La parlamentaria indicó que en un comienzo tenía la «esperanza” de «que este proyecto pudiese sacar a nuestros presos políticos, pero al corto caminar me di cuenta que no estaban los votos para ello, que se había modificado de tal manera este proyecto que no sacaba a nadie de las cárceles».

«Es por eso que hoy hago el llamado al Presidente a buscar otro camino, por razones humanitarias, el camino de los indultos particulares. Para poder dar el primer paso hacia terminar con la deuda histórica que tiene Chile en materia de derechos humanos», declaró.

Luego, añadió que «nuestros jóvenes no son delincuentes, son trabajadores, estudiantes, dueñas que casa que un día quisieron luchar por nuestros derechos sociales y que fueron reprimidos».

Son imputados con mediano compromiso delictual que fueron trasladados desde los penales en la zona central del país, hacia la capital regional de Los Lagos por motivos de seguridad, debiendo revertirse la medida temporalmente a fin de que cumplan con su derecho a sufragio.

La gestión debe hacerse, ya que cuando se ordenó a quienes están habilitados para votar, los internos permanecían en las cárceles a las que ahora retornarán, para emitir su sufragio.

Al respecto, el senador por la Región de Los Lagos, Iván Moreira, comparó la situación con lo que viven los habitantes de Paso El León, los que no podrán sufragar a no ser que se trasladen unos 700 kilómetros, pasando por Argentina, para llegar a Cochamó.

“Es una vergüenza que se gasten millones para que un par o muchos condenados de distintas cárceles se les disponga de adecuada movilización para que vayan a votar y los demás que se jodan”, declaró el senador.

Quien se sumó a la queja, fue el diputado por la Región de la Araucanía, también de la UDI, Henry Leal, quien argumentó que la ley electoral permite que aquellos que estén a más de 200 kilómetros de distancia puedan excusarse.

“Eso es injustificable porque hay gente que no ha podido sufragar porque el Gobierno no le ha financiado la locomoción a los sectores rurales, pero sin embargo, les preocupan más los derechos de los reos”, expuso Leal.

Según el mandatario del país vecino, el propósito de este planteamiento es que las personas que están privadas de libertad purguen sus penas realizando labores para el Estado y no solo convertirse «en una carga» para el fisco.

«Que paguen su pena con obras, tenemos que darles alternativas conjuntas. Llevémoslo a hacer carreteras, puentes, hospitales que trabajen en las campañas de reforestación. Miren cómo están nuestras comunidades, cómo está nuestra selva que se están degenerando”, sostuvo el Presidente, Pedro Castillo.

Las declaraciones del mandatario fueron emitidas durante la II Sesión Ordinaria Descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad (Conasec) efectuada en la localidad de Trujillo. 

«Que el delincuente aprenda a ganarse el pan con el sudor de su frente. Como es posible que un delincuente tenga abogado de oficio, internet, alimentación las 24 horas. Y muchos niños no tienen qué comer», aseveró Castillo, según consignó la prensa internacional.

Para el senador, es vital que el Gobierno a través de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y el Ministerio de Justicia,  realice las gestiones respectivas con los parlamentarios de derecha a fin de «conseguir los votos que nos faltan y poder convencerlos de que este es un proyecto que justamente busca hacerse cargo de uno de los tantos problemas que generó el estallido social en el país», explicó.

El parlamentario sostuvo que desde la derecha “no quieren ceder en esta materia y como necesitamos algunos votos de parlamentarios de derecha, probablemente el proyecto será rechazado“, enfatizó.

Araya recalcó que la comisión de Constitución revisó en distintas ocasiones el proyecto de ley que establece un indulto a los presos del estallido, estableciendo “un catálogo bastante acotado de delitos respecto de los cuales se puede solicitar la amnistía. Se excluyeron los delitos más graves como el incendio, los robos en lugar habitado y el homicidio“.

Aseguró estar «convencido», de que se deben ir cerrando las distintas heridas que generó el estallido social y una de estas heridas tiene que ver con los denominados «presos de la revuelta, así como también quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, además de aquellas pymes y emprendedores que fueron afectados producto de que el Estado no les pudo garantizar la mantención del orden público”, añadió.

Según el parlamentario, la derecha “desde que comenzó el estallido social lo ha mirado como hechos delictuales. Basta pensar en las reacciones que tuvo el Gobierno de la época, el presidente Piñera y el ministro del Interior, respecto a cómo abordar el estallido social; con más represión, más policías en la calle, con iniciar acciones penales, pero sin ir a buscar las causas de qué es lo que estaba pasando, por qué los chilenos se estaban manifestando”, finalizó.

El hecho se suscitó en el momento del desencierro de la población penal, donde los implicados aprovecharían la ocasión para enfrentar entre ellos una disputa, resultando herido uno de ellos.

Tras ser encontrado, se le atendió de inmediato por parte del personal de salud del penal, quienes prestaron los primeros auxilios, y constataron que presentaba una herida corto punzante en el dorso superior posterior y contusiones en el dorso posterior múltiples.

Debido al tipo de lesiones, fue trasladado de inmediato al Hospital Base de Curicó, donde según informaron el privado de libertad se encuentra en el sector de urgencias producto de las heridas corto punzantes recibidas, pero fuera de peligro.

Tal como dictaminan los procedimientos internos de Gendarmería, se entregaron todos los antecedentes de lo ocurrido al Ministerio Público a través del fiscal de turno, quien procederá a realizar las respectivas investigaciones, esto en paralelo, a las diligencias internas que instruya Gendarmería.