trataba de un equipo personal y no un aparato institucional.

Sin embargo, como revela un oficio al cual tuvo acceso La Tercera PM y que está firmado por el director subrogante de Asesoría Jurídica, el abogado Aldo Tortorolo, la alcaldesa, al igual que el administrador municipal y algunos directores de departamentos, sí cuenta con un celular institucional.

Como se describe en el escrito de 17 páginas, “la compañía que provee el servicio es la empresa Claro” y hay una serie de modelos que se utilizan, entre ellos Galaxy S20 Plus e Iphone 12.

La respuesta del municipio, como se sostiene en el documento, se enmarca en una solicitud de información que recibieron el mismo día en que se desarrolló la diligencia dispuesta por el fiscal a cargo de la causa, Patricio Cooper.

En la misma, además, se adjuntaron las facturas de los servicios contratados, las cuales dan cuenta de que mensualmente se pagan $ 2.553.403 por las líneas.

Consultados al respecto, fuentes del municipio indicaron que si bien la alcaldesa tiene un teléfono fiscal asignado, no lo usa y, por lo mismo, estimó que no era necesario entregarlo a los efectivos policiales.

“Faltó a la verdad”

Frente a los antecedentes, los diputados de Partido Republicano que se querellaron por presunto fraude, Juan Eduardo Irarrázaval y Johannes Kaiser, fueron tajantes en que la jefa comunal habría “faltado a la verdad”.

“Hace sólo una semana, la Fiscalía fue a incautar los computadores y celulares de los funcionarios de la Municipalidad de Santiago involucrados en el caso Sierra Bella y la alcaldesa Hassler se habría negado a entregar su celular porque era personal y no institucional. Pero resulta que ahora sabemos que faltó a la verdad, porque sí tiene un celular institucional, pagado con recursos públicos y no se le entregó a la Fiscalía, en un claro intento por obstruir la investigación y ocultar información a esta investigación”, comentó Irarrázaval.

Por el mismo tema, Kaiser indicó: “La alcaldesa es un peligro para el éxito de esta investigación y debe ser formalizada cuanto antes. Una funcionaria pública que se niega entregar su celular institucional está claramente ocultando algo y debe ser investigada a fondo. ¿Cuántos mensajes habrá borrado en esta semana para ocultar su participación en los hechos?”.

Mientras los querellantes presionarán para que los equipos de la PDI puedan periciar el celular de Hassler, la jornada de este jueves el dueño de Inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, propietaria de la exclínica entregará su versión de lo ocurrido ante los detectives de la Brigada Anticorrupción.

A la instancia, de acuerdo con los antecedentes que pudo recabar La Tercera PM, llega tras ser asesorado por al menos cuatro abogados.

Entre ellos, el exfiscal Luis Vergara Varas y Felipe Rojas. Y, como comentan desde su círculo cercano, entregará un dossier con todos los documentos de la fallida transacción que están en su poder.

Asimismo, según las mismas fuentes, mantendrá el leitmotiv que hasta ahora han pretendido fijar en todas sus intervenciones: Que actuaron de buena fe y con transparencia.

En medio de la declaración, además, el empresario pondrá a disposición de los investigadores la valoración que hizo de la exclínica la Universidad de Concepción y que, como han dicho sus abogados, despejaría “cualquier duda respecto al valor por el cual la municipalidad” pretendía adquirir el recinto.

Los parlamentarios Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser llegaron al exterior del municipio para realizar un punto de prensa, donde anunciaron que pedirán la formalización de la jefa comunal.

Ante los anuncios efectuados por la jefa comunal, Irarrázaval expresó que “esas medidas siguen siendo de mentira. Cuando ella está imputada, y ahora vamos a pedir la formalización, ella pierde el derecho a querellarse”.

Sobre la remoción del director jurídico del municipio y del secretario de planificación comunal, señaló que “debería haberlos despedido mucho antes, cuando Contraloría ya les había pedido (antecedentes), cuando el Conservador de Bienes Raíces le había hecho observaciones”.

“La alcaldesa Hassler tiene que responder por su negligencia, en no frenar esta cuestión. Nosotros creemos que no la frenó porque sabía lo que estaba pasando… La alcaldesa se tiene que hacer responsable”, declaró.

Por su parte, Kaiser recalcó que el municipio defendió hasta el último día la adquisición de la compra y que trató de seguir adelante con ella, por lo que Contraloría abrió un expediente sancionatorio.

Junto con ello, recordó que el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, y el diputado oficialista Gonzalo Winter, defendieron esta adquisición públicamente.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, informó que solicitó renuncias de funcionarios municipales, luego del fracaso de la compra de la ex Clínica Sierra Bella.

En un punto de prensa, flanqueada por concejalas y las diputadas comunistas Karol Cariola y Alejandra Placencia, Hassler reportó que solicitó la renuncia del director jurídico del municipio y del secretario de planificación comunal.

Además, señaló que habrá una ofensiva judicial contra los tasadores considerados para estimar cuánto deberían pagar por las dependencias sanitarias.

Todo esto se da luego que la Contraloría objetara el proceso de compra de la ex clínica por un monto superior a los $8.200 millones, lo que llevó al municipio a no seguir con la adquisición.

La jefa comunal declaró que el municipio contrató a “tres personas expertas” para realizar la tasación, las que fueron cuestionadas por la Contraloría.

“Son ellos los que tienen que hacerse responsables por el servicio que prestaron y que el municipio pagó… Son ellos los que tienen que responder ante la justicia”, dijo.

Por lo mismo, anunció querellas para los tres. Según reveló ella en febrero, se llaman Mylena Cárcamo, Patricio Gajardo y María José Sepúlveda.

Hassler también expresó que el proyecto de instalar una clínica municipal en el lugar nació por la necesidad de dotar de más infraestructura de salud pública a la comuna. Esto porque en los últimos años se vivió un aumento explosivo de población que ya supera el medio millón de personas.

Junto con ello, contó la situación del Cesfam Padre Orellana, que “es una casa” donde no se pueden efectuar todas las prestaciones para las 37 mil personas que ahí se atienden.

Por eso, propuso al concejo municipal adquirir Sierra Bella para instalar una clínica municipal.

“El concejo municipal contó con todos los antecedentes para tomar una decisión a conciencia pensando en todos los vecinos y vecinas”, expresó, añadiendo que no hubo votos de rechazo. Sin embargo, no mencionó que fueron concejales los que llevaron el proceso a la Contraloría.