En la ocasión, el propio Presidente Gabriel Boric salió de su despacho para hablar con los manifestantes, asegurando que «hay gente a la que no le gusta que hagamos estas cosas, que yo salga y venga acá a conversar con ustedes. Pero yo tengo la claridad y tengo la certeza de que es a ustedes, pobladores y pobladoras, a los que nos debemos».

Quién estuvo detrás de la organización de la marcha fue José Hidalgo, sociólogo, político y trabajador municipal de La Pintana.

El mismo que en 2019 ya había sido denunciado por la alcaldesa de la comuna, Claudia Pizarro, por amenazarla en medio de otra protesta.

Al ser consultada, la Municipalidad de La Pintana confirmó que Hidalgo es parte de la planta profesional del organismo desde abril de 1996.

En esta misma línea, declararon que «en horario laboral, el funcionario se habría ausentado de su lugar de trabajo para participar en un acto en las cercanías del Palacio de la Moneda, el cual no se enmarca dentro de una actividad municipal».

Asimismo, desde el municipio anunciaron que se instruirá un sumario en contra de José Hidalgo, donde se determinarán eventuales responsabilidades administrativas.

Según informó la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, el viernes 21 de julio, Democracia Viva interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, un recurso jerárquico, “el cual está siendo analizado por la autoridad regional para determinar los méritos del mismo”.

El Minvu de Antofagasta explicó que en el escrito presentado, la Fundación presenta su disconformidad con las observaciones planteadas respecto de las rendiciones de los convenios, “alegaciones que serán evaluadas dentro del contexto de estos recursos”.

Cabe señalar que “el recurso de reposición no suspende el acto”, detalló el Minvu.

Es decir que siguen corriendo los 30 días que interpuso la cartera para que la fundación reingrese el 92% de los fondos que se le entregaron, es decir 391 millones 768 mil 516 pesos.

Sin embargo, Democracia Viva solicita la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el mismo escrito.

“Como ha señalado el ministro Carlos Montes, el Ministerio de Vivienda insistirá, dentro de lo que permita la ley, que se deben devolver los recursos entregados”, aseguraron desde la cartera.

La Contraloría General de la República anunció una auditoría nacional para indagar todas las transferencias hechas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a fundaciones en el marco del caso Convenios.

Según informó el organismo, el objetivo de la instrucción es analizar los traspasos hechos desde el 2021 por parte del Minvu.

Esto quiere decir que el procedimiento incluirá la entrega de platas durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Cabe señalar que el propio contralor general de la República, Jorge Bermúdez, dijo este martes que «nosotros tenemos detectados varias falencias en materia de transferencia que vamos a poner a disposición también del Congreso Nacional»

Si bien Contraloría, de momento, acotó que la auditoría únicamente se limita al Minvu, fuentes al interior del organismo incluiría en el corto plazo al Ministerio de Desarrollo Social.

Asimismo, el ente regulador sostuvo que también se harán «acciones de fiscalización en otros servicios, en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también en análisis de datos masivos de la institución».

«Las auditorías contemplarán áreas como, asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores, entre otros aspectos», añadió Contraloría.

Todo lo anterior sucede luego de que la Fiscalía también anunciara investigaciones en áreas ajenas al Minvu dentro del mismo caso, incluyendo entre ellos los traspasos del GORE de Biobío a fundaciones.

En el lugar, el secretario de Estado confirmó un sumario administrativo al seremi del Maule “producto de una información que no coincidía entre el período en que él solicitó inhabilitarse y el período en que se tomaron las decisiones” por traspaso de recursos a Fundación Urbanismo Social.

Esto se da, luego de que el Ministerio Público abriera una nueva investigación por millonarios traspasos a la fundación Urbanismo Social, donde aparece involucrado otro seremi de Vivienda perteneciente al partido Revolución Democrática (RD) y que el ministro Montes, indicara que desde su cartera están realizando una investigación preliminar para entregar todos los antecedentes al Ministerio Público.

En ese sentido señaló que “a partir de lo que hemos conversado con el equipo del Presidente Gabriel Boric, se ha resuelto iniciar un sumario que ya fue comunicado”.

“Este ministerio está por un lado trabajando en continuando con el Plan de Emergencia Habitacional, porque hay mucha necesidad en esta coyuntura. Por otro lado, estamos analizando qué provocó esto, de lo inescrupuloso que fueron ciertos funcionarios y replantear todo el sistema de transferencia”, sostuvo.

Además agrego que “hay que enfrentar esto de raíz y de fondo. Las fundaciones requieren someterse a las reglas y cumplirlas como la mayoría lo hacen”.

Respecto a la situación con el caso de Democracia Viva en Antofagasta, el ministro Montes informó que han recibido más información que ya entregaron al Ministerio Público.

“Los antecedentes corresponden de una funcionaria que firmó una solicitud a la fundación para la contratación de ciertas personas, el 1 de febrero de este año. Eso es totalmente irregular”, afirmó el titular de Vivienda.

Desde el lado de la justicia, la Fiscalía de la región de Antofagasta abrió una investigación de oficio respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos que involucró tres firmas por un monto total de $426 millones.

Desde la vereda política, el Tribunal Supremo de Revolución Democrática hoy informó la decisión unánime de expulsar a Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, y al exseremi Carlos Contreras.

Asimismo, la diputada Catalina Pérez (RD) -expareja de Andrade- decidió suspender su participación en la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Quien también se refirió a la crisis que involucra a uno de los partidos de Gobierno fue el diputado Gonzalo Winter de Convergencia Social.

En ese contexto, el diputado por la región Metropolitana dijo que “es una situación complicada” porque “te deja frente al país marcado por un caso que se está investigando, pero pareciera ser un acto de corrupción”.

Aún así, según dijo al programa Sala de Ensayo, entre toda la polémica habría un elemento positivo.

“Ningún partido político puede pretender que en la medida en que crezca, que administre el Estado, vaya a ser 100% probo porque eso es imposible en la medida en que tu tienes una gran cantidad de personas”, aseguró.

Agregando que “si la política entra en una discusión de quién es más corrupto, quién es más tonto o más inteligente, entra en un loop completamente inocuo que no sirve para nada”.

En la misma línea, Winter comentó que el Frente Amplio ahora -tras la crisis de RD- tiene la oportunidad de decir ‘se pueden dar casos de corrupción dentro de nuestras filas’, pero “no es el tema que nos reúne”.

“Ahora podemos tener una conversación mucho más seria, más política y más profunda de cuáles sí son los temas que nos reúnen”, afirmó.

Asimismo, afirmó que quien decía que “la distinción del Frente Amplio era que tenía las manos limpias”, se equivoca, pues “nunca fue la tesis de la corriente del Frente Amplio de la que yo vengo”.

Finalmente, el diputado de Convergencia Social indicó que la discusión ahora debe estar enfocada “en qué país estamos convocado, de qué pretendemos que viva Chile (…) Es una de las críticas más interesantes que se le hace a la izquierda, que se dice: ‘pretende repartir la torta, pero no dice cómo va a producir torta’. Esa es la discusión”, concluyó.

En el caso de la región se trataría de recurso públicos obtenidos por la Fundación Urbanismo Social, entidad en la cual habría trabajado Hernández, antes de ser nombrado Seremi por el Maule, hecho a todas luces similar con lo que ocurrió con el ahora renunciado Seremi del Minvu Antofagasta, Carlos Contreras.

Según lo investigado por el parlamentario republicano, el actual seremi maulino, habría cedido en diciembre del 2022 más de $40 millones a la misma entidad cuestionada en el norte.

“Desconfiamos de la actual autoridad de la vivienda en el Maule, esto debido a que aquí se darían las mismas fórmulas de lo que está pasando en Antofagasta. Un actual Seremi con pasado en la misma fundación que recibió dineros mal habidos. Ellos no son garantía de transparencia, ni menos de colaboración con la justicia. Por ello, pedimos su inmediata renuncia del cargo”, señaló el legislador opositor.

Recordemos que Contreras renunció a su cargo, tras revelarse los convenios por $426 millones con la fundación Democracia Viva, en una polémica que sigue revelando nuevos antecedentes.

Según publicó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, hay una serie de otras fundaciones u organizaciones sin fines de lucro que han recibido recursos de la misma seremi y que son pro Gobierno, recibiendo más de $3 mil millones.

Incluso, en una de las fundaciones trabajó la exPrimera Dama y actual pareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos.

Pero además, ahora se conoció de un correo electrónico enviado en mayo pasado a diversas autoridades del Minvu, como la subsecretaria, Tatiana Rojas, quien es militante RD, según publica Mega.

Se trata de un mail enviado por la Asociación de Funcionarios del Serviu, presidida por Carla Olivares, en donde acusa a Carlos Contreras por no respetar “la correcta utilización de los recursos”, advirtiendo de los convenios con Andrade.

“Junto con saludar, me dirijo a ustedes en calidad de presidenta de la Asociación de Funcionarios Serviu, para exponer una situación delicada y compleja que desde hace un tiempo y a la fecha ha estado atravesando el equipo de Asentamientos Precarios”, señala la misiva, según publicó El Mercurio y Mega.

“Pido a todos y todas atender la problemática que hoy estamos atravesando por responsabilidad única del Sr. Carlos Contreras, seremi Minvu, Región Antofagasta”, añade.

“Desde hace un tiempo se han presentado algunas situaciones que nos preocupan, dado que a juicio del equipo no se estaría dando cumplimiento a la Cláusula Tercera de los Convenios ‘sobre la correcta utilización de los recursos’”, explica Olivares.

Entre “los temas que resultan de alta complejidad”, el escrito enviado a las autoridades del Minvu, advierte que “fundación Democracia Viva actualmente posee 02 Convenios cuyo Director —quien firmó los convenios— es la pareja de la Diputada Catalina Pérez, lo que nos parece complejo puesto que el seremi es del mismo partido político”.

“A su vez, dicho Director celebró estos convenios en el mes de octubre de 2022, mismo mes en el cual ya era asesor del Ministerio de Defensa”, acusan.

Sin embargo, al no tener respuestas, se pusieron en contacto con el diputado Jaime Araya, de la bancada Independientes- PPD, según publicó el matutino.

“Hola, me conseguí su contacto por la desesperación que tenemos por la forma en que hemos sido amenazados por parte del seremi de Vivienda de Antofagasta, quien se jacta de ser amigo personal de la diputada Catalina Pérez, que además es vicepresidente de la Cámara”, le escribieron por WhatsApp.

“Son tantas las irregularidades que hemos denunciado, y por eso estamos siendo maltratados y perseguidos”, añade el mensaje que recibió el parlamentario.

Asimismo, el diputado aseveró que el 1 de junio recibió una copia del correo electrónico, por lo que empezó a recabar antecedentes, pero sin éxito.

“En el correo se aprecia claramente que en mayo los funcionarios advirtieron esta situación a sus superiores”, señaló Araya a El Mercurio.

“Si los propios convenios impedían la entrega de recursos, si había rendiciones pendientes. ¿Cómo fue posible que entregaran recursos en una segunda y tercera oportunidad? Hay muchas preguntas y pocas respuestas”, acotó.

Además, tras conocerse este hecho y la consiguiente renuncia del seremi de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, Carlos Contreras, el ministro Montes abordó esta polémica y aseguró que la carretera envió una comisión para investigar el caso, que ya se encuentra en Antofagasta.

De igual manera, el secretario de Estado destacó que, al menos con la información que manejan en el Minvu, no ven ninguna irregularidad, pero sí una falta de criterio.

En particular, la Fundación Democracia Viva, ha desarrollado su labor en tres convenios que involucran a 10 campamentos, enfocados en diagnósticos y mejoramiento de la habitabilidad primaria.

Estos convenios representan menos del 6% del presupuesto total asignado en la región, el cual alcanza los 7.900 millones de pesos, de los cuales 426 millones corresponden a las labores de la Fundación Democracia Viva, precisaron.

Asimismo, desde el Minvu afirmaron que todos los convenios han seguido los trámites regulares y se proyecta que se cumplan en un plazo de 14 meses, con un avance programado hasta la fecha.

El ministro Carlos Montes agregó que están estudiando y replanteando la relación con las fundaciones, de tal manera que esto tenga mucha más participación de otros actores en la discusión.

Al respecto, los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Juan Manuel Fuenzalida, afirmaron que “es evidente la relación e injerencia que existe entre estas tres personas” y pidieron una investigación a la Fiscalía.

Mientras, parlamentarios del oficialismo valoraron la decisión de Catalina Pérez de presentar un oficio ante Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de los convenios suscritos.

El alcalde Díaz recordó que en la visita del ministro a la inauguración del Parque Río Claro, éste manifestó la intención de apoyar la recuperación del casco céntrico.

En ese contexto, se mostró a la autoridad el desarrollo de un plan maestro para revitalizarlo, conversando temas de ciudad y de cómo incentivar la inversión de privados. Junto con ello, se habló el proyecto del parque en el bosque del cerro La Virgen y, por cierto, se abordó la situación del terreno de la actual cárcel.

“El ministro participó con todo su equipo técnico y vamos a realizar reuniones de coordinación con los equipos profesionales para ir avanzando en esta regeneración, generando los incentivos y planes específicos para revitalizar nuestro casco histórico”, señaló el jefe comunal.

El ministro Carlos Montes expresó que “es muy interesante estar repensando el centro completo y tener una perspectiva de más largo plazo y el rol del centro en el conjunto que es Talca. Creo que el tema de la cárcel es polémico pero es un tema que, sin lugar a dudas, le da otras características al centro, otra vitalidad y otros espacios, pero tiene diferencias con otras necesidades que tiene el país”.

En este sentido, el secretario de Estado se comprometió a conversar con su par de Justicia y Derechos Humanos “para ver cuál es el grado de flexibilidad y de posibles entendimientos”.

Cerro La Virgen

Respecto al proyecto del parque en el cerro La Virgen, Montes manifestó que es “atractivo, junto con el del centro. Estuve recién en Talca, en la inauguración de (parque) Río Claro y se ve una ciudad que está moviéndose y adquiriendo otro peso. Hubo un tiempo que estuvo bastante poco vital y ahora se ve con más vitalidad y el alcalde ha hecho un papel muy importante”.

Finalmente, el experto urbanista, Luis Eduardo Bresciani, quien encabezó la elaboración del Plan Maestro de Regeneración del Casco Histórico de Talca, indicó que el foco “no solo está en la recuperación de lo público o de los equipamientos sino que en devolver el casco histórico a la comuna y a la comunidad, pudiendo ser habitado”.

En rigor, Carabineros llevó a cabo el desalojo de los edificios Prais 1 y 2 del sector Michaihue de la comuna de San Pedro de la Paz, región del Bío Bío. Eso, a raíz de la toma por parte de más de 250 personas el fin de semana recién pasado.

Según el titular de dicha cartera, la empresa constructora contaba con el 99% de la obra terminada desde el año pasado. Sin embargo, “entraron a reorganizarse por una situación financiera” y la entrega se estancó, detalló Montes.

Asimismo, informó que el Estado les había entregado más de 27 mil UF para compensar los costos adicionales de la inflación. “A pesar de eso, la empresa se demoró más de lo que debía”, precisó.

En ese sentido, el mea culpa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) fue el siguiente: “La responsabilidad nuestra podría haber sido no exigirle más a la empresa”.

Por otro lado, el titular de dicha cartera confirmó conversaciones con la Cámara Chilena de la Construcción para “hacerles ver que las empresas tienen que resguardar mejor las obras”, dijo.

Asimismo, también “apurar el proceso de entrega cuando las viviendas estén listas”, enfatizó el ministro del Minvu, Carlos Montes.

Minvu llama a “apurar procesos de entrega” de viviendas en San Pedro de la Paz

En ese sentido, la autoridad ministerial llamó a “apurar los procesos de entrega” de las viviendas recientemente desalojadas en San Pedro de la Paz.

Según informó, existe una norma “que obliga a terminar completamente las viviendas para emitir la recepción completa”. “Pero dada la situación de urgencia, necesitamos apurar ese proceso de entrega”, advirtió.

Ahora bien, respecto a la fecha de entrega de las viviendas a las familias afectadas, el ministro evitó dar a conocer una en específico.

“Si fuera por mí, los entregaría en dos o tres meses, una vez que se complete todo lo que está dañado. No lo sé, no tengo un informe. Lo antes posible”, comentó.