Según información que maneja Radio Bío Bío, en primera instancia, Carlos Gonzáles Vaca conocido como “El Estrella” y de nacionalidad venezolana, comenzó a patear las rejas de sus celdas, por lo que personal de Gendarmería debió intervenir.

Cuando lo trasladaban a otro sector de la cárcel, un segundo reo de nacionalidad venezolana, Hernán Landaera alias “Satanás”, también empieza a patear la celda, por lo que gendarmes realizan el mismo procedimiento.

Tras eso, otros reos imitan la actitud de estos internos y también se auto infieren cortes al interior de sus celdas. Igualmente, estas lesiones no requirieron el traslado de algún involucrado a un centro de salud.

En total, fueron 17 los reos involucrados en este episodio, todos de nacionalidad venezolana y lo habrían hecho en protesta al régimen de encierro, y especialmente porque familiares -al ser inmigrantes ilegales- no pueden visitarlos.

Respecto a personal de Gendarmería, no se reportaron heridos.

La carta fue enviada al diputado Gonzalo de la Carrera para luego ser expuesta a la opinión pública, responsabilizaron al alto mando de nunca haberse hecho cargo de sus órdenes.

Ante el polémico texto, que está suscrito por criminales como los asesinos del General Carlos Prats (José Zara Holger) y del reconocido sindicalista Tucapel Jiménez (Carlos Herrera Jiménez), la diputada aseguró que se trata de una carta de “lloriqueo y lamento”.

“Es una carta de lloriqueo y lamento de criminales de lesa humanidad brutales que tienen la desfachatez de pedirle al poder político conmiseración, habiendo cometido crímenes atroces”, aseguró la parlamentaria, cuyo primer esposo (Carlos Berger) fue parte de unas de las víctimas de la Caravana de la Muerte.

Uno de las razones que expresan los reos de Punta Peuco para hacer la solicitud de conmiseración es que ellos cumplieron “las órdenes de nuestros superiores” y que “esta gente, al 11 de septiembre de 1973, tenían como edad promedio 24 o 25 años”.

Ante la negación de asumir responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, Carmen Hertz aseguró que “la responsabilidad de los altos mandos, por cierto, fue nula y la responsabilidad penal que tendrían la tienen que determinar los tribunales de justicia”.

La parlamentaria finalizó indicando que, “Pero tal como lo ha señalado el excomandante en jefe del Ejército (Ricardo Martínez), si ni Pinochet siquiera ni Arellano Stark, jefe de la Caravana de la Muerte, han sido capaces asumir la responsabilidad, era bastante difícil que otros sujetos que estaban involucrados en los crímenes viendo las ordenes, lo hicieran“.

En la misiva, los distintos firmantes reconocieron que muchas de sus acciones “produjeron violaciones a los derechos humanos“. Sin embargo, mencionan que fue en el cumplimiento de sus deberes y en la forma “como lo entendíamos en esa época”.

“Ello fue reflejo de la formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no su justificación”, agregaron los oficiales del Ejército y otras instituciones de las Fuerzas Armadas.

En esta línea, manifestaron su congoja por los suboficiales, soldados conscriptos y empleados, a quienes catalogaron como el eslabón “más bajo y débil” de la cadena de mando, cuyo “único futuro es terminar sus días en prisión por cumplir órdenes de sus mandos“.

“Hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes (…). Venimos a asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que (…) no han tenido la grandeza de hacerse cargos de las órdenes que impartieron”, agregaron.

Por todo lo anterior, solicitaron las medidas necesarias, jurídicas y administrativas, para que los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles “puedan volver a estar junto a sus seres queridos“.

Un tercer sujeto, con domicilio en La Araucanía, también fue detenido.

El hecho se produjo cerca de las 09:15 horas cuando la tienda de telefonía móvil recién abría sus puertas, los sujetos ingresaron premunidos con armas de fuego, maniatando a los trabajadores para luego revisar la bodega e intentar sustraer diversos equipos tecnológicos.

El hecho fue advertido por transeúntes quienes llamaron a Carabineros que en un tiempo de respuesta récord, llegaron al lugar frustrando el delito y deteniendo a los individuos.

Se trata de los prófugos Juan Carlos Riquelme Sáez, de 30 años y Rafael Rojo Rivera, de 37 años; además de Jordan Riquelme Sáez, de 23 años de edad.

Todos con antecedentes penales.El General Manuel Cifuentes, Jefe de la IX Zona de Carabineros “Araucanía”, precisó que «tres sujetos irrumpieron en la tienda de venta de teléfonos celulares intimidando a cinco dependientes que se encontraban al interior de esta tienda, usando un arma de fuego convencional apta para el disparo que registra un encargo vigente por el delito de robo en la ciudad de Santiago del año 2016»

«A partir de la alerta que se otorga a Carabineros de Chile en un tiempo prácticamente inmediato, Carabineros logra acceder al local, constata el delito y ve la situación de las personas y se da a la tarea de reducir y detener a estos individuos sin que se registrara un enfrentamiento armado entre Carabineros y los delincuentes”, añadió.

El Fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, agregó que “fue un robo con violencia, con intimidación, ambos sujetos son detenidos, son de alta peligrosidad, es efectivo que son imputados condenados, rematados, que estaban cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno por distintos delitos, principalmente, robo con violencia, robo con intimidación”.

En tanto, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, agradeció a Carabineros: “quiero agradecer y felicitar la actuación rápida y oportuna de Carabineros de Chile, no tuvimos que lamentar víctimas, inocentes, y eso habla bien del trabajo. Tenemos una permanente presencia de Carabineros en el Paseo Bulnes y eso permitió el rápido actuar y por eso queremos agradecer a la 2ª Comisaría”.

Finalmente, el Delegado Presidencial Regional, José Montalva destacó el operativo: “todas las personas fueron detenidas y eso se logra porque hay capacidad y una convicción de que la mejor forma de enfrentar la delincuencia es teniendo al Estado, a la sociedad organizada para enfrenta el delito”.

Las diligencias quedaron a cargo de personal especializado de Carabineros del OS-9 y el Labocar, en tanto, los tres detenidos enfrentarán este martes la audiencia de control de la detención en el Juzgado de Garantía de Temuco.

«Hemos coordinado con el Servicio Electoral, como por primera vez van a concurrir a votar algunas de las personas privadas de libertad y eso está funcionando en 14 recintos penitenciarios a lo largo del país. Un total de 820 personas privadas de libertad en todo el país podrán participar», detalló la ministra.

Recordemos que el pasado 19 de julio, el presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, expuso ante la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el trabajo desarrollado por Servel, en coordinación con otras instituciones, para el voto de personas privadas de libertad en el plebiscito. 

En su exposición, Tagle señaló que la Constitución de la República suspende el derecho a sufragio a las personas acusadas por delitos que merezcan pena aflictiva o por conducta terrorista. Por su parte, establece la pérdida de la ciudadanía a los condenados a pena aflictiva o conducta terrorista, con lo cual pierden el derecho a sufragio. Lo anterior determina que un porcentaje cercano al 20% de las personas privadas de libertad mantienen su derecho a sufragio, lo que corresponde a electores que se encuentran en prisión preventiva, no acusados por delitos que merecen pena aflictiva o con condenas inferiores a la pena aflictiva.  

Recientemente gendarmes de la cárcel del Arica entregaron detalles del peligro que se vive en la cárcel tras la llegada de los integrantes de la banda Los Gallegos, perteneciente al Tren de Aragua.

En junio de este año, el Tribunal de Garantía de Arica decretó prisión preventiva para 16 reclusos de nacionalidad venezolana, quienes son el brazo armado del peligroso grupo.

Ante el riesgo latente que representan los internos, la Dirección Regional de Gendarmería de Arica solicitó el traslado de estos reclusos debido a la peligrosidad que significan tanto para los gendarmes como para la población penal.

Un representante de los gendarmes de Arica, llamado Esteban, detalló a un medio local que el mal comportamiento de los miembros del Tren de Aragua en el penal, lo que además permite entender por qué Gendarmería solicitó el traslado de estos reos.

«La semana pasada una funcionaria de Gendarmería que revisa los arrestos domiciliarios, fue amenazada de muerte, presumiblemente por el Tren de Aragua», comenzó diciendo el gendarme, quien además destacó que históricamente la cárcel de Arica era considerada un penal tranquilo, ya que la mayoría de sus reclusos estaba ahí por narcotráfico.

Sin embargo, explicó que esto ha cambiado y a los reos de ahora «no les interesa hacer conducta para obtener beneficios sino que buscan obtener poder a través del miedo (…) otra de las conductas que cambió en dicho recinto fue que ahora hay riñas todos los días, como las denominadas peleas mañaneras y además, aumentó el grado de violencia de estas», relató.

«Antes se peleaban a los punzazos, al mano a mano, que le llamaban, para apoderarse de territorios o de módulos. Pero el objetivo era herirse, no matarse. Entonces llegaban los gendarmes y sacaban a los agresores y al agredido. Era una situación controlada. Ahora no. Ahora los reclusos van en masa directamente a matarse, atacando los puntos vitales del agredido para liquidarlo», reveló.

En el caso específico del Tren de Aragua, indicó que el mayor problema no es el número de detenidos, sino los recursos y nivel de organización que tienen. «Esas bandas adentro reclutan gente, generalmente venezolanos, y forman un clan muy difícil de contener, y no tenemos un módulo de alta seguridad alejado del resto de la población penal, así que no podemos aislarlos», explicó.

«La cárcel ahora está descontrolada»

El gendarme también ahondó que dentro de los «códigos» carcelarios, ahora «mientras más violento -es el reo- más respeto tienen dentro de la cárcel», e incluso «esa violencia también van dirigidas a los gendarmes, que cada vez están más superados».

Lo expuesto ha provocado en los funcionarios que exista «un sentimiento de indefensión y miedo». En esa línea acotó que «la cárcel ahora está descontrolada», detalló.

Son cerca de 40 los privados de libertad por orden judicial que están habilitados para sufragar, por lo que existe obligatoriedad del voto del próximo plebiscito del 4 de septiembre al interior de la cárcel de Puerto Montt.

De acuerdo a información entregada a un medio local, serían los propios internos que oficien como vocales de mesa -pudiendo- ingresar apoderados de cada una de las opciones, es decir, uno del Apruebo y otra del Rechazo.

Al respecto, la directora subrogante, Colina Mancilla, indicó que la ley obliga a todas las personas a sufragar. “La Ley establece la obligatoriedad para todos los chilenos inscritos y habilitados para sufragar. No hay un límite de edad (…) Las personas que tenían problemas (…) tienen que entregar sus antecedentes al Juzgado de Policía Local para que los eximan de la multa (…)”, explicó Mancilla.

Además, agregó que aquellos vocales que no cumplan con su deber deberán pagar entre dos a ocho UTM, es decir, desde $116.496 a $465.984 mil, donde los únicos excusados son los habitantes que se encuentran a de 300 kilómetros de distancia de su local de votación.

Por su parte, el Seremi de Justicia, Enrique Cárdenas, señaló que se están realizando todos los procedimientos para que los reos puedan votar en la cárcel Alto Bonito.

“En la región vamos a realizar este esfuerzo en coordinación con el Servel, de forma de poder facilitar la participación (…) en esta oportunidad el voto es obligatorio y ese ha sido nuestro norte, en el sentido de facilitar y buscar la forma de que la mayor cantidad de la población puede ejercer sus derechos“, detalló Cárdenas.

Cabe precisar que los reos que podrán votar, se trata de imputados que cumplen la medida cautelar de prisión preventiva mientras la investigación en su contra sigue en curso. También podrán sufragar presos que han sido condenados a penas menores a tres años, quedando fuera de este beneficio quienes han sido sentenciados a penas aflictivas de cárcel.