“cada vez que muere un lactante, en el Servicio de Salud, instruye una auditoría para investigar y esclarecer las causas del fallecimiento”, manifestó.

Respecto a los cuestionados protocolos de derivación, cuando hay emergencia sanitaria “hay que contactar a toda la red pública como privada para constatar que haya camas disponibles para la atención de los pacientes”.

“Lo que correspondía, y siempre corresponde, es que se contacte a todas las clínicas, sin exclusión”, pero como eso no pasó, “requiere aclararse por qué no se realizó ese contacto cuando el protocolo señalaba que sí”, agregó.

Respecto a la evaluación, o responsabilidad política de las autoridades correspondientes, Vallejo indicó que “eso le corresponde al Gobierno a nivel central, particularmente al Presidente de la República”.

¿Quién informó mal al subsecretario Araos tras la muerte de menor en San Antonio?

Con el fin de esclarecer las causas, la secretaria de Estado explicó que se realizarán dos procedimientos: en primer lugar, la auditoría específica que es obligatoria y procede inmediatamente.

Por otro lado, un sumario porque “cuando el protocolo señala que se debe hacer contacto con las clínicas en caso de emergencia sanitaria por ley de urgencias, no puede ser una razón no contactarse con una de ellas a propósito de una sentencia de carácter judicial”.

Finalmente, consultada por la posición en la que queda el subsecretario de Redes Asistencias, Fernando Araos, ministra vocera de Gobierno respondió que la responsabilidad es “trabajar junto a los equipos con alta rigurosidad en el enfrentamiento de esta emergencia”.

Agregando que, respecto a una emergencia sanitaria, “hay que siempre estar reforzando los equipos, semana a semana (…) en las últimas semanas se adicionaron medidas de reforzamiento”.

Asimismo, destacó que -cuando se enfrentan estas emergencias sanitarias- se articulan espacios con diferentes profesionales para no solamente tener un diagnóstico técnico compartido, sino que también para tomar las nuevas medidas.

Finalmente, la ministra Camila Vallejo adelantó que las próximas semanas se juntarán las consultas por el virus sincicial como la influenza, particularmente en las personas mayores.

Esto, luego que se conociera el caso de una menor de dos meses que murió en dicha zona ante la falta de camas.

Según el documento, el 27 de septiembre de 2022, la empresa Moller & Perez-Cotapos, a cargo de la obra, ingresó la carta N° 1796/2022, mediante libro de obra N°88, el término de los trabajos, solicitando la recepción de obra.

En octubre de ese mismo año, la Inspección Técnica de Obra emitió un informe donde se certifica que las obras estaban terminadas de acuerdo a las bases del contrato. El 15 de diciembre se emitió un documento con 7.258 observaciones, mientras que el 22 del mismo mes se procedió a la firma de acta de recepción provisoria con observaciones para la obra llamada “Normalización Hospital Claudio vicuña, San Antonio”.

Finalmente, el 17 de abril de este 2023, antes que comenzara el aumento de enfermedades respiratorias, sobre todo virus sincicial, la empresa ingresó una carta solicitando la recepción final, ya sin observaciones.

Según información que maneja Radio Bío Bío, todo apunta a la gestión de la alcaldesa de la comuna, Constanza Lizana, ya que el nuevo Hospital de San Antonio estaría a la espera de la recepción municipal de las obras.

Este documento se revela en medio de una crisis por falta de camas UCI por enfermedades respiratorias, que afectan principalmente a menores y niños. Un ejemplo de ello es el caso de Mía, una lactante de dos meses que murió esperando una cama, siendo derivada finalmente a una, pero en Arica. Producto de su estado no alcanzó a ser trasladada.

Críticas por falta de camas

En un punto de prensa que realizó el Ministerio de Salud la jornada del jueves, se detalló que el sector público tiene una base de 186 camas UCI pediátricas y actualmente hay 296, lo que se traduce en una reconversión de 110 camas.

Respecto a las UTI pediátricas, el sector público tiene 334 y hay 493 operativas, lo que representa una reconversión de 159.

En relación con el sector privado, se informó que sólo se han reconvertido 13 camas, lo que se traduce en un total de 135 habilitadas. Hay 130 UTI en el sector privado, de las cuales 23 han sido reconvertidas.

Por su parte, la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales respaldó la gestión de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no así la del subsecretario de la cartera, Fernando Araos.

Según indicaron a través de un comunicado, Arados es responsable de no atender “situaciones que se pudieron y debieron prever y abordar, ya había demasiadas señales”.

La familia de la lactante de dos meses, que murió este martes tras sufrir un cuadro grave de neumonía en un hospital de San Antonio, acusó al recinto hospitalario por una posible negligencia médica.

Cabe recordar que durante la jornada de ayer la lactante murió en el Hospital Base de San Antonio, Región de Valparaíso, por una neumonía provocada por el virus respiratorio sincicial.

A través de un comunicado, el recinto hospitalario explicó que la paciente no pudo ser atendida, ya que no contaban con camas disponibles en Valparaíso, Rancagua o Santiago y que la única unidad disponible se encontraba en Arica.

Pese a esto, las condiciones de la bebé no permitieron su traslado, por lo que la situación dio como resultado su deceso.

En conversación con T13, la familia aseguró que la lactante había sido ingresada el sábado 3 de junio debido a una tos que luego evolucionó a bronquitis y posteriormente una neumonía.

El recinto les informó que la bebé había contraído el virus respiratorio sincicial, debido a que “estuvo en una sala donde ella fue ingresada, donde había dos niños con el virus sincicial“, sostuvo el padre de la menor, Nicolás Olivares.

En esa línea, Olivares agregó que “creo que es responsabilidad de ellos (del hospital), porque los niños con este virus tienen que ser aislados y nuestra bebé fue metida a una sala donde había niños con este virus”.

En tanto, la madre de la bebé, Nicol García, confirmó que habían firmado los documentos correspondientes el domingo y el lunes para trasladar a la menor a Arica y acusó que “no había ambulancia. Nunca llegó la ambulancia“.

“Ella, supuestamente, el mismo sábado que la ingresamos fue prioridad nacional y se había activado el plan de urgencia donde ella podía ser trasladada a una clínica u hospital y ellos nos dijeron que nunca la iban a aceptar porque no había camas“, aseguró finalmente Nicolás Olivares.

Por lo anterior, la primera autoridad de salud anunció una serie de medidas tras la muerte de una lactante en San Antonio.

Al respecto, el subsecretario Fernando Araos, aseguró que “desde hace semanas estamos tomando medidas necesarias y fortalecer la red de salud”.

Dentro de estas medidas, destaca la activación de la red pública y privada, además de la suspensión de cirugías electivas programadas.

Asimismo, pidió a los padres a no exponer a los niños y niñas ante la alta circulación de virus respiratorios.

Se trató de un procedimiento efectuado el miércoles por parte de la Policía Marítima, ligada a la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante (Directemar), en contexto de fiscalizaciones a los accesos de los terminales.

En ese momento, se percataron de tres ciudadanos extranjeros adultos, los que manejaban vehículos de carga sin licencia de conducir, además de encontrarse indocumentados.

Así lo informó Miguel Ángel Bravo, capitán de puerto de San Antonio, quien detalló las labores que cumplían los detenidos en dependencias del puerto. Asimismo, precisó que el rango de edad de las personas es de 30 a 40 años.

“Dos personas traían carga en contenedores para embarcar en los buques que se encuentran acá en el terminal, y uno venía a retirar un contenedor de carga al interior del Puerto de San Antonio”, explicó.

En ese contexto, “nosotros efectuamos fiscalizaciones preventivas, hacemos control de carga y de los choferes, y arrojó que ese día esas 3 personas no cumplían con las normas de nuestro país“, añadió.

Operativos y detención de venezolanos en Puerto de San Antonio

En tanto, Francisco Ortiz, capitán de puerto de Algarrobo, abordó las labores preventivas que se desarrollan en la zona costera, la cual considera las zonas de Algarrobo, El Quisco y El Tabo.

“Se hace un despliegue preventivo, diario, en las tres comunas. Hay bastantes playas y los accesos son separados, no es posible que pasemos bordeando toda la costa de forma permanente, y eso dificulta un poco la tarea”, aseveró.

No obstante, este operativo “se hace de forma preventiva. Básicamente, en período estival donde más presencia se genera toda vez que existe una gran cantidad de personas que visita el litoral central”, enfatizó.

En este sentido, desde la Capitanía de Puerto de San Antonio confirmaron que, en lo que va del año, se ha detenido a 12 choferes que presentan situación irregular.

Cabe mencionar que los detenidos pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Antonio.

Asimismo, esta situación reafirma el informe publicado por la ONU, donde se posiciona al Puerto de San Antonio como el principal punto para trasladar droga a nivel mundial.

Recordemos que Toro es acusado de haber embestido con su vehículo a un funcionario policial que intentó fiscalizarlo. El hecho produjo que el carabinero que acompañaba al uniformado atropellado, utilizara su arma de servicio, una subametralladora UZI, y abriera fuego contra el joven, ocasionándole la muerte. 

Tras el incidente, la policía detuvo a dos sujetos que estaban junto al fallecido, quedando uno en prisión preventiva y el otro con arresto domiciliario total tras su formalización el pasado domingo. 

El joven no tenía antecedentes

De acuerdo a información recabada por El Líder San Antonio, David no contaba con antecedentes penales. Tras su deceso, en su vestimenta encontraron 2,86 gramos de marihuana, dosis que «era para consumo personal», de acuerdo a lo señalado por la familia.

En la guantera del vehículo había otros 3,8 gramos de la misma droga, que habrían tenido el mismo fin.

«Le dispararon siete veces en la cara»

La prima de David, Angie Córdova, señaló al citado medio que: «No es un delincuente como todos los tildan. Somos una familia humilde, como todos, mi primo nunca tuvo antecedentes penales de ningún tipo, quizá cometió este error al no detener al auto, pero no es para matarlo».

En la conversación, la familiar de la víctima también contó que «se ha hablado de un ‘velorio narco’, de que mataron a ‘un delincuente’, que ‘uno menos’, que mi familia amenazó al carabinero que disparó, pero todo eso es falso. Mi primo era como cualquier persona joven, medio impulsivo, quizá, pero no era para matarlo así, le dispararon siete veces en la cara, tiene un balazo hasta en la boca». 

La fatal tarde del sábado, David se desplazó hasta el sector de La Campiña, en Llolleo, a buscar sus pertenencias donde su expolola.

«Se bajó con las manos arriba para dar una explicación»

«Lo que dicen los vecinos del lugar que vieron todo, es que lo hicieron detener —los carabineros— y no sé por qué, si por no tener su licencia de conducir o por qué, él no paró y entonces le disparan», añadió Córdova.

La prima del fallecido también contó que, de acuerdo a los relatos de vecinos, «a David le tiraron un disparo mientras manejaba para que detuviera el auto, porque él si pasó con la intención de evadir a la policía, es cierto, pero como le dispararon (al aire), se bajó con las manos arriba para dar una explicación, como diciendo ‘ya basta, por el balazo se puso grave la cosa’ y al bajar, el carabinero le dispara en la cara». 

Respecto al destino del primer balazo, el que se habría producido cuando David continuaba dentro de su vehículo, la familia no tiene certezas.

«El auto no lo han entregado, no lo hemos visto más desde ese día. Los amigos dicen que el auto no tenía balazos, que tenía un topón porque tras ese balazo se le descontroló el auto a David y choca el carro policial y ahí se baja», añadió.

Córdova también narró que: «Mi primo se bajó ahí y lo remataron, le desfiguraron la cara con las balas, y a nosotros, los que iban con él en el auto, nos dicen que apenas se bajó, no trató de arrancar, que bajó con las manos en alto y lo acribillaron, pero no alcanzó a decir palabra ni a arrancar, si el cuerpo quedó ahí mismo».

Respecto a imágenes que puedan esclarecer qué ocurrió, indicó que «fuimos a preguntar a almacenes por imágenes para ver qué pasó, pero nos dicen que las borraron. Hasta ahora no hemos visto ningún video en que se vea que David le tiró el auto encima a la persona, solo uno en que lo toman en brazos, no hay nada que acredite eso más que los dichos de los funcionarios».

Se trata de lo sucedido el pasado sábado, cuando un joven de 19 años murió baleado por un policía, que -según los antecedentes iniciales- repelió un intento de atropello que dejó a un tercer carabinero hospitalizado.

La secretaria de Estado aseguró que se debe resolver en qué momento y por qué razón se realizó el o los disparos con una subametralladora UZI, lo que fue leído por la oposición y parte de la institución de Carabineros, como una “quitada de piso”.

Parlamentarios de oficialismo y el ministro de Justicia, Luis Cordero, explicaron que la jefa del gabinete solo explicó las posibles hipótesis por las cuales el efectivo, que está en libertad, pudo haber obrado conforme a la ley, o en contra de ella.

Tohá: Nunca le he faltado el respeto a las FFAA ni a Carabineros

En esa línea, Carolina Tohá señaló que nunca le ha faltado el respeto a las Fuerzas Armadas ni a Carabineros, y que cada vez que se habla de la falta de apoyo a estas instituciones, se les termina debilitando.

“Esta ministra nunca le ha faltado, nunca ni ahora ni antes, ni siquiera en dictadura, el respeto a las Fuerzas Armadas ni a Carabineros. Pero siempre, y en todo tiempo, hemos planteado que estas deben someterse a la ley”, sostuvo.

“Haríamos muy mal, y no damos ningún apoyo a las policías, si damos a entender que la Ley Naín-Retamal es una Ley que sirve para cualquier cosa, eso no es apoyar a las policías”, añadió la ministra Tohá.

“Si este procedimiento se hizo bajo esta ley o no es algo que juzgue este Ministerio, ni tampoco el parlamento, es una tarea que hacen entre la fiscalía y el juez, quien es quien lo establece. Nuestro rol como Ministerio es ser muy claros en que las policías cuentan con nuestro apoyo, en el marco de su actuación legal”, insistió.

“Cuando se les entrega la señal de que la Ley se debe cumplir, no se les está quitando el apoyo, se les está apoyando como se debe y como corresponde, como estamos mandatados todos nosotros a hacerlo”, fustigó.

Las críticas tras la muerte de joven en San Antonio

Para el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fue un día de señales. No solo sostuvo que no podía comentar los dichos de su superiora -la ministra Tohá-, sino que -en medio de una visita a la comisión de Inteligencia en Valparaíso- se reunió con el efectivo que mató al joven de 19 años, utilizando una subametralladora UZI.

Yáñez aseguró algo que debe ser resuelto todavía por la Justicia: Que el carabinero usó su arma “durante un intento de atropello que pudo haber terminado con la vida de su camarada”.

Álvaro Toro, el padre de David Toro, el adolescente abatido por el carabinero, acusó uso desmedido de la fuerza y señaló que emprenderá acciones legales, como informó el periódico ‘Líder de San Antonio’.

El hombre sostuvo que su hijo “no andaba cometiendo delitos” y la víctima habría intentado arrancar por no tener los papeles del vehículo al día.

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, sostuvo que la Justicia debe pronunciarse y llamó al Gobierno a no comentar estos casos, evitando dar señales ‘en cualquier sentido’.

Reglas de Uso de la Fuerza

Esta controversia, que también considera el primer caso en que un funcionario puede acogerse a la ley Naín Retamal, se da en el marco del ingreso del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza.

La idea es normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando acudan a tareas de resguardo del orden público.

La iniciativa establece deberes, grados de resistencia y agresión, etapas en el uso de la fuerza y los principios para utilizarla. Aquí aparece el debate sobre la proporcionalidad y la racionalidad, del momento en que un militar o carabinero dispara contra una aparente amenaza.

El diputado de Amarillos, Andrés Jouanett, afirmó que el principio de proporcionalidad tiene problemas, porque la respuesta del efectivo -a diferencia de su posible agresor- será siempre con un arma de fuego.

El oficialismo considera esta iniciativa un complemento -y también un contrapeso- de la ley Naín Retamal, en los pasajes en que esta normativa pueda entregar un marco de acción demasiado amplio, para eximir de responsabilidad a las policías.

El diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, indicó que la utilidad principal de la iniciativa es generar un marco de control de los actos funcionarios, reconociendo que a veces pueden terminar con la vida de una persona.

La oposición escogió analizar el proyecto antes de comentarlo, durante la tarde noche del lunes. De las primeras revisiones, La Radio accedió a un punteo que muestra dudas.

Dicen que el Gobierno no incorporó las recomendaciones del bloque y no se consensuaron bases técnicas en común con la derecha, criticando que solo hay principios y no una regulación legal.

Otro punto que asoma como un posible conflicto es el de competencias de la Justicia sobre este actuar, buscando conocer si la Justicia Militar podría involucrarse.

Incluso, la tramitación por comisiones está en debate. Un sector del parlamento y el propio gobierno, quieren que pase por los comités fusionados de Seguridad y Constitución, pero legisladores de la comisión de Defensa exigirán que llegue a esa instancia.

Las declaraciones de la ministra se dan en medio de los dichos de la titular del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que «si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa, pero si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra».

Además, expresó que siempre «se tiene que establecer el disparo qué objetivo tuvo, si es evitar una lesión o muerte de una persona o una huida».

Al ser consultada por las palabras de Tohá, la vocera expuso que «la ley está vigente y podría regir y ser usada en estos casos. Otra cosa distinta es lo que determinen la justicia y los tribunales respecto al procedimiento, lo que no le corresponde al Poder Ejecutivo determinarlo».

«Una cosa es la vigencia de la ley, y en ese sentido aplica, porque está vigente; y otra cosa es que la norma específica de la presunción de inocencia sería aplicable en la determinación del uso legítimo de la fuerza o no, lo que no le corresponde al Gobierno», aclaró.

Recalcó que la ley se encuentra vigente, pero que «en cuanto a si va a ser juzgado o no el caso por la Ley Retamal depende exclusivamente de tribunales».

Por otra parte, Vallejo abordó el interés del Gobierno en abordar los problemas de seguridad que enfrenta el país.

«No ha sido solamente un compromiso en el aire, ha sido un compromiso que se ha traducido en hechos. Por eso, cuando estamos en un debate público que suele ser acalorado (…) llamamos a ser responsables en cómo enfrentamos el diálogo», aseveró.

«Decir que este Gobierno no ha hecho nada en materia de seguridad es faltar a la realidad. Es desconocer los hechos», sentenció.

La ministra sostuvo que «es importante que pongamos la pelota en el piso, que cuando hablamos de la agenda de seguridad podemos asumir y recibir todas las críticas constructivas que sean necesarias para mejorar y reforzar lo que se ha hecho, pero no desconociendo lo que este Gobierno ha empujado de manera decidida y comprometida».

La movilización fue suscrita por Buses San Antonio, Litoral Central, Amanecer, Taxibuses San Antonio y Nueva Buses. En total implican 500 máquinas.

Los microbuseros explicaron que no buscan cortar las rutas, sino que solamente detendrán sus funciones.

Por lo anterior, la Municipalidad flexibilizará los horarios de los trabajadores de entidades comunales.

Mario Manzano, presidente de la Asociación de taxibuses de San Antonio, indicó a el diario local El Líder que «esto partió con el paro de los camioneros que refleja una demanda y un sentir de los micreros rurales, como somos los micreros de San Antonio, y decidimos adherirnos al paro porque muchas líneas rurales de la Quinta Región, Petorca, la Sol del Pacífico ya se adhirieron».

Manzano explicó que también piden «que se termine el impuesto específico, que es una carga fiscal que llevamos hace más de 40 años y ahora últimamente se nota más por la constante alza del petróleo… está demasiado complicado porque de un 100% de la ganancia bruta que se acumula en un día, prácticamente un 70% se paga en combustible».

Por su parte, la delegada presidencial provincial, Caroline Sireau, informó en Radio Bío Bío que «nos reunimos con los dirigentes, tuvimos la posibilidad de escuchar sus requerimientos. Hay temas que tienen que ver con el alza de sus costos, tanto de combustibles como insumos, pero también hay otros requerimientos más particulares, ante lo cual estamos haciendo las gestiones para que estas demandas sean escuchadas por la seremi de Transporte».

Cabe señalar que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelantó que para la próxima semana se espera una caída del precio del combustible.

«Nuestras proyecciones indican que, para la próxima semana, por primera vez vamos a ver bajar el precio doméstico del petróleo diésel después de 65 semanas de alzas”, señaló el economista tras finalizar los debates de la Ley de Presupuesto 2023 en el Senado.

La situación ocurre en medio del paro que fue anunciado por la Unión Portuaria, en diferentes puertos a lo largo del país.

Las barricadas se realizaron con neumáticos que originaron densas columnas de humo en uno de los ingresos del puerto de San Antonio, por calle Sanfuentes. Lo anterior provocó que se cortara completamente el tránsito en la avenida Barros Luco.

La Unión Portuaria del Centro (UPC) y el Frente de Trabajadores Portuarios Centro (FTPC) convocaron a la movilización a los trabajadores del sector que se encuentran adheridos a las organizaciones.

Según informó el Portal Portuario, se determinó paralizar las faenas durante este miércoles y este jueves.

«Nuestra organización con base en 24 terminales portuarios del país se encuentra movilizada con una paralización efectiva con más de 8.000 trabajadoras y trabajadores», señaló en un comunicado la Unión Portuaria de Chile.

La UPC también precisó que «esta paralización responde, una vez más, a la desidia y a la nula atención a las temáticas y demandas históricas del sector, teniendo como centro el mecanismo de retiro para las y los trabajadores de nuestro sector».

«Es poco conocido y visible el trabajo que, durante años, se realizan dentro de los terminales, muchos de ellos con esfuerzo, de noche y mediante turnos rotativos y continuos, los cuales poco a poco van repercutiendo inevitablemente en la salud de las y los trabajadores marítimos portuarios», agregó.

En ese sentido, explicó que buscan «mejorar y asegurar un mecanismo de retiro para ‘nuestros viejos’ mediante los acuerdos vigentes, además de exigir, presionar y visibilizar las demandas históricas y compromisos de todos los gobiernos a trabajar y sacar adelante una Ley General de Puertos que nos permita regular nuestro sector».