Los dos diputados de Evópoli, Jorge Guzmán y Francisco Undurraga, votaron en contra del juicio político. Esta acción fue catalogada como una “puñalada al corazón” por parte de Diego Schalper (RN).Asimismo, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, aseguró que estos votos “nos hace repensar nuestra relación con ellos”.

Sin embargo, desde el Senado las críticas se profundizan, ya que derechamente se habla de la posibilidad de abandonar la coalición.Uno de los que ha sido más críticos con la composición del bloque es el senador Manuel José Ossandón, quien pide la salida de RN de Chile Vamos.

Ya en mayo aseguró que “faltan cojones” en el partido, ya que le tienen “mucho miedo” a la figura del expresidente Sebastián Piñera.

Tras la votación de este miércoles, reiteró su deseo de tomar una ruta alternativa como colectividad.“La derecha hace rato que tiene el camino extraviado. El quiebre no es solo por fallida acusación constitucional, sino por una serie de diferencias internas que nos obligan como Renovación Nacional a seguir un camino propio”, señaló en su cuenta de Twitter.

Pero, no es el único que llamó a repensar la alianza entre RN, la UDI y Evópoli. La senadora Paulina Núñez, candidata a presidir Renovación Nacional, también llamó a reevaluar la continuidad de Chile Vamos.

“Si no se actúa con unidad, es difícil ejercer el rol opositor y los únicos favorecidos son la izquierda y el Gobierno. Hay mínimos comunes que no se pueden romper. Si se rompen, como ocurrió ahora, no tenemos nada que hacer en la misma coalición”, afirmó la parlamentaria, según recoge La Segunda.

De acuerdo a su visión, los mínimos comunes comunes se reflejan en lo programático y en el ejercicio de las herramientas de fiscalización.

“Si no vamos a ejercer la fiscalización, no tenemos nada que hacer juntos, no tiene sentido estar en la misma coalición”, apuntó.

El organismo afirmó que “la seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, para ello, el rol de las policías es fundamental”.

En esta línea el senador de la UDI, Iván Moreira, manifestó que “la declaración de la ONU para América del Sur es lamentable y profundamente equivocada. La protección de las policías en el mundo, en cuanto a su función, en ningún caso es impunidad”.

“Para un proyecto de ley que todavía no termina su tramitación, la ONU saca una declaración. Pero cuando se trata de los carabineros muertos, tan solo en marzo hay dos, hay silencio de la ONU. La izquierda mueve sus redes, según sus intereses y no los de la población”, añadió el parlamentario.

Así también aclaró que “no se está buscando impunidad y gatillo fácil, ni menos licencia para matar, al contrario, proteger al policía para que pueda hacer el uso de la fuerza en forma racional frente al amigo, que es el delincuente”.

En esta línea, el senador de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, dijo que “las Naciones Unidas se equivoca rotundamente, porque nosotros hemos legislado en un Parlamento democrático y hemos hecho una ley que lo que hace es proteger a Carabineros”.

“En esto no se atenta los derechos humanos de nadie, en Chile se protege a los derechos humanos. Nuestras policías son profesionales, nuestras policías saben actuar, nuestras policías utilizan proporcionalmente la fuerza”, precisó el legislador.

“Yo le diría a las Naciones Unidas que se preocupen de otros problemas, que se preocupen que las bandas criminales están pasando por toda América Latina (…) pongamos la alerta en los temas que importan, que la gente hoy día está siendo asesinada por estas bandas criminales”, recalcó Jouannet.

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, dijo que “la ONU una vez más se inmiscuye cuando queremos darle más facultades, protección a nuestras policías, para que nos protejan de mejor manera”.

“Yo les diría que se preocupen mejor de los derechos humanos, de las víctimas de este país, de las víctimas del terrorismo en la Macrozona Sur, de las víctimas del narcotráfico y el crimen organizado, que está absolutamente descontrolado en nuestro país, de las víctimas de carabineros que siguen muriendo a manos de delincuentes”, sentenció el parlamentario opositor.

Ley Naín-Retamal

Por otro lado, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, señaló que “la ONU establece que el factor gravitante para decidir el uso de la fuerza es poner en riesgo la vida de una persona, riesgo vital”.

“Me parece que ese principio debe respetarse y debe quedar finalmente en lo que quede el martes en la ley Naín-Retamal, por eso hay una enmienda del gobierno. Me parece que hay que considerarlo y respetarlo como criterio internacional”, enfatizó el parlamentario en diálogo con BioBioChile.

Por su parte, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, dijo en su cuenta de Twitter que “ya lo hemos dicho con fuerza, abordar la delincuencia, el narco y crimen organizado no puede dar estatuto de impunidad. Hoy lo advierten penalistas connotados chilenos, pero también la oficina de Derechos Humanos de la ONU”.

En conversación con BioBioChile, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, comentó que la declaración de la ONU “es un pronunciamiento que corresponde, está bien que la ONU -en estos temas muy sensibles-, haya colocado la cordura necesaria y probablemente la reflexión para que en un estado democrático como el chileno, se discuta verdaderamente”.

“La declaración de la ONU entrega un elemento para que la sociedad chilena -a través del Parlamento y el Ejecutivo- se discuta democráticamente como debe ser”, agregó el congresista.

Asimismo, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dijo a BioBioChile que está de acuerdo con el pronunciamiento de la ONU sobre la ley Naín-Retamal.

“Distintos abogados penalistas levantan la alerta respecto a los problemas de esta ley aprobada en la Cámara de Diputados, en términos del gatillo fácil, la posibilidad de reproducir y acentuar abusos policiales y violación a los derechos humanos e impunidad”, comentó el parlamentario.

Así también recalcó que “la seguridad pública y los derechos humanos deben ser compatibles en una sociedad democrática y un Estado de derecho”.

En el caso del resto de los beneficiados, según señalaron los parlamentarios, no se interpondrá la misma acción, porque indicaron que no se trata de casos que requerían de decretos fundados, que son precisamente los que se objetan ante el TC.

El oficio lo suscriben los senadores de la UDI, Javier Macaya; Luz Ebensperger; Juan Antonio Coloma; Iván Moreira y José Miguel Durana. En tanto, por Demócratas firman Ximena Rincón y Matías Walker. Por RN están las rúbricas de Francisco Chahuán; Rodrigo Galilea y Rafael Prohens. Mientras que de Evópoli firman el documento Luciano Cruz-Coke; Felipe Kast y Sebastián Keitel.

Uno de los principales argumentos que sostiene el recurso suscrito por la oposición y Demócratas, es la presunta “desviación de poder” que implicaría el indulto concedido a Jorge Mateluna. Para los legisladores merece “una verdadera revisión de sentencias judiciales”.

“Tenemos que resguardar tres principios. Primero, el de juridicidad, no puede ser que no se respete ni la ley ni la Constitución. Segundo, hay una vulneración a la igualdad ante la ley. Aquí se les da indultos a personas por sobre otras sin ninguna justificación. Tercero, aquí hay una desviación de poder. Aquí se revisaron sentencias, se puso en tela de juicio la supremacía del Poder Judicial por parte del Presidente de la República, hay un trasfondo político en esto”, dijo la senadora Ximena Rincón.

En tanto, Francisco Chahúan dijo que “senadores transversales de distintas bancadas presentamos este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, para que respecto a siete beneficiados con los decretos de indultos efectuados por el Presiente sean revisados desde el punto de vista de su juridicidad. Creemos que sin lugar a dudas estos vulneran la ley como nuestra Constitución”.

“Algunos decretos no están fundados adecuadamente. Hay errores de forma, en términos de las referencias del articulado que permiten que estas personas sean indultadas. Queremos pedirle al presidente Boric que deje sin efecto estos decretos“, agregó Chahuán.

Insisten en solicitud para dejar sin efecto indultos

El senador Luciano Cruz-Coke afirmó que “el Gobierno ha cometido un error al indultar delincuentes. Lo ha reconocido la ministra Vallejo y el ministro recién asumido de Justicia ha dicho que debe resolverlo los órganos jurisdiccionales, y por eso estamos en el TC”.

Por su parte, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que “nosotros en el pasado, cuando se ha tratado de otros indultos, no hemos tenido inconvenientes respecto a situaciones de carácter humanitario o de condiciones de salud. Pero cuando un indulto se otorga por consideraciones políticas, evidentemente entra en una contradicción que para nosotros es fundamentalmente política”.

En cuanto al retorno de su partido a la Mesa de Seguridad levantada por el Ejecutivo, el timonel del gremialismo aseguró que esta “tiene plena vigencia si el Gobierno tiene la capacidad de poner los proyectos en discusión en el Congreso. Revocar los indultos sería una muy buena señal para entender que estamos todos en la misma sintonía”.

Los diputados senadores que en el país existen suficientes instituciones para garantizar que una persona sea bien juzgada.

Desde el Congreso Nacional en Valparaíso, la bancada de senadores de la UDI anunció la presentación de una reforma constitucional que tiene por objetivo derogar la facultad presidencial de otorgar indultos, prerrogativa que es de uso exclusivo del jefe de Estado.

La presentación de esta reforma se enmarca en la decisión del Mandatario Gabriel Boric anunciada el viernes pasado, donde concedió una serie de indultos presidenciales a doce condenados por hechos ocurridos durante el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

“Lo que hemos vivido la semana pasada es una demostración clara de que no se utiliza bien esa facultad. Es una facultad que tiene su origen en gobiernos absolutistas, es algo muy antiguo y si no se había derogado es porque se pensaba que la autoridad podía utilizarlo prudentemente, con fines humanitarios, con enfermos terminales o con escasa posibilidad de sobrevivencia”, criticó la senadora Luz Ebensperger, una de las cinco firmantes de la reforma constitucional que ingresó hoy la bancada de la UDI a la Cámara Alta.

En concreto, los parlamentarios que firmaron el texto de la reforma son los senadores Javier Macaya -presidente de la UDI-, Iván Moreira, Enrique Van Rysselberghe y David Sandoval.

Otro de los hechos que gatilló la presentación de la reforma constitucional por parte de los senadores UDI fueron las declaraciones que realizó el Presidente Gabriel Boric cuando se le consultó ayer tras sus razones para incluir entre los indultos concedidos al exfrentista Jorge Mateluna, quien cumplía una condena de 16 años tras ser acusado de robar una sucursal bancaria en 2013.

“Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. (…) Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge (Mateluna), por eso hemos llevado adelante este indulto”, explicó ayer el jefe de Estado desde Brasil tras su reunión con Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Con expectación se espera la nueva quina para elegir al próximo Fiscal Nacional, donde si bien toda la atención está puesta en La Moneda, por ahora el tema está en manos de la Corte Suprema.

Actualmente, el listado tiene dos nombres menos: Rodrigo Ríos, quien renunció a la postulación; además de José Morales, quien fue rechazado por el Senado.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que la estrategia del Gobierno seguirá siendo la misma, en relación con los esfuerzos por combatir el crimen organizado. Advirtió que aún no han comenzado el proceso de negociación, ya que están a la espera de la quina que deberá presentar nuevamente la Corte Suprema.

En tanto, desde el Senado, piden que la cuestionada ministra de Justicia, Marcela Ríos, no sea parte de las conversaciones, en medio de recriminaciones por la fallida postulación de José Morales.

AL respecto, el senador Pedro Araya apuntó a un cambio en la estrategia y colocar en la primera línea de las negociaciones a todo el comité político.

Recordemos que el Presidente Gabriel Boric respaldó a las ministras Ríos y Ana Lya Uriarte tras las críticas por su eventual responsabilidad política en la fracasada nominación.

En esa línea, el timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se cuadró con el mandatario pidiendo desdramatizar lo sucedido.

Según se conoció, el próximo lunes se reunirá el Pleno de la Corte Suprema para decidir cómo van a reconformar la quina con los dos nuevos candidatos, que serán elegidos entre los 12 inscritos que inicialmente no fueron considerados.

De esta forma, ahora tendrán opciones los postulantes que no obtuvieron votos. Y si hubiera un empate, se hará un sorteo para determinar los dos últimos cupos de la quina que será enviada nuevamente al Ejecutivo, desde donde saldrá el nominado para encabezar el Ministerio Público.

Algunos de los elementos dentro de la propuesta es la elección de al menos 60 convencionales, además del trabajo de expertos, quienes cumplirán sus funciones en un plazo de seis meses.

El documento confeccionado por los legisladores indica que «aunque consideramos valioso que el nuevo texto recoja la tradición constitucional chilena y el aporte de sus instituciones republicanas a la separación y contrapeso de los poderes del Estado, las bases o bordes del nuevo debate constituyente no deben suplantar ni limitar excesivamente el campo de la deliberación democrática de los nuevos convencionales».

«Uno de los problemas, tanto en la Constitución de la dictadura como en la reciente propuesta de la Convención, es que las fuerzas mayoritarias (en número o en poder) plasmaron en el texto varias cuestiones que siguen siendo legítimamente discutidas en la sociedad chilena», explica.

En ese sentido, sostiene que «no corresponde a la Constitución resolver esas controversias ideológicas, que pertenecen a la esfera del legítimo debate democrático. Por ejemplo, así como muchos consideraron un error consagrar una garantía para la interrupción del embarazo sin límites, sería caer en el mismo error establecer una limitación excesiva bajo el eufemismo del derecho a la vida».

Nueva convención

La propuesta afirma que «los partidos políticos resultan fundamentales para una democracia robusta y estable», por lo que los llama a ser «cuidadosos en la selección de sus candidatos a la nueva convención y tengan conciencia del rol que están llamados a cumplir en cuanto a proponer al país un pacto social que contenga los mínimos comunes de nuestra convivencia y no un acta de refundación de la República ni de un programa de Gobierno».

Rincón y Walker impulsan que «30 de los convencionales se elijan en listas nacionales cerradas presentadas por los partidos y las coaliciones legalmente registradas y 30 distritos uninominales, de tal forma de generar un sistema electoral mixto, con un elemento proporcional y otro mayoritario».

Elección de convencionales

«La regla de paridad deberá seguir operando. Los escaños de los pueblos originarios serán elegidos por distrito y su cantidad será proporcional a la votación obtenida, con un piso mínimo de elegibilidad del 5% de los votos del padrón habilitado para votar en el distrito respectivo. Proponemos que tanto para la elección de convencionales como el plebiscito de salida se aplique el voto obligatorio», detalla el documento.

«Proponemos que los convencionales electos tengan dos años de inhabilidad para postular a cualquier cargo de representación popular», añade.

También indica que «esta nueva convención, en línea con las aspiraciones de austeridad fiscal de la población, podría operar con 60 convencionales más los escaños de los pueblos originarios, lo que aun permite una representación diversa».

En el texto, los senadores manifiestan apoyar «la idea de dotar a la convención de una mirada experta, técnica y alejada de las disputas ideológicas».

«Para ello, las universidades, la Biblioteca del Congreso Nacional, las academias de ciencias, de la lengua y otras instituciones académicas podrían conformar un consejo consultivo permanente, el que podría prestar asesoría», se detalla en la propuesta.

«Este comité no debería tener más de 20 miembros. Sus funciones deben limitarse a preparar los insumos previos a la nueva convención observando oportunidades y falencias del texto recientemente propuesto como de anteriores constituciones en Chile y el mundo, y a asesorar como cuerpo permanente, con derecho a voz pero no a voto, a las comisiones de la convención», se señala.

El documento afirma que «con estos insumos, los aprendizajes previos y la adopción del reglamento de la Cámara de Diputados o del Senado con las modificaciones pertinentes, la nueva convención puede avanzar con rapidez. Por ello, debe tener un plazo máximo de 6 meses para completar su tarea».

«Debe adoptar sus acuerdos por 2/3 de sus miembros, tanto en comisiones como en el pleno», añadió.

Además, se propone que la elección de convencionales se realice en abril de 2023, y que la instalación de la Convención se lleve a cabo 30 días después, en el mes de mayo.

«Dado un plazo de 6 meses de funcionamiento, la convención podría entregar una propuesta de texto durante el mes de diciembre de 2023, convocándose a plebiscito dentro de los 30 días siguientes (enero de 2024)», expone.

El senador Matías Walker manifestó que «creemos que 60 representantes nos da garantía de que van a poder llegar a acuerdos… ¿Por qué 60 y no 100, como proponían algunos?, porque eso también tiene un menor costo para el fisco y eso también es un elemento importante».

«Tenemos que darle certeza a la ciudadanía, así que nos vamos a jugar por un acuerdo y como nos excluyeron durante varias semanas de estas reuniones bilaterales, y no se pusieron de acuerdo, nosotros trajimos una propuesta concreta y le decimos a todos ‘hagámosla corta’, lleguemos a un acuerdo», aseveró.  

«Espero que podamos llegar a un acuerdo sobre la base de una convención 100% elegida y la participación de expertos que puedan trabajar desde ya en insumos, porque ustedes comprenderán que si esos expertos van a empezar a trabajar recién en mayo del próximo año, va a ser una burla para la ciudadanía», agregó.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón expresó que como insumos se puede trabajar «con el proceso que vivimos anteriormente, con claridad respecto de lo que se proponía en ese proceso, con lo que hay en materia de propuestas de la Presidenta Bachelet, con lo que tenemos hoy día con una Constitución que ha sido modificada en muchas oportunidades».

La legisladora afirmó que espera que los elementos anteriores «nos permitan elaborar de manera rápida, clara, concisa, una propuesta que una a todas y a todos y no que nos divida».

«Hay que hacer el acuerdo ahora, no en marzo, y la urgencia la tienen que poner los presidentes de ambas cámaras para que se construya ese acuerdo sin dejar a nadie afuera, y eso es lo importante», sentenció.

Perdiendo fuerza al interior del congreso se encuentra la idea de una nueva Convención que redacte una nueva propuesta de Constitución, al menos así lo dejaron en claro parlamentarios de oposición, que ya comenzaron a sincerar posturas frente al debate para establecer un mecanismo que permita continuar con el proceso constituyente.

Según publicó La Tercera, al menos desde la bancada que aglutina a senadores de Renovación Nacional e independientes, apuntan a una comisión de expertos.

“Nosotros dijimos que estamos dispuestos a trabajar en una nueva Constitución, pero soy partidario de que sea redactada por expertos. No debemos llamar a una votación. Por ningún motivo”, dijo el senador Juan Castro.

Esta postura es compartida además por otros senadores, como Manuel José Ossandón, María José Gatica, Carlos Kuschel, José García, Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh.

“Esa es la posición mía y de varios senadores de Renovación Nacional. No hay ningún apuro. Tenemos que ser capaces de ver cómo elegimos esos expertos”, agregó Castro.

La propuesta de los senadores RN

La idea es que sean de preferencia abogados, los que podrían ser propuestos por cada cinco diputados o cada dos senadores, con lo cual habría 56 “expertos constituyentes”.

Carlos Kuschel, por su parte, destacó que “las mejores legislaciones que ha tenido nuestro país las han hecho sabios como don Andrés Bello o los expertos de la Constitución de 1980”.

La senadora Carmen Gloria Aravena, por otro lado, opinó que “escuchando a la ciudadanía, creo que una comisión de expertos es lo ideal. La Convención como la conocimos anteriormente no va a cuajar, la gente quedó muy desilusionada y tiene un costo muy alto”.

Aunque, algunos, como el senador Alejandro Kusanovic, se muestran incluso reticentes a continuar con el proceso constituyente.

“No soy partidario en este momento de crisis de seguir con el tema de la Constitución. Hay que abocarse a los temas por los que realmente protestó la gente, mejorar la salud, la educación, la jubilación, la seguridad pública y la vivienda”, criticó.

“Llevamos tres años y no hemos hecho nada. La gente sigue molesta. Las constituciones no van a resolver los problemas. No es el momento para aumentar la incertidumbre”, añadió.

Entre los diputados de RN también hay propuestas rondando para elegir a los encargados de redactar una nueva Constitución. Por ejemplo, el diputado Diego Schalper ha propuesto un “consejo constitucional” que reúna a distintos expertos, tanto del mundo político, como del Judicial y del académico.

Así, se reuniría a los integrantes de las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara, además de los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, el titular de Justicia, un integrante del TC, además de rectores y decanos de facultades de Derecho, junto a 15 elegidos por sorteo.

Pero, según señala La Tercera, esta idea no ha sido bien acogida entre sus pares.

Desde la UDI, en tanto, su presidente, Javier Macaya, ha insistido en negociar un mecanismo para una nueva Constitución, en lo posible antes de las próximas elecciones presidenciales.

Algo en lo que coinciden desde el Partido Republicano, aunque apuntan a que el debate se desarrolle al interior del Congreso.