De este modo, la iniciativa deberá ser revisa por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Con ello, la Sala despachó las observaciones formuladas por el Presidente Gabriel Boric a dicho proyecto que regula delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles que fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.

Vetos aprobados:

1. Aprobado (elimina «legítima defensa privilegiada»)
   2. Aprobado
   3. Aprobado
   4. Rechazado (elimina pena de cárcel en usurpación no violenta)
   –> Insistencia: Rechazada (no obtenido el quórum (33 votos))
   *5. Aprobada (añade que juez elige cárcel o multa)
   6. Aprobado
   7. Aprobado
   8. Aprobado
   9. Aprobado (añade que policías pueden actuar siempre que haya un lugar tomado)
   10. Aprobado (adecuación formal)
   11. Aprobado (añade la restitución anticipada del inmueble (+ eficaz))
   12. Aprobado (adecuación formal)
   13. Aprobado (adecuación formal)
   14. Aprobado (adecuación formal)

Cabe mencionar que recientemente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, nuevamente había defendido el veto presidencial interpuesto a la Ley de Usurpaciones y aseguró que el contenido planteado por el Gobierno busca incorporar «las diferentes realidades» que existen en torno a las tomas de terrenos. 

En el marco de visita a la región de Antofagasta, en dicha instancia la secretaria de Estado pidió «seriedad» a los parlamentarios, asegurando que se necesita de una normativa que sea «adecuada» para interferir tanto cuando se trata de usurpaciones violentas o de campamentos. 

El Senado aprobó el proyecto de acuerdo que busca declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación.La iniciativa contó con 18 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones.

En este proyecto de acuerdo se le señala al Presidente de la República que el decreto número 12 del Ministerio de Ciencia, que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación, es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional.

Cabe mencionar que para presentar esta misiva, los senadores juntaron 26 firmas, 11 de Renovación Nacional, y las otras vinieron de Ximena Rincón (Demócratas), y del comité de Evópoli.

Recordemos que la Comisión desarrollará informes sobre la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia.

Además, deberán entregar recomendaciones para la creación de una política pública respecto a la regulación de las plataformas digitales.

Comisión contra la Desinformación

Los votos a favor del proyecto de acuerdo fueron de los siguientes senadores: Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, José Miguel Durana, Luz Ebensperger, Rojo Edwards, Rodrigo Galilea, José García, María José Gatica, Carlos Kuschel, Javier Macaya, Manuel José Ossandón, Kenneth Pugh, Ximena Rincón, David Sandoval, Gustavo Sanhueza y Matías Walker.

Dentro de los que votaron en contra están: Pedro Araya, Fabiola Campillai, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Iván Flores, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Alejandra Sepúlveda y Paulina Vodanovic.

Mientras que las abstenciones fueron de: Karim Bianchi, Fidel Espinoza, José Miguel Insulza.

La iniciativa, que llegó a la Sala de la Cámara con un informe positivo de la Comisión de Futuro y Ciencias, obtuvo 122 votos a favor y fue despachada para su discusión en el Senado.

El proyecto es impulsado por los parlamentarios de la UDI, Sergio Bobadilla, Felipe Donoso, Henry Leal, Daniel Lilayu, Cristóbal Martínez y Flor Weisse.

De acuerdo al oficio que pasó este miércoles a la Cámara Alta, dentro de sus artículos se establece que “los proveedores de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones deberán garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y sus dispositivos de carga, de tal manera que todos se adapten a un puerto de carga único”

“Los comercializadores de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones deberán ofrecer a los consumidores la posibilidad de adquirir dichos productos sin nuevos cargadores“, agrega el texto.

Una de las disposiciones transitorias solicita “un plazo de dos años desde la publicación de esta ley para que los teléfonos celulares sean adaptados a esta nueva medida, y un plazo de cuatro años para los demás dispositivos móviles de información y telecomunicaciones”.

“Es lamentable que el Ministerio de Educación no tenga ningún proyecto de ley que vaya en este sentido”, dijo el senador Sanhueza.

Fueron los senadores de distintos sectores políticos, pero liderados por representantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y la Democracia Cristiana (DC), presentaron un proyecto de ley que busca impartir enseñanza antidelincuencia y contra el consumo de drogas.

Diario El Mercurio, reveló que la iniciativa de los legisladores consta de cuatro pilares:

• La “creación en todo establecimiento de una política de concientización sobre los efectos jurídicos y sociales de los delitos y del consumo temprano de drogas”.
• La “necesaria capacitación en la materia de toda comunidad educativa”.
• La “inclusión curricular de conocimientos y conciencia del actuar delictual y consumo de drogas”.
• “Reafirmar que los establecimientos educacionales son espacios libres de humo y droga”.

Por su parte, Gustavo Sanhueza, senador y jefe de bancada de la UDI, dijo que “es lamentable que el Ministerio de Educación no tenga ningún proyecto de ley que vaya en este sentido”.

La iniciativa, al ser aprobada en la Cámara, ahora deberá ser revisada por el Senado antes de su eventual aprobación.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se mostró contenta tras la votación, manifestando que «podemos anunciar que se ha avanzado en un paso fundamental en la aprobación del proyecto de ley que sube el salario mínimo a 500 mil pesos para un millón de familias del país».

«Con esto, estamos dando cumplimiento a un compromiso del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y esos compromisos se hacen, se empujan y se cumplen», declaró.

La secretaria de Estado explicó que «las familias chilenas van a pasar de un salario mínimo de 410 mil a 500 mil pesos, con apoyo a la pequeña y mediana empresa, con gradualidad en su implementación y con la convicción de que es necesario para mejorar la vida de las personas, familias, y niños».

Asimismo, indicó que la iniciativa se trata de un «esfuerzo que vamos a hacer entre todos, para que quienes menos ganan tengan también acceso a un salario que los deje fuera de la línea de la pobreza, para que las familias puedan llegar tranquilas a fin de mes», sostuvo la autoridad. 

Jara expresó que, «si bien todos pueden pasar problemas económicos, quienes tienen menos ingresos son los que más los sufren». 

La iniciativa permite modificar el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

Además se deja exento los campamentos o asentamientos irregulares que ya forman parte del Registro Nacional de Campamentos de Chile.

Asimismo, el proyecto también norma en relación a la Ley Naín-Retamal.

En ese sentido, se establece cuál es el actuar de Carabineros en cuanto a la defensa legítima privilegiada en caso de eventuales detenciones de flagrancia.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad, senador Felipe Kast, explicó que la finalidad del proyecto es que “todo aquel que cometa el delito de usurparle una parcela, una propiedad a alguien, va a ser un delito y por lo tanto la policía lo va a poder tomar detenido“, destacando que hasta ahora solo “era una falta”.

Agregando que “excluimos a todas las personas que viven en campamentos históricamente y por lo tanto se hace una diferencia entre aquellos que usurpan terrenos” y quienes “lo hacen por necesidad extrema”.

El tenso cruce entre Elizalde y Kast

Durante la misma discusión del proyecto de Ley de Usurpaciones, se vivió una breve pero intensa discusión entre el nuevo ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y el presidente de la instancia, Felipe Kast.

Esto porque, en medio del debate, el ministro Elizalde intentó argumentar que para un juez es imposible diferenciar a quien se tomó el terreno y quien llegó después.

En ese momento, en su rol de presidente y moderador, Felipe Kast respondió que “no le he dado la palabra para hablar”.En ese momento, el ministro socialista le habló a una de sus asistentes y aseguró que el senador “es un bruto”.

El comunicado señala que, “Por unanimidad, la mesa directiva acordó someter a consideración de la Comisión Política que quien asuma como senadora por la Región del Maule, en representación del PS, sea la compañera presidenta, Paulina Vodanovic“.

Fue el secretario general del PS, Camilo Escalona, la vicepresidenta de la Mujer del colectivo, Daniella Cicardini, además de sus vicepresidentes, Alfonso De Urresti, Arturo Barrios, Eduardo Bermúdez, Fanny Pollarolo, Isadora Venegas y Leonardo Soto, quienes tomaron la decisión.

En la instancia también tuvieron derecho a voz, más no a voto, el presidente de la Juventud Socialista, Juan Santana, y el jefe de la bancada de Diputadas y Diputados, Daniel Manouchehri.

¿Qué pasó con Álvaro Elizalde?

Este miércoles, Álvaro Elizalde asumió como ministro de Segpres, luego que el presidente Gabriel Boric aceptara la renuncia de Ana Lya Uriarte debido a complicaciones médicas.

A principios de esta semana, se dio a conocer que la abogada solicitó una nueva extensión de su licencia, completando así más de un mes fuera de sus funciones, debido a un cuadro de anemia que la afecta como secuela del COVID-19 que le diagnosticaron a principios de enero.

Fue este miércoles cuando los senadores del Partido Socialista (PS) Gastón Saavedra y Fidel Espinoza propusieron a la expresidenta Bachelet para que ocupe el puesto que Elizalde dejó en el Senado.

Ante esto, Bachelet evitó responder si está disponible para integrar la Cámara Alta, sin embargo, se tomó unos segundos para comentar el discurso del presidente Boric.

“Creo que es muy bueno, creo que compartimos que en Chile necesitamos…los grandes desafíos que tenemos como país, lo necesitan todos. Y en ese sentido, en lo que yo pueda contribuir, siempre estaré”, manifestó Bachelet.

A esto agregó que “creo que el presidente ha dicho cuáles son aquellas tareas fundamentales para lograr un país que vuelva a tener confianza. Yo comparto completamente esas prioridades que él ha definido y espero que no sean solo palabras, sino que hechos, y que todos los sectores realmente asuman la necesidad de enfrentar unidos estos grandes desafíos”.

Recordemos que Boric, en su extenso discurso en Enade, dijo que “por mi trayectoria y por mis ideas sé que en muchos de ustedes puedo despertar suspicacias, y reconozco que yo también las tengo respecto a ustedes. Pero en este primer año de gobierno he podido confirmar que hay algo que, independiente de cualquier diferencia, nos une y nos permite trabajar juntos: es el amor profundo hacia nuestro país”.

Eso debido a que uno de los involucrados en el asesinato del carabinero —Luis Alberto Lugo Machado, alias “El Calladito”— precisamente cumplía una pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo pero con el beneficio de libertad vigilada intensiva.

Por ese motivo, la Sala del Senado aprobó de manera unánime un proyecto de ley que establece mayores exigencias para obtener la libertad condicional. Pese a ello, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, anunció la presentación de indicaciones por parte del Gobierno.

Para esos efectos, la iniciativa de ley modifica distintos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple.

La propuesta legislativa busca aumentar el tiempo efectivo de la pena cumplida para poder acceder al beneficio carcelario de la libertad condicional.

En ese sentido, los parlamentarios Matías Walker, Gustavo Sanhueza, Paulina Núñez, Francisco Chahuán y Jaime Quintana pidieron dotar de relavancia los informes generados por Gendarmería.

Informes de Gendarmería

Eso, en respuesta al desentendimiento de distintas figuras políticas del oficialismo al informe generado por Gendarmería sobre los indultados por el Presidente por delitos cometidos en el contexto del denominado estallido social.

Por citar un ejemplo, en esa oportunidad, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, señaló desconocer los informes negativos enviados por el director nacional de la institución de seguridad al Ministerio de Justicia.

“No conozco los informes, se dictan aquellos por Gendarmería, pero esos son evidentemente un antecedente, y no es el único que puede considerar el Presidente de la República para efectos de indultar”, explicó Vodanovic en esa ocasión.

Además, los parlamentarios coincidieron en la necesidad de contar con un informe penitenciario actualizado y una inversión carcelaria significativa.

Tras su aprobación, el proyecto deberá ser analizado en particular por la Comisión de Constitución del Senado. Para ello, se fijó el 5 de mayo como día máximo para presentar indicaciones a la iniciativa.

La Sala del Senado aprobó este martes el proyecto de ley Naín-Retamal, incluyendo la indicación del Gobierno respecto a la legítima defensa privilegiada, por lo que la iniciativa vuelve a la Cámara para tercer trámite legislativo.

Aunque la mayoría de las indicaciones del oficialismo fueron rechazadas, sí se aprobó una indicación presentada por el Gobierno, tras un acuerdo con la oposición, que modifica la denominada “legítima defensa privilegiada”.

Respecto al acuerdo alcanzado, habrá presunción legal para las policías, Gendarmería y las Fuerzas Armadas, cuando haya uso racional de la fuerza para repeler o impedir una agresión que afecte gravemente su integridad física o su vida o la de un tercero, usando armas o cualquier medio de defensa.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó las tres diferencias principales con cómo venía el proyecto, afirmando que las policías deberán actuar cuando su integridad física o la de un tercero esté en riesgo, y no un bien.

En particular, el acuerdo transversal llamado el ‘corazón’ de la propuesta, fue aprobado por 42 votos a favor, con la abstención de José Miguel Durana (UDI), Claudia Pascual (PC)y Fabiola Campillai.

La oposición cumplió su parte del acuerdo: hubo 43 votos en contra de la indicación de la responsabilidad de mando, que fue altamente cuestionada por eximir penalmente a altos mandos de las Fuerzas Armadas por las acciones de sus subalternos.

El senador Felipe Kast, presidente de la Comisión de Seguridad, dice que la nueva formulación mantiene la intención principal de mejorar la protección de policías.

Pese a la aprobación del acuerdo sobre la legítima defensa privilegadia y el rechazo a la norma que eximía a los mandos superiores de responsabilidades penales, hay diferencias que se mantienen entre Ejecutivo y oposición.

En la primera votación, la Sala rechazó la propuesta del Gobierno para dejar solo en lesiones graves, graves gravísimas y mutilaciones, el efecto de eliminar las penas sustitutivas para quien daña a personal policial.

Por último, la senadora DC, Yasna Provoste, reiteró en Sala la reserva de constitucionalidad, argumentando que limitar este acceso en un juicio vulnera el principio de proporcionalidad.